Acuse de recibo
Si los agujeros negros siguen siendo esos misteriosos espacios galácticos a los que no escapa ni la luz, puede que hasta alguno de ellos haya ido a parar el dinero que fue descontado, mensualmente, del salario de la cienfueguera Zoraida Morales Leyva, desde octubre de 1987 hasta febrero de 1991.
La historia, cuenta Zoraida (Coronel Rodríguez No. 3A, entre Rafael Cabrera y Esquerra, Rodas), comenzó cuando en julio de 1987 la citaron del Banco Popular de Ahorro (BPA) de su localidad «para darme la propiedad de la vivienda y empezar a descontar (el pago). Yo no estuve de acuerdo, porque la vivienda estaba por terminar. En esos momentos, por ser trabajadora de educación estaba de vacaciones y ya me habían pagado dos meses —trabajo y vacaciones—. En octubre, cuando vuelvo a cobrar, me sorprendo: tenía un descuento».
Se dirigió entonces la trabajadora a las instancias de Educación y supo que la Dirección Municipal de Vivienda (DMV) la había «embargado». «Lo acepté, de todas formas tenía que pagar y dejé ese asunto por terminado. Pero en febrero de 1991, voy al BPA a ver cuánto me faltaba por pagar de un crédito que había sacado (…) y ya que estaba ahí decidí preguntar por la vivienda». Supo entonces la cienfueguera que el dinero de sus contribuciones mensuales se había esfumado.
Resulta que «estando embargada desde octubre de 1987 hasta febrero del 91, este dinero no fue al BPA y desde entonces ninguna entidad sabe dónde está el dinero que me fue descontado por nómina mensualmente», se duele la afectada. Añade que ha hecho indagaciones tanto en instancias de Vivienda, como de Educación y en las bancarias.
Evoca la lectora que algunas personas entendidas en materia económica de su territorio han llegado a decirle que «cuando se hace descuento y no hay cuenta fija, el dinero pasa al presupuesto del Estado y no se puede devolver». Pero esta explicación, obviamente, no la ha convencido ni alentado.
De ahí que la atribulada mujer designara un abogado, este ejecutara algunos trámites y, finalmente, le comunicara a ella, fuera de término, un fallo a favor de Vivienda. Acudió a la DMV la reclamante, y la jurídica de esa entidad «me dice que ningún abogado ha trabajado con mi expediente; pero el documento que me enviaron está firmado por el abogado y la jurídica de Vivienda».
«Quisiera me sacaran de dudas. Es un dinero que es mío y que habrá alguna forma de devolverlo. En el municipio y en la provincia no me queda qué hacer», sostiene la afectada.
Y adjunta a su misiva una carta de marzo de 2003, en la que Feliberto González Pérez, jefe del Departamento de Contabilidad de la Dirección de Educación Municipal en Rodas, hace constar que «a la compañera Zoraida Morales Leyva, trabajadora del Mined de Rodas, se le descontó por embargo de la vivienda, a partir de octubre de 1987 y hasta febrero del 91, todas estas mensualidades a razón de $43,99». Precisa Feliberto que en la indicada fecha de 1991, la trabajadora «realizó el contrato de compraventa con el BPA, apareciéndole en este solo dos mensualidades de embargo, no sabiendo qué sucedió con el dinero restante. Esto fue revisado por nóminas por el personal autorizado y por la compañera».
Más allá de que la remitente podría haber aportado otros elementos que clarificaran la narración, teniendo en cuenta lo dicho y el testimonio del jefe de Contabilidad, si de 40 mensualidades pagadas en el lapso de marras, solo aparecen dos, hay entonces 1 671,62 pesos en el limbo. ¿Qué se hicieron? ¿Qué implica legalmente la condición de embargo? ¿Cuál ha sido el destino de las reclamaciones de Zoraida? Esperemos las razones de las autoridades correspondientes en el municipio.
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