Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El respeto de las entidades estatales al ciudadano es condición sine qua non para que este último experimente el mismo sentimiento recíprocamente. Pero hay historias que lo niegan, sobre todo cuando una institución colindante afecta la vivienda de una persona, y sumerge en el olvido y la desatención las quejas de esta.

El de Israel Rodríguez (Avenida 7, número 403, San Felipe, municipio habanero de Quivicán) es un caso recurrente en esta columna. El 30 de agosto de 2007 reflejé aquí su denuncia acerca de la afectación que le produjo a su vivienda la demolición por parte de Comercio municipal de una vieja bodega colindante: la pared divisoria entre ambas edificaciones quedó casi colgando, indefensa.

Israel acudió a Comercio municipal, a Vivienda y a Fiscalía. Le prometieron que se iba a analizar el caso. Pero en eso quedó. Y el 8 de marzo de 2008, el afectado contaba aquí que, a raíz de lo publicado, lo visitaron los directores de la Vivienda provincial y municipal, y el Presidente del Gobierno en Quivicán. Ellos concordaron en que, desde entonces, Comercio debió levantar esa pared. Pero todo quedó en eso, una vez más. Tampoco esta sección recibió respuesta alguna.

Fue el 19 de noviembre de 2008 —más de ocho meses después— cuando respondió David Yero González, director de Comercio y Servicios en la provincia de La Habana. El funcionario manifiesta en ella que «en atención a la queja del ciudadano Israel Rodríguez, del municipio de Quivicán, se visitó su casa para comprobar si se levantó la pared que colinda con la bodega La Baria. Se pudo comprobar que se está trabajando para la terminación de la misma».

Agrega finalmente Yero que «en la visita anterior a esta no tenía columna en la pared ni se le había hecho el arquitrabe. En esta se pudo constatar que los materiales de construcción, como bloques, arena, cabilla y cemento ya están en la vivienda del compañero Israel, solo faltando la gravilla para su culminación. Nos aseguró la directora de Comercio en el municipio que en tres días estará terminada la pared del ciudadano, quien por escrito mostró su conformidad con el trabajo que se estaba realizando».

Pues, este redactor, aunque agradece la final consecución del objetivo, no está tan conforme como Israel. Y explico: después de reflejada aquí la primera denuncia del lector el 30 de agosto de 2007, nada se hizo. Luego del 8 de marzo de 2008, cuando publiqué su segunda denuncia, no hubo respuesta alguna, hasta que el 19 de noviembre recibimos la que hoy reflejamos.

Hubiera sido muy saludable, además de una disculpa pública con un ciudadano que tuvo que esperar tanto porque se le hiciera justicia, que se explicara por qué Comercio municipal alargó tanto la solución de un problema que creó sin dar explicaciones. Las instituciones, primero que todo, existen para servir a la ciudadanía y para rendirle cuentas.

El 20 de agosto de 2008, esta columna acogió la queja de Alberto Martínez (Rodríguez 712, entre Concha y J. Alonso, en el barrio de Luyanó, municipio capitalino de 10 de Octubre): un local que perteneció sucesivamente a distintas entidades, y permanecía abandonado sin techos ni puertas, como una guarida de transeúntes, en plena suciedad.

El 13 de enero pasado fue que recibimos la respuesta de Noel Batista Hernández, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en 10 de Octubre. En la misma, se precisa que, por decisión del Consejo de la Administración municipal, en ese local se realizará la construcción, por parte del MININT, de tres viviendas para casos críticos.

El local, explica, era patrimonio del Ministerio de la Industria Básica, y fue abandonado en el 2003, sin que mediara comunicación alguna al municipio, por lo cual se tomó el acuerdo de convertirlo en habitable. Feliz desenlace, lo mejor que podría pasar: tres familias tendrán vivienda donde reinó el olvido.

¿Engaño fijo o alternativo?

Un simple descuido puede desencadenar la tragedia de una persona, como en la historia que narra Enel Quintero López, vecino de la finca El No, en Potrerillo, municipio cienfueguero de Cruces.

Hace tres años se les asignó un teléfono del tipo fijo alternativo a los vecinos del CDR 4, de la zona 50, en la finca El No, pues a ese asentamiento rural no llega la línea de ETECSA por cable.

Se reunieron los vecinos, y decidieron otorgarle por unanimidad el teléfono a Enel. Y cuando este se dirigió a ETECSA en el municipio, con vistas a realizar el contrato para el servicio, descubrió que su nombre no aparecía en el listado de más de 300 beneficiados.

De inmediato, el afectado se dirigió a la Dirección Municipal de los CDR, y se entrevistó con el coordinador, quien le comunicó lo que había sucedido: el nombre de Enel, junto a los de otras personas, estaban al dorso del listado que enviaron desde la zona. Sencillamente no los vieron, y no aparecieron entonces en el listado municipal. No obstante, le aseguró que el asunto tendría solución.

Al ver que pasaba el tiempo y nada sucedía, Enel fue a ver al presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y este le dijo que pronto recibiría respuesta. Pero el 17 de enero de 2008, cuando me enviara su carta en correo electrónico, no se había cumplido la promesa.

«El engaño fue brutal —señala—, tanto a nosotros los afectados, como a los diez CDR que reunieron a todos los cederistas para otorgar un servicio que nunca existió ni llegó. Todo fue una farsa. Me siento molesto e indignado... porque a todo aquel que formó escándalo se le dio teléfono, y mi CDR tiene un servicio público a más de un kilómetro de distancia».