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Primero fue la punta del pie, pero la mafia detrás de Posada Carriles se ha despojado ya del vestido y promete un espectacular striptease que, sin embargo, será a la Casa Blanca a quien desnude.
La respuesta de sus abogados a la moción del gobierno que prohíbe a Posada hablar sobre sus nexos con la CIA el 11 de mayo, cuando el terrorista disfrazado de inmigrante ilegal acuda al juicio previsto en El Paso, no solo confirma que la claque prepotente de Miami está dispuesta a hablar: ¡está hablando ya!
Para quien conozca el historial y a la bancada de batistianos y verdaderos mafiosos atrincherados —como los mercenarios que son— junto a Posada, reivindicados en su repudiable figura, no debe sorprender la irreverencia. Muchas veces ellos, muchas veces, le han hablado de tú a tú a la presidencia.
Así, en su moción de respuesta —reseñada desde el lunes en el sistema computadorizado de información de los tribunales—, el equipo que defiende al terrorista desafía la valla interpuesta por la fiscalía e insiste en que hace falta rememorar los nada viejos tiempos de contubernio entre el acusado y la Agencia Central de Inteligencia. Evidentemente, ha habido un cambio en la estrategia. Primero querían un tribunal que no conociera los antecedentes de Posada —un imposible. Ahora son ellos quienes exigen las pruebas que la administración, atrapada en sus propias faltas, se niega a dar, y enarbolan el derecho «de dar a conocer al acusado ante el jurado».
La relación entre él y la Agencia «pone el caso en contexto, y ese contexto está determinado por la relación de 25 años de Posada con la CIA».
¿Acaso se trata solo de recordarle a Washington los favores que le debe a Luis Posada Carriles y a quienes, como él, han sido instrumentos de su política de terrorismo de Estado contra Cuba y América Latina? ¿O el chantaje avanza y ha escalado otro peldaño?
En verdad, no mucho habrían podido hacer los terroristas de Miami, y no solo Posada, sin el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia y el beneplácito —¡y la complacencia!— de gobiernos que los usaron.
Por eso, la más punzante aseveración que ha recibido la administración Bush en este alegato de los súbditos convertidos en extorsionadores, desmiente a la Casa Blanca y remarca otra vez la trascendencia del año 1976.
El sabotaje al avión de Cubana en Barbados y el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit en Washington, se cometieron ese año luego de la fundación del CORU (organización de la contrarrevolución terrorista), y cuando George Bush padre, antes que presidente, era director de la CIA. Washington sabía: lo prueban los documentos.
En abril había estallado una bomba contra la embajada de Cuba en Portugal; en julio, otro artefacto hizo explosión en el Centro Cultural Cuba-Costa Rica, de ese país y, ese mismo mes, similares atentados ocurrieron en la sección de equipajes de vuelos de Cubana de Aviación, en Jamaica; en la Oficina de la agencia en Barbados, y en las de Air Panamá en Colombia...
De ahí que, contradiciendo a los fiscales, los abogados de Posada han negado tajantemente que los vínculos entre su defendido y la CIA hubieran estado concluyendo —o «a punto de terminar», como dice, ambiguo, el texto del gobierno— en 1976. Esa información, dicen, «es incorrecta» y, para corroborarlo, enumeran la participación de Posada en el Iran-contra durante los tiempos de la guerra sucia de Ronald Reagan y su vicepresidente Bush (padre) contra Nicaragua y, también, su presencia en los que tildan como «otros conflictos contra las guerrillas comunistas en los años 80».
Las impudicias que la mafia terrorista de Miami está dejando al aire, hace tiempo las estamos denunciando los cubanos. Pero, como se ha evidenciado, comprometen mucho a Washington y, específicamente, al clan Bush.
TAMPOCO ES MENTIROSONi cortos ni perezosos, los abogados presentaron también otra moción encaminada, presuntamente, a rebatir que Posada Carriles haya mentido acerca de su entrada en EE.UU., y afirman que el gobierno lo engañó porque, sabiendo que no clasificaba para obtener la ciudadanía debido a sus antecedentes penales en Panamá —pues esos no los pudo borrar con el indulto Mireya Moscoso—, lo entrevistó con fines de naturalización del 25 al 27 de abril de 2006. Sin embargo, se quejan, el propósito habría sido solo acumular más información del propio Posada en su contra.
El objetivo fundamental de la entrevista, añade la defensa, fue lograr evidencia para encausarlo por fraude migratorio.
En declaraciones al sitio informativo digital Cubadebate, el abogado que representa a Venezuela en su pedido de extradición, José Pertierra, consideró improbable que esta segunda réplica prospere. «Si el gobierno sabía de antemano que el terrorista no calificaba para la naturalización, también lo debería haber sabido su equipo (...) Si Inmigración lo citó y Posada quiso ir voluntariamente, lo que dijo en la entrevista bajo juramento es evidencia en este caso», explicó.
