Jóvenes de ley

ARTEMISA—. Jueves en la noche. Un grupo de adolescentes está reunido en una casa de estudio. Se preparan para un dramatizado sobre el tema que les ha tocado exponer para el seminario del día siguiente. El trabajo es sobre la Constitución de la República de Cuba. Están animados. Pero la madre del alumno anfitrión busca insistentemente un ejemplar de la Ley de leyes. Y sigue sin conseguirlo.

Por más que su entusiasta profesor les haya sembrado el interés por conocer la Carta Magna, los esfuerzos parecen vanos. De casa en casa se apagan las fuerzas de los muchachos cuando descubren que no encuentran el basamento teórico para preparar su teatro. ¿Dónde está el problema?

Como cuento aprendido de memoria improvisan algo de lo más conocido y evidente. Pero quedan sin ese acercamiento profundo y certero. Quizá deban esperar unos años a que sus estudios o la vida le exijan hojear la Constitución de su país. Esperemos que así sea.

A unos kilómetros, en la capital habanera, Laura Isabel Álvarez, estudiante de la enseñanza politécnica, admite que no conoce ninguna ley aunque sabe que por estas se rige la sociedad. A su lado, Rosaura Prada confiesa sus 55 abriles y la verdad de que no ha leído la Constitución. La historia habla por sí sola. No es un mal de las nuevas generaciones.

«Si eres estudiante universitario debes estar actualizado, pero eso tiene que ver con la forma de ser de cada cual, porque la cultura no se puede imponer, uno la desarrolla si desea», nos responde Juan Carlos Jaime, estudiante de segundo año de Química en la Universidad de La Habana, cuando le inquirimos sobre el conocimiento de las leyes por la juventud cubana.

«Si se prestara atención fuera suficiente lo que se divulga, pero hay jóvenes que, aunque tengan otros conocimientos, están ajenos a esos temas. El conocimiento está ahí, porque en la televisión y por los medios de prensa se pone, pero quien no lo lee o ve, no puede saber», insiste el muchacho.

En otro pasillo del centro de altos estudios hay quien piensa diferente. «Nos interesa conocer las leyes, pero no hay suficiente material para llegar a ellas. Uno va al estanquillo y no encuentra nada. Pienso que debería existir un sitio digital de fácil acceso donde estuvieran las normas y uno pudiera interesarse. Hay desconocimiento y vagancia, pero también poca información», no duda en replicar Francis Cruz, estudiante de Computación. Y va más allá.

«También ocurre que algunos piensan que leyes no es igual a justicia y no se sienten identificados, sino que creen que las normas están para perjudicar más que para ayudar. Incluso dicen: “Muchas leyes y para qué si nadie las cumple”. Un ejemplo clásico se da con el carné de identidad. Puedes saber que es incorrecto entregarlo en cualquier lugar que lo pidan porque la ley lo establece, pero escoges no meterte en eso porque es mayor el problema si te pones a discutir», ejemplifica.

Cuando presentamos la investigación sobre el tema en la más occidental de las provincias cubanas, comprobamos que las personas consideran importante conocer las normas jurídicas, pero ninguno de los entrevistados pudo recordar la frase martiana que aparece en el preámbulo de la Constitución de la República de Cuba y tampoco un fragmento o artículo suyo. Sobre las leyes no encontraron una respuesta certera; apenas señalaron la pertinencia de entenderlas para evitar incurrir en su violación y que existen normativas de consulta frecuente por su necesidad, como el Código de Familia y el de Vialidad y Tránsito.

El ejercicio, más que un examen de memoria, denota que son cuerpos legales no consultados con frecuencia.

El desconocimiento de la ley en general y de la Constitución en particular por parte de la ciudadanía es una realidad. Las causas responden a que se ha considerado a veces que se puede construir la democracia sin apelar al Derecho, sin sentir la necesidad de guiar y ordenar el país desde las normas jurídicas, opina el máster en Ciencias Orestes Rodríguez Musa, profesor de Derecho de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca.

Un equipo de este diario salió a las calles e instituciones para buscar pareceres e intentar llegar a una opinión certera sobre el estado de la cultura jurídica en la juventud cubana. Como en todo tema complejo, no hay una sola verdad. Pero si se miran las consecuencias de la falta de este saber, entonces sí confluyen las reflexiones.

¿Nada de nada?

«No conozco en absoluto ninguna ley», nos suelta sin más Yaíma Cruz, ama de casa de 30 años. Rider Gómez, chapeador de 22 años de edad, dice que no ve la televisión ni le gusta leer; por eso le es difícil conocer estos temas.

Denisse Hernández, especialista de Comunicación del Canal Educativo, afirma que solo conoce con profundidad la Ley sobre el adiestramiento y el servicio social, debido a que se informó por necesidad cuando terminó su carrera.

«Creo que esto se debe a que no existe una intención desde el ámbito académico de estudiar profundamente la Constitución, pues es un documento del que se habla en algunas clases, pero no resulta de obligatoria lectura. En ninguna de las asignaturas de mis años de estudio tuve que leérmela. La venden por ahí, pero como no se me inculcó esa importancia, no me acerco. No me parece que en los medios de comunicación sea suficiente esta información», aclara.

