Acuse de recibo
La foto de un charco turbio con un breve comentario fue la denuncia que el 25 de abril último hiciera en estas líneas Amedt G. Franco Quintana (Apto 8. Edif. 4, Rpto. El Modelo, El Caney, Santiago de Cuba). Desde el 2004, el remitente y sus vecinos enfrentaban penurias con tuberías de aguas negras del edificio. Relataba entonces el santiaguero que el tubo de desagüe de albañales situado a la entrada del inmueble se encontraba obstruido, lo cual producía el vertimiento de desechos.
De ahí la acumulación de líquido maloliente que mostraba la imagen, en el parque ubicado entre las edificaciones Nro. 4 y la Nro. 5. La situación, aseveraba Amedt, era conocida por las autoridades competentes y no se habían tomado medidas al respecto. Muchos de los habitantes del lugar —como habían expresado en rendiciones de cuentas— estaban dispuestos a colaborar en la sustitución del tubo por uno de mayor diámetro. Pero necesitaban apoyo.
A propósito responde —telegráficamente— Ludmila Rodríguez Barroso, máxima autoridad de la Dirección Municipal de Acueducto y Alcantarillado. Su misiva, fechada el 19 de junio, pero que llegó a nuestra redacción —vía email— el 10 de septiembre, dice así:
«Atendido por: Estailen Isaguirre, jefa del Departamento de Drenaje y Alcantarillado, Fosa y Saneamiento, la cual visitó el caso y comprobó que realmente existía obstrucción en la maestra del alcantarillado.
«El trabajo fue solucionado por los compañeros del carro desobstructor el pasado 8/08/09. Después de esta reparación queda pendiente la reparación del registro de inspección.
«Conclusiones: Este caso queda pendiente mediante un chequeo en el terreno durante cada ciclo de agua correspondiente. En este caso el usuario estuvo inconforme con la respuesta».
Si esta fue, textualmente, la respuesta que dieron al usuario, claro que debió quedar inconforme. A este redactor le ocurre lo mismo. No aspiramos a que las contestaciones de los funcionarios públicos sean un dechado de elocuencia y argumentación, pero tampoco a que se «resuelva» así, con tres escuetos párrafos que poco explican, la inquietud de un ciudadano.
¿Dónde están las razones por las cuales estos vecinos llevan cinco años esperando una solución? ¿Qué trámites hicieron o dejaron de hacer con la Dirección de Acueducto y Alcantarillado las autoridades que conocían del problema? ¿Cómo podría aprovecharse concretamente la disposición de los dolientes para, en colectivo, poner fin al fétido asunto? ¿Tenemos que conocer todos a qué se refieren términos como «registro de inspección» o «chequeo durante cada ciclo de agua correspondiente»?
Cada respuesta lanzada de esta forma al ruedo público echa por tierra el prestigio de las instituciones y envía a la papelera de reciclaje una oportunidad valiosa de ejercer la democracia socialista.
Manuel Álvarez Verdura (Calle 12, esquina a B, Edif. 23, Villa Nicaragua, Santa Marta, Varadero) está amenazado de una multa que no merece. Hace poco más de tres años este matancero es propietario de uno de los nuevos refrigeradores que se entregaron en el contexto de la Revolución Energética.
«Ahora me informan que me pueden multar por no haber pagado su importe. Acudo a las oficinas del Ministerio de Comercio Interior y de la ONAT exponiendo que lo pagué al contado pero al mostrar el comprobante de la factura que poseo, que era de otro color, manifiestan que no me pueden dar solución, pues lo establecido es volver a pagarlo».
Resulta que el administrador de la bodega donde Manuel liquidó el importe ya no está en el país, y su caso no es el único registrado en ese centro.
¿Debe este trabajador transitar por un doble pago causado por la irresponsabilidad ajena? ¿Cómo es posible que las constancias de una operación importante para la vida de una familia queden a la deriva ante lo sucedido? ¿Y los controles de Comercio Interior?
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