Acuse de recibo
Juan G. López (Calle 28 No. 780, entre 39 y 41, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana) llamó sin ninguna esperanza a la Empresa de Servicios Técnicos Integrales, en el municipio de Playa, porque se le averió el timer de su lavadora Sanyo.
Vaya sorpresa: dicha entidad tiene la pieza, que se la suministra LG Vince; pero no puede dar el servicio porque esta última no le ha informado, desde hace meses, el precio de la misma. López no se rindió y contactó con Servicios LG Vince. Allí le informaron el origen de todo: el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) no les ha suministrado el precio oficial de la pieza.
López siguió la traza del conflicto y llamó a la Dirección Jurídica del MFP, responsabilizada con la atención a la población en ese Ministerio. Y le solicitaron que su inquietud debía plasmarla por escrito. López la envió por correo electrónico, y transcurrió más de una semana sin que llegara ninguna respuesta, o al menos una confirmación de recibo.
Llamó de nuevo a la Dirección Jurídica del MFP y lo atendió una especialista que no quiso darle su nombre: no tenía respuesta. López intentó infructuosamente hablar con la directora. Le explicó el asunto a la secretaria y esta le transfirió a la jefa de los especialistas, quien tampoco quiso darle el nombre. Le dijo que tenían muchos casos pendientes de respuesta, y para ello tenían un plazo de 60 días.
López no comprende por qué, si existe la pieza que puede resolver el problema de su lavadora, no se le puede brindar el servicio con agilidad por la dilación en un mecanismo burocrático.
Él también conoce que, legalmente, las entidades estatales tienen hasta 60 días para responder a las quejas y los planteamientos de los ciudadanos. Pero es precisamente «hasta 60 días». Ello no puede ser una excusa para demorar la aprobación de un precio oficial. ¿O es que la formación de un precio es algo tan complejo?
He aquí un ejemplo de cómo no siempre carencias y recursos, esa «pieza de repuesto» tan socorrida en los argumentos de muchos, son las que entorpecen que se pueda brindar un servicio al ciudadano.
El pasado 9 de junio reflejé aquí la inquietud de Rosa Verónica Fernández, residente en Zulueta, municipio villaclareño de Remedios: luego de muchos obstáculos y contratiempos se concluyó su vivienda, por una obra estatal. Pero no puede habitarla, pues no está instalado aún el servicio eléctrico.
Rosa fue a la empresa, y le respondieron que desde noviembre de 2009 no tienen cables. Posteriormente vio al delegado de la circunscripción, quien en ese momento estaba junto a la presidenta del Consejo Popular. Y la respuesta de ambos fue sorprendente para ella: le recomendaron que consiguiera el cable por su cuenta. «¿Hasta qué punto eso es legal?», preguntaba ella.
A propósito responde el ingeniero Israel Ramos, director general de la Empresa Eléctrica en Villa Clara, que se investigó el caso y se visitó a la promovente, al tiempo que se verificaron todos los procedimientos.
Precisa que Rosa «ha sido atendida en la Unidad Empresarial Básica (UEB) de Remedios en varias ocasiones, y siempre le explicaron que no existían recursos para darle solución a su problema, pero que se mantendría controlada hasta tanto se recibiera en el municipio el cable de acometida para la realización de ese trabajo, y de otros que aún están pendientes».
En visita a la vivienda se comprobó que para los trabajos requeridos se necesitan 50 metros de cable para acometida, «recurso que en estos momentos no se encuentra en existencia». Y agrega que hay pendientes en el municipio 61 solicitudes de nuevo servicio. Rosa está registrada con el número 20. Cuando tengan los cables, se comenzará a dar solución por el orden de las solicitudes.
La propia Rosa aclaró que en ninguna ocasión en la UEB de Remedios le refirieron que buscara ella por sí misma el cable, como le sugirieron personas ajenas a esa entidad.
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