Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Difícilmente los lectores habituales olviden el caso, reflejado aquí el pasado 19 de julio. Sus nombres son Eloy Guerrero, Luis Guerrero, Emelanio Montero, Salvador Montero, Luis Yosbani Proenza y Evidio Rey Ramírez. Son campesinos asociados a la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Joel Nieves Casas, de Bijarú, en el municipio holguinero de Báguano.

El 6 de marzo de 2012, ellos y otros asociados vendieron al Estado varias cabezas de ganado por valor de 36 854 pesos. Tradicionalmente, a cada campesino que vendía le entregaban un cheque, el cual cobraba en el Banco. Pero esta vez la CCS cobró todo el dinero, y no les pagó a ellos. Fue después de varias reclamaciones, que le dieron a cada uno apenas el 33 por ciento de lo que les corresponde.

«Han pasado 16 meses desde que vendimos las reses —señalaban en su carta—, pero cuando vamos a comprar algo a los particulares o al Estado, no podemos decir que pagaremos cuando recibamos el dinero. ¿Qué hicieron con él?», reclamaban, y agregaban que plantearon su queja al Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el territorio, y este les manifestó que él nada podía hacer.

Al respecto, responde la Doctora Migdalia Isabel Moreno, delegada de la Agricultura en la provincia de Holguín, que la comisión creada para investigar el caso comprobó que, ciertamente, existían tales deudas con 13 campesinos por concepto de venta del ganado. Y que los afectados y la asamblea de la CCS discutían el asunto y tomaban acuerdos entre ellos, «porque conocían las violaciones que se estaban cometiendo, y aceptaban prórrogas para la liquidación de la deuda».

Refiere la funcionaria que el 8 de mayo de 2012 se había efectuado visita de control por el Departamento de Economía de la Empresa Agropecuaria Báguano. Y la sucursal del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de ese municipio emitió documento al delegado de la Agricultura a ese mismo nivel, informando sobre el cierre de las operaciones bancarias a la CCS el 2 de julio de 2012.

Y en la asamblea general de la CCS de julio de 2012, se adoptó el acuerdo 22, consistente en la separación de la Económica, quedando pendiente su proceso por Fiscalía.

El 5 de agosto de 2012, el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de la provincia ocupó los documentos de la CCS, para su investigación. Y en la asamblea general de la cooperativa, realizada en octubre de 2012, se adoptó el acuerdo 48, consistente en el pago de 11 044,90 pesos a esos productores.

Incluso —agrega Migdalia Isabel Moreno— el Departamento de Auditoría de la Delegación Provincial de la Agricultura auditó a la CCS en diciembre de 2012, y concluyó en febrero de 2013, dictaminando un posible caso de malversación.

En el análisis conjunto con el Consejo de Dirección de la Empresa y la Delegación Municipal de la Agricultura —afirma—, se dejó claro que problemas como este no pueden suceder, y se debe actuar de inmediato, puesto que los integrantes de la cooperativa sí conocían lo que estaba sucediendo.

Refiere que tanto la Delegada como el  Subdelegado de Economía de la Delegación Provincial de la Agricultura, desarrollaron varias sesiones de trabajo en la cooperativa a partir del 25 de julio de 2013, producto de las cuales se acordó realizar el pago de la cuantía pendiente antes de concluir agosto de 2013, y firmar el correspondiente convenio de pago con los afectados. Y se decidió poner oficialmente el caso de la ex Económica de la CCS a consideración de la Fiscalía.

«Se tomarán todas las medidas para que hechos como este no vuelvan a suceder», enfatiza finalmente la Delegada de la Agricultura en la provincia.

Se agradece el esclarecimiento de esta historia, pero uno se pregunta qué medidas entonces no se tomaron, y cómo en una cooperativa de crédito y servicios, que tiene personalidad jurídica, puedan registrarse tales barbaridades a los ojos de todos.

Tampoco puede entenderse que, ante las quejas de los campesinos, el Presidente de la ANAP en el territorio se resignara a decir que nada podía hacer, y esta organización no haya dado respuesta a la reclamación en lo que le concierne.