Sobre este aspecto, fuentes del Ministerio de Educación aseguran que actualmente niños y jóvenes cubanos reciben amplia preparación acerca de la legislación del país, y temas como la Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Juventud son abordados en clases y actividades extracurriculares.

Desde quinto grado el alumnado recibe la asignatura de Educación Cívica, en la cual se abordan estos temas. Además, de manera transversal se hace referencia a los mismos en otras asignaturas, como Historia o Literatura. En el caso de los estudiantes de las carreras pedagógicas reciben estas enseñanzas como parte de sus programas de estudio.

De acuerdo con las declaraciones de Yoel Paredes Rojo, especialista de la sección de Notaría en Mayabeque, algunas personas alegan: «Han violado mis derechos»; pero ¿en qué se fundamentan para asegurarlo? ¿Han leído la Constitución? «No, nunca», suelen responder. Es necesario comprender las leyes relativas a los derechos ciudadanos y después formular una opinión y argumentarla.

«Principalmente en las aulas es donde tiene que incentivarse el estudio de la Ley de leyes, que rige los principios de nuestra Revolución. Para motivar su análisis puede vincularse a diversas asignaturas», explica.

Dayana Fundora Rodríguez, diputada de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y funcionaria del área jurídica de las oficinas auxiliares de este órgano, comenta que la ciudadanía está ávida de cultura jurídica, pues en las escuelas se abordan algunas cuestiones elementales del sistema político cubano y la institucionalización del Estado, pero no a profundidad, por lo que se requiere de mayor divulgación de normas de vital importancia para la población, que no se conocen totalmente.

Cuenta Dayana que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos realiza una serie de audiencias públicas en varias provincias donde se abordan temas como el proceso legislativo, la institucionalización del Estado cubano, el sistema político de Cuba y otras cuestiones imprescindibles para que la ciudadanía conozca sus deberes y derechos.

La joven diputada insiste en que para llevar la aprobación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se realiza un proceso de consulta con el pueblo, en dependencia del sector de la población con el que tenga relación la norma jurídica. En ese momento se produce un acercamiento real a las normas.

«En el caso del Código del Trabajo, que fue el más reciente, se discutió en todas las secciones sindicales de los centros laborales, donde fueron expuestas muchas consideraciones que conllevaron la modificación, adición o eliminación de cuestiones previstas en el proyecto. De igual manera sucede con otras normas que competen a los ministerios, además de las discusiones que se desarrollan en los territorios con los diputados sobre los proyectos. Posteriormente, en las Comisiones Permanentes de Trabajo que sesionan días antes del período ordinario o extraordinario de la Asamblea, se discuten las normas por los diputados y en el plenario se somete a discusión y aprobación el proyecto que se convierte en ley cuando es aprobado por el Parlamento», describe.

¿Ciudadanía sin cultura jurídica?

Considerarnos ciudadanos implica habitar en un Estado como sujetos de derechos civiles y políticos, y por ende es imprescindible dominarlos; pero ¿realmente conocen todas las personas sus derechos ciudadanos?

La cultura cívica del hombre y la mujer como ciudadanos frente al Estado pasa por la cultura jurídica: debemos ganar esa percepción de que ambas van de la mano porque existe una correlación entre ellas, y, a pesar de las limitaciones en los espacios periodísticos, deben abordarse más estos asuntos que interesan a toda la población. Estas ideas las defiende el Doctor en Ciencias Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Víctor Julio Arranz.

Este jurista sostiene que la prensa escrita debería evaluar la posibilidad de crear secciones periódicas para abordar los temas jurídicos del momento y algunas inquietudes como las que están en el área del trabajo por cuenta propia, la venta de viviendas u otros asuntos de reciente aplicación en los que pueden estarse produciendo violaciones de lo legislado.

Arranz rememora que hubo un período en el cual algunos llegaron a pensar que no era necesario el Derecho e incluso no había un reconocimiento social a quienes decidían estudiarlo, porque primaba una perspectiva romántica que confiaba en que la sociedad se iba a autodirigir y el Derecho se suprimiría de un plumazo. Ese problema afectó los conocimientos sobre estos temas y hoy nos obliga a trabajar intensamente», analiza.

«Es importante que la sociedad reconozca al Derecho como instrumento, porque este vive en tanto y en cuanto la sociedad lo interiorice», expone.

El joven abogado Harold Bertot Triana, presidente del club martiano Enrique Hart y conductor del espacio Derecho a debate, organizado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, argumenta que es imposible desconectar el análisis sobre el desarrollo de la cultura jurídica en cada sociedad de factores disímiles de índole histórico y coyuntural, como el carácter ideológico de las concepciones que la forman, la idiosincrasia, el nivel de desarrollo económico, la tradición cultural, el modelo político y otros.

«La importancia de la cultura jurídica radica en que estamos hablando de la comprensión y afirmación de la ciudadanía como condición política y jurídica. Ello implica que entendamos que su dimensión exacta no se circunscribe a la comprensión de determinados procedimientos jurídicos o trámites burocráticos, sino que se extiende a la aprehensión de problemas sociales que tienen que ver con relaciones sociales más complejas: el poder, la relación individuo-Estado y los derechos ciudadanos, por ejemplo.

