Acuse de recibo
Esta columna no abandonará nunca esa parada analítica en el camino que constituyen los «cortes», para sopesar el nivel de respuestas de las instituciones a las quejas de los lectores aquí, y también los «cómo» de dichas respuestas, su calidad a la luz de los imperativos de nuestra democracia socialista.
Esta vez abordamos el período comprendido entre el 16 de octubre de 2013 y el 15 de abril de 2014. Y, como siempre, tuvimos en cuenta los 60 días reglamentados para responder.
Sobresale que, luego de una tendencia decreciente en el porcentaje de quejas respondidas desde 2009 hasta 2012 con respecto a años anteriores, desde 2013 se inició un repunte de la disciplina institucional en tal sentido, hasta alcanzar en este último lapso el 87 por ciento de respuestas a las cartas reflejadas aquí.
La mayor tributaria de misivas sigue siendo La Habana, con un 41,5 porciento de las mismas. Le siguen Villa Clara (8,25), Holguín (7,14), Granma (5,9) y Matanzas (5,6), en un orden descendente, hasta Isla de la Juventud, que solo representa un 1,05 por ciento.
Los diez municipios con más cantidad de cartas son, en orden decreciente, Plaza de la Revolución, Playa, Centro Habana, Diez de Octubre, Cerro, Habana del Este, Boyeros, La Habana Vieja, Marianao y Camajuaní. Preponderante presencia capitalina, y el curioso caso del municipio villaclareño.
Tanto en provincias como en municipios, ¿el número de misivas expresa más problemas sin solucionar, o más inquietud, hábitos y cultura de canalizar las inconformidades del territorio? Esa respuesta sí que no la tengo…
En cuanto a los temas más recurrentes, permanece el de Vivienda, con el 18,5 por ciento de las misivas. Le siguen Problemas Laborales, de Seguridad y Asistencia Social (9,4), Salud Pública (9,4; buena parte de ellos elogios, pero también señalamientos); problemas en la calidad de los servicios (5,6), y Acueducto y Alcantarillado (5,5).
Del total de respuestas, en el 62,4 por ciento de las mismas el denunciante tenía la razón, y el problema fue solucionado después de revelarse en esta columna. En ciertos casos se anuncian soluciones futuras con fecha determinada, en otros, sin un plazo preciso. Y en un 12 por ciento lo planteado no tiene solución, por no proceder la queja debido a diversas causas.
Es significativo que el 31 por ciento de las respuestas no explican los motivos por los cuales el problema no había sido atendido anteriormente. Y el 69 por ciento no expone las medidas tomadas ante la evidencia de incumplimientos, errores y prácticas negativas por parte de los responsables.
Un análisis de contenido de las respuestas a cargo de nuestra investigadora, Sara Cotarelo, revela que la gran mayoría de las mismas se ciñen a los problemas puntuales de la queja y no abordan el asunto integralmente, con evaluaciones estratégicas y proyecciones futuras. También se evidencia falta de previsión, control y exigencia de los organismos superiores, que se «desayunan» con lo revelado aquí —incumplimientos impunes de la legalidad—, sin mecanismos de exigencia en tal sentido.
En no pocas respuestas brilla por su ausencia el sentido autocrítico y la transparencia que deben tener nuestras administraciones, con argumentos reiterativos y justificativos, y sin incluir con nombres y apellidos a los responsables superiores de los problemas.
Como regla general, las entidades no aprovechan el momento de la respuesta como un instrumento positivo y proyectivo, en el cual puedan ofrecer información esclarecedora y oportuna a la población.
Al final, se refleja aún la escasa cultura de la comunicación hacia los públicos por parte de muchas administraciones, y métodos autoritarios e hipercentralizados, que no permiten rendir cuenta al ciudadano, que es el soberano.
No obstante, aquí seguiremos, impulsando los resortes democráticos de nuestra sociedad…
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