Acuse de recibo
Rafael Pino González me escribe desde El Mango, una localidad rural con aproximadamente 900 habitantes, en el municipio Río Cauto de la provincia Granma. Él es allí el director de la sala de televisión de la localidad
Cuenta que el municipio debe su nombre al río más extenso de Cuba, y además, cuenta con la presa Cauto del Paso. Sin embargo, en El Mango reciben agua tres o cuatro veces al año, cada tres o cuatro meses.
«La escasez de agua en esta localidad es un tema tratado en las asambleas de rendición de cuentas, y demuestra que hay un bajo nivel de satisfacción en los habitantes de un barrio donde está enclavada la empresa más importante del municipio, una de las que más producen en el Ministerio de la Industria Pesquera: CALISUR, que tiene un alto nivel de cosecha, procesamiento y exportación directa de camarón. En ella trabajan la mayoría de las personas que viven en este apartado lugar», precisa.
Refiere Rafael que hace más de dos años se está construyendo una planta potabilizadora en Guamo, a unos 11 kilómetros, la cual debe resolver el problema. «Pero las personas no beben planta en ejecución, sino agua», afirma.
Lo más preocupante es que los lugareños de allí arriesgan su salud bebiendo agua de una laguna estancada; pues no pueden cavar pozos, puesto que el agua manante es salada.
La segunda carta la envía Roberto Joel Torres Sánchez, residente en calle 36 número 3706, entre 37 y 39, Caimito, provincia de La Habana: un hombre que lleva 7 años desgastándose en trámites burocráticos para legalizar su vivienda.
Refiere Roberto que siempre ha vivido en esa casa, pero en 1995 su abuelo materno fallece; y en 1996 y el 2000 emigran su mamá y su abuela materna. Quedan su hermana y él como herederos de la casa, la cual posee un terreno, que es otra propiedad independiente de la vivienda.
En el 2000, Roberto se presenta en la Notaría y en Vivienda municipal para legalizar la propiedad. Después de presentar los documentos requeridos y realizar los pagos de trámites y sellos, se le informa que, según establece la Ley, el terreno debe ser confiscado. Y para adjudicárselo debe abonar la suma que se disponga por resolución, cuestión en la que está de acuerdo el reclamante.
Luego de esperar siete años, se le entrega la Resolución, donde se le informa que debe abonar por el terreno la suma de 1 683 pesos con 18 centavos.
«¿Quién debe representar al Estado cubano y a qué institución debo efectuar el pago?», pregunta alarmado. «Resulta que, a pesar de tener la suma, abunda, no puedo pagar porque ni la dirección Municipal de Vivienda de Caimito, ni la ONAT, ni el Banco Popular de Ahorro saben a quién corresponde hacer el cobro ni de qué forma».
Y dice más: «Es doloroso que una resolución que ha sido emitida en el 2004 se me entregue en el 2007. ¿Por qué se han demorado tanto para notificármelo?».
Roberto se casó y tiene un hijo. Sin embargo, su esposa vive bajo su mismo techo como si fuera una ilegal, pues él no ha podido todavía poner la propiedad a su nombre, y por lo tanto no puede incluirla en el registro de Direcciones.
¿Por qué un ciudadano tiene que sufrir tanto por lo que le pertenece?
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