Acuse de recibo
Miriam Betancourt Perna (La Rosa, No. 163, entre Calzada del Cerro y Santo Tomás, Cerro, La Habana) relata lo que sufre junto a sus tres hijos: dos adolescentes y una bebé de año y medio, «por irresponsabilidades, abandono y malas decisiones de los máximos responsables de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) y del Gobierno en el Cerro».
Todo comenzó, dice, un día de marzo de 2022. Se derrumbó la cubierta de una habitación, y por suerte no cayó sobre ellos. Se personaron allí funcionarios del Gobierno, el Partido y la DMV; y la decisión inmediata fue el abandono de la casa por la familia.
Al siguiente día, en la DMV, el entonces director, llamado Vladimir, le informó en ese momento que no contaban de lugar alguno para su alojamiento. Entonces, el abuelo de la niña más pequeña (aún Miriam estaba embarazada), los acogió temporalmente en un cuarto de su vivienda. Ella lo informó en la siguiente reunión, en la cual se acordó que estaría allí por cuatro meses, mientras se demoliera y reconstruyera toda la cubierta de su casa.
Transcurridos dos meses, y viendo que nada se hacía, volvió a la DMV y le informaron que al director lo habían sustituido por enfermedad, y ahora fungía como tal la licenciada Barbarita. Con ella Miriam tuvo varias entrevistas, hasta que tras varios reclamos suyos de que debía abandonar la casa del abuelo cuando se cumpliera el plazo, la Directora le planteó que contrató la mipyme 1ro. de Julio para trabajar en su casa. Concordaron en que colegiara tres meses más de estancia con el abuelo, para poder subsanar los daños ocasionados.
«La mipyme entró en la vivienda, refiere, y deshizo toda la cubierta. Hasta ahí fue su accionar; porque según ellos, la entidad debía pagar objeto de obra terminado. Y no le pagaban la demolición.
«Con el derribamiento de la cubierta, ocasionaron daños en el baño, el piso, la cocina y las ventanas, según ellos, subsanarían al continuar la obra. Pero nunca tuvieron supervisión ni control por parte de la DMV. Y más tarde, ellos mismos me comunicaron que no continuarían los trabajos en el inmueble porque la entidad inversionista no tenía dinero para pagarles.
«Así se encuentra nuestra vivienda, añade, totalmente descubierta hace dos años, y en pésimas condiciones. Han pasado más de cinco mandatos en la DMV. Se me han abierto incontables expedientes por madre de tres niños, por obra nueva en inversiones. Luego de no aparecer en el Plan, me incluyen por mis quejas. Pero no se ejecuta acción alguna».
En su siguiente visita a la DMV, ya habían nombrado director a Rolando Chapman. Con él sostuvo varias entrevistas y «muchas soluciones verbales», pero nada en concreto, mientras ella y sus hijos continúan en la calle. Después quedó al frente de la DMV la funcionaria Yeny, quien le planteó que revisaría su caso y le respondería.
«Me dirigí, señala, al Gobierno municipal, y me entrevisté con Lázaro, viceintendente que atiende la Construcción, quien me culpó por permitir la demolición de la cubierta…».
Ella ha apelado también al Gobierno Provincial de La Habana, y a Atención a la Población del Consejo de Ministros. Y le han planteado que la solución de su caso debe ser tomada por el Gobierno Municipal del Cerro.
«Mi condición actual es crítica, asevera. No tengo donde vivir, cuando solo se trataba de reparar parte de la cubierta. Aquello se ha convertido en un solar yermo. Se pudren mis ventanas y puertas. Se revienta el piso con hierbas y podredumbres. Se desmoronan la cocina y el baño. Mientras continúan dándome respuestas improcedentes el tiempo corre. Y me siento cada vez más desamparada».
Esta ciudadana cubana y trabajadora, madre soltera de tres hijos, asegura que el Gobierno Municipal del Cerro conoce las afectaciones y daños; «pues desde mis comienzos les he ido actualizando de todos los sucesos».