Acuse de recibo
El 10 de noviembre de 2020, y desde la CPA Delfín Luis Paz, en Tamarindo, municipio avileño de Florencia, Anabel Sanabria Pérez denunció aquí que su hijo de 14 años, postrado y ciego, sufría los excesos sonoros de unos vecinos que ponían la música a altos niveles.
Contó que les había pedido que regularan el volumen de la música para lograr la estabilidad del niño. Hasta tuvo que llamar a la Policía, y trajo deterioro en las relaciones con ellos. Los de la música le llegaron a decir que se mudara, pues ellos tienen derecho a oírla como les gusta.
Anabel pidió ayuda a la Policía y conversó con el jefe de la Policía y la Fiscal del municipio. Llevó un resumen de historia clínica del hijo, que muestra que ese tipo de niños (parálisis cerebral infantil, ciego, con alto riesgo de morbilidad y cuadriplejia espástica) necesita un ambiente tranquilo.
Somos ciudadanos tranquilos, decía, y no tenemos recursos para mudarnos a otra casa donde el niño tenga las condiciones hogareñas para que se mantenga lo más sano posible, ya que no regula bien la temperatura y los cambios ambientales influyen también en su salud.
La madre estaba desalentada, al constatar que su niño no tenía protección de esos excesos; «y de ver cómo el vecino tiene más derecho que uno de vivir feliz y saludable», enfatizaba.
El 18 de noviembre de 2020, aquí respondía un especialista de Atención a la Población del Gobierno municipal que ni siquiera se identificaba. Decía que en visita a Anabel, se comprobó con el pediatra de la comunidad que el muchacho presenta PCI, atrofia óptica bilateral, reflujo gastroesofágico grado 1, epilepsia, y está postrado con cuadriplejia espástica.
Sufre malnutrición proteica calórica en la línea del marasmo y le dañan los excesos sonoros, decía. Bajo esos estados emocionales se pone muy irritable y agresivo, llegando a cambios de coloración y a autoagredirse.
Añadía que «teniendo en cuenta criterios especializados de los profesionales de la Salud, se procedió al intercambio con los vecinos que, irrespetando el derecho a la tranquilidad y la paz de la convivencia, ponen música a altos niveles y provocan tales reacciones». Que en alusión a la Constitución de la República, se aclararon deberes y derechos de cada ciudadano de respetar los de los demás.
Y decía que en el intercambio se le esclareció a Anabel que debe llegar a consenso con los vecinos y respetar sus viviendas, dado que ella ha irrumpido en estas solicitando en formas inadecuadas que se cumplan sus exigencias de no poner música, lo que ha provocado un mal ambiente entre los vecinos del barrio, por el modo en que se queja.
«Como resultado de la visita, concluía, se convenció a los jóvenes responsables de los altos decibeles de la música a que la escuchen a volúmenes adecuadamente establecidos por la legislación ambiental, y así colaborar con la salud y la tranquilidad del caso que nos ocupa, tanto como con las normas de convivencia social».
Ojalá que se logre zanjar definitivamente el problema, y las autoridades le den ahora el seguimiento que no le prodigaron antes de publicarse la queja, dije entonces.
Y después de más de tres años, vuelve a escribirme Anabel solicitando ayuda, porque siguen los mismos desafueros sonoros del vecino que afectan a su hijo. Y nada sucede.
«Necesito entender, afirma, cómo una persona postrada, ciega, cuadripléjica, epiléptica y con retraso mental moderado, no tiene derecho a acostarse con tranquilidad en su cuarto, porque es invadido por el escándalo y la música del vecino».
Y aclara en cuanto a aquella respuesta del Gobierno municipal, que no es esa persona irrespetuosa, que dijeron invadía las casas de sus vecinos para quitarles la música. «Nunca he penetrado un hogar, dice, ni me he dirigido a ellos con falta de respeto».
Señala que durante casi cuatro años se ha quejado en el Gobierno Provincial y la Fiscalía municipal, entre otras instancias, después de que el Gobierno municipal, ante la primera situación dada, le dijera que no podía hacer más nada por ella.
«Ya no le puedo contar cuántas veces lo he hecho en la PNR de mi comunidad y la municipal. Tengo que saber si tenemos derecho a una vida tranquila, porque sé que las leyes nos sancionarían si impartiéramos la justicia por nuestra propia cuenta», concluye.
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