Acuse de recibo
Hay «penas sin nombre» que no se deberían acrecentar con nada. Pero la sensibilidad a veces se ausenta y… cuando aún no habían pasado los júbilos de principio de año, el 3 de enero último la capitalina Juana García Pérez (Calle 122 A, entre 31 y 33, No. 3123, Reparto Zamora, Marianao) perdió a su hermana.
Su cadáver —cuenta Juana— iba a ser trasladado para Guantánamo el día 4, en el vuelo de las 7:15 p.m. En la funeraria de Calzada y K, encargada de estos trámites, les dieron a los familiares una carta de viaje urgente, acuñada y dirigida a la Terminal La Coubre, para que les facilitaran el traslado hacia dicha provincia.
«Cuando nos personamos en la Lista de Espera, la compañera que se encontraba trabajando ese día y el Jefe de Turno nos dijeron que esas cartas no tenían validez, que tenían que mandar un telegrama de Guantánamo», evoca la remitente.
Obviamente la lectora no entiende esa posición, pues su hermana falleció aquí y no en el territorio oriental; como tampoco comprende de qué forma el documento firmado y acuñado por la institución oficial carece de valor.
Al final tuvieron que atravesar los avatares de la lista de espera. Y, con mucha suerte, pudieron llegar a tiempo para el funeral; pero Juana y su familia exigen razones.
Al filo ya de los 80 años, las santiagueras Nélida Caraballo Maceo y su hermana Aidée (Calle Pozo Dulce No. 6, e/ República y General La O, Palma Soriano) andan aún en trajines de vivienda. Cuando hicieron público su caso en Acuse, el 20 de octubre de 2009, nos contaban que el hogar donde residen no poseía baño; buena parte del inmueble se mojaba y carecía de piso.
Referían las ancianas que habían recibido la visita de la Dirección Municipal de Vivienda, de los trabajadores sociales y otras instituciones; que habían medido la casa en varias oportunidades, pero no aparecían los materiales.
Ellas agradecen mucho los beneficios que la Asistencia Social hasta aquel momento les había dado; pero solicitaban ayuda en cuanto a construcción.
Al respecto nos llega la misiva de Gilberto Romero Saunder, director de Vivienda en la provincia indómita. Una comisión encabezada por el mismo Gilberto visitó el domicilio de ambas ancianas e investigó el caso.
Argumenta el directivo que la vivienda en cuestión está a nombre del padre de las veteranas, que falleció en el año 1982; y que después del deceso, estas la dividieron sin cumplir los trámites establecidos.
«En uno de los dos lados vive la anciana Aidée, quien se encuentra postrada, con una cuidadora durante ocho horas, porque luego la atiende una sobrina que es hija de Nélida. Esta última habita en el otro lado con dos hijos —uno alcohólico y otro enfermo de los nervios—, y presenta un cuadro bastante complejo».
Refiere el Director que los dos inmuebles tienen paredes de mampostería y techo de fibro en buen estado; salvo la cocina y un cuarto, con cubierta de zinc bastante deteriorada. El piso del inmueble es de mosaico y cemento en casi toda la casa.
«Existe una letrina que se encuentra en mal estado porque la improvisaron hace aproximadamente cuatro meses cuando demolieron el baño que inicialmente tenía la vivienda, para construir uno de mampostería con cubierta de placa e instalaciones sanitarias, faltándole el piso y el mueble sanitario», detalla.
Enfatiza Gilberto que las acciones constructivas que se están efectuando en el hogar, a instancias de Dania, la hija de Nélida, no tienen la debida documentación legal; y solo ahora es que están realizando las gestiones pertinentes.
Se habían dirigido con anterioridad a las Oficinas de Atención a la Población del Gobierno local solicitando materiales de construcción, donde se les explicó que si no eran afectados por eventos climatológicos o seleccionados en su circunscripción mediante el proceso reglamentado, no se podía acceder a la petición.
«No obstante —concluye Gilberto—, se ha evaluado por los factores accionar en la búsqueda de una solución a la situación del baño, por el delicado estado de salud de la anciana postrada y la avanzada edad de la otra; así como emprender otras acciones por la comisión evaluadora de casos críticos del municipio».
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