Acuse de recibo
Ahora que se debate y enriquece popularmente el Código de las Familias, para su posterior sometimiento a referendo, Clara Josefa Ortiz García, desde Martí No. 18, entre Zayas y Máximo Gómez, en la ciudad de Santa Clara, transmite su inquietud.
Cuenta que es adulta mayor y cuidadora de su familia, a pesar de sus problemas de salud. Cuida de su madre, paciente de Parkinson y de cardiopatía isquémica, entre otros padecimientos; y de su hermano, paciente también de Parkinson y esquizofrénico paranoide con atrofia cortical cerebral. Y ambos perciben una jubilación mínima de 1 528 pesos, para mantenerse los tres.
«No tengo más familia que nos apoye, afirma. He tramitado con los trabajadores sociales durante años ayudas para nuestro núcleo familiar, y hace años nos la retiraron. Solo quedó el servicio del Sistema de Atención a la Familia (SAF), que también es caro. Y ahora la especialista del consejo popular Centro de los trabajadores sociales nos la quiere retirar a mi madre y a mí. Nada de ayuda ni chequera. Yo, la cuidadora, paso a ser una carga económica para mi familia», concluye.
Isnel Felipe Rodríguez Palomares (Eudaldo Ávila No. 84, entre Martí y Constitución, Guáimaro, Camagüey) está enfrentando situaciones no menos desesperantes desde enero de 2019, y hasta ahora sin solución.
«Según la funcionaria provincial de Trabajo y Seguridad Social desgraciadamente tengo perdido los tres años de trabajo y continuaré perdiéndolos hasta tanto no exista una ley o decreto- ley que le otorgue salvación a personas como yo, que por ser hijo, debo cuidar de padres y abuelos, sin devengar salario, ni acumular años de servicio, por estar de licencia sin sueldo».
Manifiesta Isnel que desde entonces permanece al cuidado de su madre, quien es reportada como encamada, pues no puede valerse por sí misma, dada una parálisis de su lado izquierdo que la imposibilita para caminar; a pesar de que se encuentra él en plenas facultades físicas y mentales, a los 49 años de edad, para continuar trabajando y aportando.
«Más bien, dice, lo que se está perdiendo es todo el caudal de conocimiento y profesionalidad albergado en mí. Para eso estudié. No puedo trabajar por los siguientes motivos: en mi municipio no existe, ni se alberga la menor esperanza de que exista, transporte tanto público como para trabajadores desde Guáimaro y hasta playa Santa Lucía y viceversa, donde laboro desde hace 31 años. Y ahora soy profesor del centro de capacitación del Ministerio de Turismo o escuela ramal en esa zona turística».
Añade que tampoco existen cuidadoras en el municipio que ejerzan ese trabajo, ni alojamientos temporales en Santa Lucía, adonde, al menos, él pueda trasladarse con su madre e incorporarse a trabajar, que tanto le hace falta a su bolsillo, a la familia y al país.
«He leído detenidamente el anteproyecto del nuevo Código de las Familias… y para el cuidador familiar por obligación no se esclarecen mucho sus derechos en cuanto a los temas que estoy tratando hacerle saber a usted. ¿Qué hago yo con tantos años de estudios, sacrificios, encontronazos y esfuerzos? ¿Los tiro a la basura? ¿Será posible una solución para mi caso?», concluye.
Victoriano Picornell (calle Real No. 125, Cojímar, La Habana) lamenta que tenga que escribir a la prensa para comunicar la situación que enfrenta, «pues se hacen insostenibles las molestias que sufrimos los vecinos de esta barriada de la capital, por los salideros de agua potable en diferentes calles de la localidad».
Señala que mientras el preciado líquido corre hacia el mar o forma lagunatos, otra parte de la población tiene que agenciárselas para obtener el mínimo necesario para cubrir las necesidades domésticas esenciales.
«Llevamos más de un mes reportando esta situación y la solución brilla por su ausencia», concluye.
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