Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 20 de marzo reseñé el malestar de Manuel Andrés Diéguez, un campesino que en Jiguaní, provincia de Granma, había solicitado vender su finca al Estado desde enero de 2008, a cambio de una pensión vitalicia. Y aún esperaba por un dilatado proceso burocrático que le impedía descansar tranquilo luego de trabajar toda una vida.

Hoy responde Alcides López Labrada, viceministro de la Agricultura, que «del análisis de los hechos, se advierten en el proceso deficiencias tales como: dilación excesiva e injustificada en la tramitación del expediente, errores e incongruencias en fechas de emisión y en el contenido de los documentos; actos de devolución, tanto al municipio como a la ANAP provincial, carentes de diligencias donde se señalen las causas y los términos para resolver las mismas; así como superficialidad en el seguimiento de los acuerdos de la Comisión Agraria Municipal».

Precisa que hubo un retraso injustificado, por el actuar negligente en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, por parte del Asesor jurídico y el Director general de la Empresa de Genética y Cría Manuel Fajardo, la Directora municipal de Control de la Tierra, el Delegado municipal de la Agricultura y el Director provincial de Control de la Tierra en Granma.

Por ello, asegura, se indicó iniciar proceso administrativo y aplicar las medidas disciplinarias, en correspondencia con el grado de implicación de cada quien. Se concluyó y elevó a la aprobación del Ministro de la Agricultura el expediente de solicitud de pensión vitalicia por compraventa de la finca a favor de Diéguez.

El pasado 12 de abril reflejé una carta firmada por 66 campesinos de la comunidad Arroyo del Medio, municipio holguinero de Báguano. La misma denunciaba hechos continuados de hurto de ganado mayor a los pobladores por parte de bandidos que, según señalaban, apedreaban a los campesinos y hasta solicitaban rescates por lo robado.

La carta cuestionaba también la ratería sobre los cultivos, y consideraba que ante tales delincuentes se necesitaban acciones firmes y conjuntas para frenar el fenómeno desestabilizador.

Ahora responde Roberto Guerrero Sánchez, presidente del Gobierno municipal en Báguano, que una comisión creada para investigar la denuncia, con la participación del Partido, el Gobierno y el MININT en el territorio, comprobó que es incierto el contenido de dicha carta.

Asevera que la misma fue escrita por un residente de Ciudad de La Habana que frecuenta la comunidad por tener parientes allí. El mismo «visitó a un grupo de personas, algunas de ellas señoras mayores de edad, con limitaciones físicas, pidiéndoles firmaran un documento que él iba a tramitar para que se resolvieran los problemas de delito en la comunidad, las cuales, en investigaciones efectuadas, no conocieron el contenido de la misiva por el bajo nivel escolar en esa área. Y algunos pusieron nombres de compañeros que nunca supieron que eso se había efectuado».

Plantea que en la zona solo existen 20 campesinos; es un área completamente afectada por la sequía por lo cual es limitada la siembra de cultivos varios. Que en 2008 se dieron dos hechos contra el ganado mayor, y tres en lo que va del 2009; de día, y porque los campesinos no dieron una protección adecuada al ganado. Solo uno ocurrió de noche, y dentro de una corraleta.

Sostiene que en ningún caso ha habido agresiones ni amenazas, tampoco actos vandálicos con piedras ni pedidos de rescate. Y que, según lo investigado, la mayoría de las firmas eran falsas, y otras se lograron engañando a los pobladores. Asegura que los hechos «no se corresponden en nada con la actual situación operativa, ni con los verdaderos criterios de los habitantes de ese barrio».

Aun con lo esclarecido, la historia puede servir de alerta a las autoridades de ese y muchos otros territorios del país. Es sabido que en los campos de Cuba se registran penosos sucesos de ese tipo. Por estos días se han recibido dos denuncias similares más: de Mario Manuel Pérez Naranjo, de El Pital, en Velasco, municipio holguinero de Gibara, y de Carlos González, de calle 108, número 4715, en San José de las Lajas, provincia de La Habana.