Acuse de recibo
Los asuntos de la tierra y la producción de alimentos, prioridad uno, son de suma trascendencia para la economía y el futuro del país, como para que se sigan muy de cerca y se esclarezcan a fondo presuntas irregularidades, violaciones y trabas.
Omar González Sánchez (Calle 3ra. No. 410, entre 4 y 6, reparto Delio Chacón, Nueva Gerona, Isla de la Juventud) es un parcelero productor de la agricultura urbana desde hace varios años. Y está muy dolido por el tratamiento tan injusto que, en su consideración, le han conferido.
El campesino, miembro de la cooperativa de créditos y servicios fortalecida (CCSF) Ricardo González Miranda, revela que el Director de la Granja Urbana ha prohibido terminantemente que le compren sus producciones. Y por esa negativa tuvo afectaciones por 850 pesos.
Asegura el productor que esa actitud está basada en un rechazo manifiesto hacia su persona. También ha sucedido —agrega— que esa entidad le solicita entregas, y no vienen después a recogerlas, por lo cual se le han podrido cosechas en la finca.
«Fui unos de los primeros parceleros de mi barrio que decidió romper marabú
—señala—, y sembrar comida para el pueblo en pleno período especial. Fui presidente de la cooperativa en mi propio Consejo. Sin embargo, por mi actitud intransigente ante lo mal hecho, y denunciarlo en asambleas y conversaciones con directivos del sector, ahora se me quiere aplicar un pase de cuenta», asegura. «Esto es totalmente contrario a lo que se está pidiendo por la máxima dirección del país de enfrentar con espíritu crítico los nudos que entorpecen la producción de comida para el pueblo.
«Por mi parte, continuaré esforzándome para sacarle a mi finca el mayor provecho y entregárselo al pueblo, que en definitiva es mi principal misión como productor, animado por el llamado del General de Ejército Raúl Castro», concluye el campesino.
No explica Omar si firmó con la Granja Urbana un contrato por el cual exigir. Una de las debilidades más señaladas últimamente por la dirección del país es la endeble base contractual que afecta a la producción agrícola. Por cualquier razón que sea, sería imperdonable que alguien esté supeditando a su voluntad personal un asunto de seguridad nacional y tan estratégico como la producción alimentaria.
Jorge Álvarez me escribe desde Avenida 93 No. 9405, en Alquízar, provincia de Artemisa. Y lo hace para denunciar lo que él considera es una violación de su patrimonio en tierras.
Precisa el productor que el 3 de mayo de 1995, a solicitud suya, le otorgaron en usufructo un terreno de 0,26 hectáreas, para autoconsumo familiar. Y acompaña su relato con una fotocopia de la Resolución 13/95 que lo ampara, firmada por Rafael Sánchez Tabares, director de la Empresa de Cultivos Varios Alquízar. Como bien está definido en dicha Resolución, los linderos del terreno otorgado en 1995, son:
Norte: pueblo de Alquízar; sur: finca El Cedro; este: pueblo de Alquízar; y oeste: finca El Cedro.
Pero la incongruencia salta cuando, en la boleta de la Oficina Municipal del Registro de Tenencia de Tierra que lo ampara como tenedor inscripto, confeccionada el 27 de mayo de 2010 y firmada por el Registrador Municipal y el delegado de la Agricultura en el territorio, se señalan como linderos de la finca al norte: pueblo de Alquízar; sur: rastro del Pueblo; este: muros del campo de tiro; y oeste: muros del campo de tiro.
A propósito de este problema, señala Omar que le fue ocupada un área al este de la finca, sembrada de plátanos vietnamita y burro ya en producción, la cual fue demolida sin previa consulta con él, para entregársela a otra persona, con vistas a la construcción de una vivienda.
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