Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Dos veces han recalado en este espacio las angustias de José Luis Batista Rosales (calle 12, edif. 3, escalera E. No. 88, entre Vía Rápida y Final, Santa Marta, Cárdenas), compartidas por otras 71 familias de trabajadores de la construcción.

El 15 de noviembre del pasado año conocimos que su apartamento le fue entregado en 2006 como medio básico y, desde 2009, comenzó los trámites para pasarlo a régimen de propiedad. En julio de 2015, mediante resolución del Ministerio de la Construcción (Micons), se declaraba el cese de medio básico de ese apartamento y de los otros 71, para convertirlos en propiedades de las familias.

Sin embargo, cuando ya los beneficiados habían efectuado muchos de los trámites para tal transformación, les cayó, como un jarro de agua fría, la Resolución 1411/2016, también del Micons, que anulaba lo dispuesto en 2015. La contradisposición se basaba, esencialmente, en que los apartamentos estaban situados en una zona de alta significación para el turismo.

Después de la resolución anuladora, José Luis se dio a la tarea de revisar cuidadosamente los posibles resquicios legales que dejaba y cómo tal vez se podría llegar a una solución beneficiosa para los aspirantes a propietarios.

Luego de seis meses de publicado el caso, y sin contar aún con una respuesta institucional del Micons, el matancero contó, en otra misiva a Acuse, que el 27 de diciembre de 2016 la asesora jurídica del citado Ministerio, aseguró le daría respuesta «en los próximos días». Cosa que, obviamente, no sucedió.

Esta segunda misiva, publicada el 27 de junio de 2017, daba cuenta además de una respuesta a José Luis por parte de la Dirección Provincial de la Vivienda en Matanzas (que no llegó por vía institucional a nuestra sección). En dicha respuesta se ratificaba, en esencia, la decisión última del Micons.

Hoy damos curso a una respuesta al caso enviada por Yamilka Collazo Labrador, directora de Asesoría Jurídica del Micons. Partiendo de reconocer lo extremadamente sensible del tema, reitera Yamilka que las casas de marras no han cambiado su estatus de medio básico; y que las disposiciones por las cuales se pretendió transformar esta condición, violaban lo establecido en el Artículo 109 de la Ley No. 65 (Ley General de la Vivienda).

Esto —apunta— se analizó con las entidades y organismos relacionados, incluyendo el Ministerio del Turismo (Mintur), y se procedió «a restablecer la legalidad en el sentido de anular las resoluciones indebidamente dictadas».

En cuanto a la extinción del municipio de Varadero y la consideración o no del área donde están enclavadas las viviendas «como zonas de alta significación para el turismo», remitimos al texto del Acuerdo No. 3003, del año 1996, del Consejo de Ministros, donde se expresa que los límites territoriales de la Zona coinciden con los límites definidos para el municipio de Varadero en la Ley No. 18, por lo que en ningún caso puede considerarse que la extinción del municipio afecta la validez del referido Acuerdo».

La misiva de la Directora de Asesoría Jurídica concluye ratificando a José Luis «y a todos los que se encuentran en esta situación, que a pesar de no poder transferir la viviendas en propiedad, como fue nuestra intención y sabemos es su deseo, nuestra Revolución no deja desamparado a ninguno de sus hijos, y nuestras normas jurídicas garantizan que así sea. La preservación del estatus de las viviendas como medio básico no implica que pueda afectarse en el uso y disfrute de estas a sus ocupantes, excepto que se incumplan las condiciones previstas en el contrato suscrito».

Y apunta finalmente que, aunque se ha analizado el tema de manera reiterada, la contestación a José Luis no se efectuó «con la agilidad requerida, lo que será debidamente analizado».

Agradezco la carta del Micons, en voz de su Directora de Asesoría Jurídica. Decir, tardíamente, que la tardanza en responder será «debidamente analizada», deja un sabor a vaguedad. En cuanto al tema central de la demanda de los matanceros, si, como se explica, en algún momento fue la intención del Micons favorecerlos y convertirlos en propietarios, pienso que no debe cesar la exploración de alternativas para que esto ocurra. Todos sabemos cuánto representaría eso para las familias de estos 72 trabajadores.