Acuse de recibo
El pasado 30 de abril, y atormentado «por la incomprensión y la falta de sensibilidad», denunciaba su situación Gerardo Roger Obregón Pupo, un anciano de 83 años, viudo y con chequera de jubilación de 242 pesos, y residente en la ciudad de Holguín.
El veterano, quien vive con su hijo de 50 años, un paciente con encefalopatía crónica y serias limitaciones para caminar, contaba que el 28 de abril pasado se presentó en el policlínico integral Máximo Gómez Báez, de ese municipio, para recoger la renovación de la dieta médica que aquel ha tenido desde que nació.
Solo faltaba la aprobación del Director del policlínico, pero este no la firmó por no poseer examen de diagnóstico. Y no aparecía la historia clínica del enfermo. La habían extraviado en el propio centro asistencial, según Gerardo.
Y refería el padre que el problema se complicaba, pues para disponer de una nueva historia clínica que facilitara la renovación de la dieta se requería tener previamente una consulta con el neurólogo y el siquiatra, «algo prácticamente imposible en el caso de mi hijo, por sus limitaciones para caminar», decía Gerardo.
Y apuntaba que a pesar de vivir a escasas cuadras del policlínico, nunca habían sido visitados por médico alguno. «¿Tenemos que pagar por la negligencia, indolencia y falta de responsabilidad de otros, siendo privados de un plumazo de algo que es vital para mi hijo, y que con mi chequera sería imposible adquirir?», cuestionaba Gerardo.
Al respecto, responde el Doctor Adelmar Agüero Oliver —director de Salud en la provincia de Holguín— que, de acuerdo a lo que arrojó la investigación, la historia clínica del hijo de Gerardo no se había perdido, estaba custodiada adecuadamente en otro consultorio del médico de la familia, por encontrarse en reparación el que le corresponde.
Al revisar la historia clínica del paciente —apunta—, se comprobó que existía seguimiento por el Equipo Básico de Salud, pero no como lo establece el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia para los pacientes del grupo IV (con discapacidades o minusválidos).
Se comprobó —precisa Agüero— que el Equipo Básico de Salud no visitó al paciente para realizar el control de su enfermedad crónica. En la revisión de la historia clínica se evidenciaron deficiencias en el seguimiento del caso. Y se emitió dieta médica por el médico de la familia del consultorio 22 sin que se hubiera realizado la evaluación clínica del mismo.
Por otro lado, la Vicedirectora de Asistencia Médica del policlínico no autorizó la dieta, por plasmarse la misma en un modelo no oficial, además de que no existía constancia escrita de la patología y el examen físico del paciente.
Afirma Agüero que hubo falta de control y exigencia por parte del equipo de dirección del policlínico, y deficiencias en el desempeño del Equipo Básico de Salud, al no trasladar la documentación del consultorio, no cumpliéndose los controles establecidos al paciente según su grupo dispensarial. Y se emitió la dieta médica sin evaluación clínica del paciente.
Por todo ello, se aplicaron medidas: traslado definitivo de la doctora y enfermera de la familia a otras plazas con condiciones laborales diferentes; amonestación ante el Consejo de Dirección de la Directora y Vicedirectora de Asistencia Médica del policlínico, y amonestación ante el colectivo de trabajadores de la jefa del Grupo Básico de Trabajo responsable del consultorio 22.
Y se realizó la discusión docente del caso en el ciento por ciento de las reuniones de los Grupos Básicos de Trabajo de la provincia, además de ofrecerle respuesta a Gerardo, quien mostró satisfacción por el tratamiento dado a su queja.
Aunque en la respuesta no se menciona lo más importante —la solución de la renovación de la dieta—, se intuye a partir de lo contado que el paciente ya tiene la suya, y que su padre Gerardo Roger no navega en la incertidumbre. Pero al final la historia revela —¡ojo!— qué consecuencias trae el no seguimiento estricto del caso de un paciente crónico minusválido. Hay que ir a la montaña.
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