Acuse de recibo
Destrozo. Esa es la palabra que reina en la carta de Zeyda Hernández Rodríguez y Norelia Corbera Pedrera (calle 6, entre 25 y 27, Plaza de la Revolución, No. 604 bajos y 602 altos, respectivamente), cuando intentan contar lo que literalmente les ha caído encima.
Resulta que su nueva vecina del No. 604, amparada en una licencia «para demolición, ampliación y remodelación de su inmueble», el cual forma parte de un edificio de dos plantas con cuatro casas, ha ocasionado severos estragos en los espacios ajenos, sobre todo, en la casa de Zeyda.
Previamente, refieren las habaneras, la reciente inquilina y su esposo consultaron con Zeyda y su familia si estaban de acuerdo con las labores de reconstrucción, «ya que existía un entrepiso en común —nuestro techo es su piso—, el cual en el comedor y cuarto de desahogo se encontraba en muy mal estado».
«Se le dio un consentimiento verbal siempre dejando claro que los gastos correrían por ella y que debería arreglar las posibles afectaciones. (…) Desde el principio manifestó inconformidad con la anchura original del alero interior que es parte común de los dos inmuebles. Le argumentamos, decentemente, que el alero no podía ampliarlo, porque eso afectaba la iluminación de nuestros cuartos y la entrada del sol al patio interior, que es donde se tiende. Expusimos, además, que las leyes urbanísticas no permiten violación de las medidas originales si no media un consentimiento, y que el edificio por su antigüedad está considerado patrimonio», exponen las lectoras.
Sin embargo, previa visita a la casa de la interesada en demoler, de un ingeniero y una arquitecta —que no consultaron a los otros vecinos—, comenzaron los daños, el primero de los cuales fue la aparición de un plano, elaborado por los dos especialistas, en el que el alero alcanza un metro de ancho. Sin embargo, el verdadero alud llegaría con el inicio del desmantelamiento. Según señalan las capitalinas, se ha hecho violando elementales medidas para casos como este: apuntalamiento en los bajos, falso techo y ejecución de los trabajos por una brigada especializada.
Los obreros reclutados por la propietaria de la obra «comenzaron a demoler la cubierta con barreta y mandarria. Los pedazos de lozas caían hacia el techo de nuestra casa desde una altura de 4,80 metros. Tumbaron a mandarria dos paredes de 40 centímetros de espesor. Comedor, cuarto, cocina y bañito, quedaron destruidos (…) a pesar de reclamarles decentemente que tuviesen cuidado», rememoran las atribuladas vecinas.
Y añaden que «al quedar demolido prácticamente el techo en estas habitaciones, se vio obligada (la infractora) a hacerlo nuevo, si no, no tendría por dónde caminar ni en qué apoyarse para fundir su cubierta en esta área. Un arquitrabe aledaño, de Norelia, está totalmente rajado, así como parte de su alero, que largó la loza y el muro que lo delimita con la casa de la infractora».
Las afectadas solicitaron investigaciones en Edificios Múltiples y en Vivienda Municipal. De allí las visitó una inspectora, quien se limitó a pedirle los documentos a la vecina del No. 604 y, en los demás casos, «visualizar las afectaciones y mandar a quitar un muro de cinco hiladas de bloques al borde del alero, concebido como baranda (…) —que inhabilitaba el uso del patio interior, porque aquellos bloques estaban en el aire y sobre nuestras cabezas—. Pero no multó ni mandó a parar la obra, que es lo estipulado cuando hay violaciones y afectaciones a terceros», se duelen Zeyda y Norelia.
Desde Planificación Física Municipal, su director ha orientado, a pedido del delegado del Poder Popular en la circunscripción, la visita de inspectores para esclarecer el asunto. Pero estos no llegan.
Las familias de Zeyda y Norelia, en las que incluso existen tres menores, andan sumamente preocupadas por la obstinada persistencia de la demolición y lo que siga. Incluso temen por el edificio todo, «pieza concebida de manera monolítica». ¿Habrá que esperar un accidente para exigir se actúe de acuerdo con las reglas de convivencia y legalidad?
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