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La administración Bush ha puesto en ridículo los pregonados valores de la justicia estadounidense y deja otra vez en tela de juicio el andamiaje de su cruzada antiterrorista.
A 72 horas de la prevista comparecencia de Luis Posada Carriles ante el tribunal de El Paso por mentir acerca de su entrada ilegal a Estados Unidos, un intempestivo dictamen de la jueza Kathleen Cardone eximió al terrorista de esas pocas culpas materializadas en siete cargos, y lo dejó impune y libre.
La decisión exhibió otra vez la presión del chantaje de la derecha anticubana y terrorista de Miami, pero también los temores de la Casa Blanca a que salieran a la luz los vínculos de sucesivos gobiernos, de la CIA, y del propio clan Bush con el terrorismo de Estado planeado desde Washington, y del que Posada fue uno de los ejecutores.
Ello explica la inacción de las autoridades que, estando en posesión de todas las pruebas que incriminan a Luis Posada Carriles como terrorista rehusaron acusarlo como tal, lo que fue reprochado por la propia jueza Cardone en su dictamen de 38 páginas al calificar de «increíblemente escandalosas» y «ofensivas» las tácticas del gobierno para encausar a Posada. «A este tribunal no le queda otra alternativa que desestimar el encausamiento», sentenció.
Al insistir en la falta de las pruebas que debió suministrar la Fiscalía para juzgar a Posada como lo que es, la magistrada calificó de «mala conducta» la actuación del ejecutivo: «Como todos los acusados ante un tribunal, este acusado está protegido por ciertos derechos constitucionales. Este tribunal no va a echarlos a un lado ni ignorará la mala conducta del gobierno solo porque el acusado sea una papa caliente en términos políticos».
No debe perderse de vista que la decisión tiene lugar luego del «careo» que sostuvieran el gobierno y los abogados de Posada en torno a sus vínculos con la CIA cuando la Fiscalía, avisada por la defensa de que estaba dispuesta a hablar, emitió una moción en la que prohibía a Posada hacer alusión a esos vínculos en la vista del viernes. El terrorista respondió por medio de sus abogados ratificando las relaciones con la Agencia después del año 1976, y con una moción donde impugnaba la entrevista que le realizaran las autoridades migratorias, en abril de 2006, a tenor de su solicitud de ciudadanía, y en virtud de la cual se acusaba a Posada de mentir.
Ahora, el dictamen de la jueza da respuesta al pedido de la defensa de que se desestimaran aquellas declaraciones. La traducción de esa entrevista es imprecisa y no digna de confianza, afirma Cardone, quien acusó al gobierno de manipular de manera improcedente «la administración de la justicia criminal para conseguir una instrucción de cargos criminales contra el acusado». O, lo que es igual: de pretender que ella asumiera todo el costo del problema político que significa para la administración Bush, la presencia de Posada Carriles en Estados Unidos.
Según se informó, Posada viajaría hoy de regreso a Miami, aunque existe la probabilidad de una apelación de la Fiscalía, y quedan pendientes las gestiones de un jurado de Nueva Jersey para encausar al terrorista por su también probada responsabilidad en los atentados perpetrados contra hoteles cubanos en el año 1997.
Además, Venezuela sigue reclamando la extradición.
«Estamos revisando la decisión», afirmó Dean Boyd, vocero del Departamento de Justicia en Washington, en tanto Marc Raimondi, vocero de la Oficina de Inmigración y Aduanas, declaraba estar al tanto de que la acusación había sido eliminada y anunciaba que tomarían «las acciones apropiadas».
El desenlace abrupto de un proceso con el cual la administración Bush ha tratado de aparentar que está interesada en el ejercicio de la justicia cuando en verdad la ha coartado —como se queja en su dictamen la jueza Cardone—, tuvo lugar el mismo día en que el legislador demócrata William Delahunt cuestionó, en carta dirigida al Fiscal General, Alberto Gonzales, que Posada no fuera encausado como terrorista. Ello «pone en duda el compromiso de EE.UU. de combatir el terrorismo», dijo Delahunt quien, al frente de otros legisladores, planea la celebración de una audiencia congresional sobre el comportamiento del gobierno en este proceso.