«Es por ello que la cultura jurídica —a la cual le son afines conceptos que pueden integrarse para su análisis, como “civilidad” o “educación cívica”— trae consigo algo más que la certeza de la existencia de una formación de un ciudadano respetuoso y obediente de la ley. Trata también de la formación y educación de un ciudadano capaz de asimilar y analizar de forma crítica los fenómenos o procesos sociales y políticos, y de participar decisivamente en la construcción de su realidad social y política.

«La cultura jurídica solo puede crecer en un sentido exponencial si es capaz de encontrar dos campos abiertos en igual proporción para su elevación, pues no basta que esta solo tenga intención de desarrollarse desde lo pedagógico y educacional si no encuentra espacios para su realización efectiva», apunta.

Precisamente en la presentación del espacio Derecho a debate, destacados profesores de la Facultad de Derecho de la UH como Marta Prieto, Andry Matilla y Yuri Pérez debatieron sobre el rescate de la conciencia jurídica, incluso en el sector de los operadores del Derecho, que muchas veces deben someterse al aprendizaje constante, debido a la profusión de leyes y a su dispersión.

En este aspecto el Ministerio de Justicia trabaja para facilitar el acceso y la comprensión de cada disposición jurídica vigente.

Quienes asistieron al encuentro analizaron también cómo mediante los dramatizados televisivos pueden transmitirse estereotipos errados, cuando estos materiales pudiesen contribuir a aumentar la cultura jurídica y el conocimiento del funcionamiento de las instituciones. El Derecho no es solo en blanco y negro, coincidieron.

Si no aparecen las normas…

Según estudios de carácter nacional acerca del conocimiento de sus derechos por niños, niñas y adolescentes cubanos, realizados por el Centro de Estudios de la Juventud, el diapasón de derechos reconocidos se ha ampliado de un estudio a otro, aunque educación y salud se mantienen como los más conocidos por las nuevas generaciones.

Se supo igualmente por las investigaciones que la principal vía por la que infantes y adolescentes conocen sus derechos es la televisión, junto a madres, padres y el profesorado capacitado que se encarga de sensibilizar e influir en las familias y los educandos.

En dichas investigaciones se han identificado brechas en esta educación como la insuficiente sensibilización, información y capacitación; así como la necesidad del uso de herramientas metodológicas para el proceso de educar en derechos: cómo hacerlo; de qué manera; qué conocimientos transmitir; cómo evaluar la comprensión y apropiación de estos derechos en las poblaciones metas.

Igualmente se señalan insuficiencias en la preparación del docente, que prioriza contenidos de los programas y planes de estudio, pero no los vincula con la educación en derechos y deberes como parte esencial de esa educación, ni la concibe integralmente, sino con una visión parcializada del asunto, que se circunscribe —fundamentalmente— a la asignatura de Educación Cívica.

Cada año editoriales como la de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y la Ignacio Agramonte, del Ministerio de Justicia, entre otras, dedican esfuerzos a imprimir textos sobre materia jurídica. Las leyes y decretos-ley fundamentales se llevan a gran parte de las librerías del país y anualmente se preparan compilaciones que actualizan en temas más especializados.

Todos estos intentos editoriales se minimizan ante un reclamo frecuente: el lenguaje. No es fácil entender un texto especializado sin la ayuda de los conocedores, coincide la juventud encuestada para este trabajo.

Respecto a la Gaceta Oficial, el Ministerio de Justicia ha reconocido que la tirada de este documento no es suficiente para la demanda del pueblo. La Constitución ha gozado de mayor suerte y se le puede hallar incluso en el práctico formato de minilibro, aun cuando hemos constatado que no resulta de interés para la mayoría de los inquiridos el acercarse a un texto cuya modificación se prevé en un futuro cercano.

En palabras del especialista en Derecho Notarial, Paredes Rojo, sin embargo, «adquirir la Constitución es una dificultad, no es bibliografía asequible. A veces en la librería está, pero escasea, y en las bibliotecas públicas no hay muchos ejemplares. La adquisición de la Gaceta Oficial resulta difícil, pues no se imprimen ejemplares suficientes. Sabemos que está en Internet, pero es la minoría de la población la que tiene acceso a la red. Llega a algunos centros de trabajo, donde, por lo general, no se lee» puntualiza.

Oneida Benítez Quintero, técnica de la Biblioteca Hugo Rivero Álamo, de San José de Las Lajas, dice que la Constitución se encuentra en ese centro. «Muchas personas, sobre todo jóvenes, vienen a consultarla, principalmente para realizar tareas escolares, y también se les da en préstamo». Sin embargo, la librería de la capital mayabequense carece de ejemplares, aunque según la librera Bárbara Hernández estuvo disponible hasta hace poco tiempo.

Odalys Azcuy Tejera, administradora de la librería Vietnam Heroico, ubicada en la calle principal de la ciudad pinareña, afirma que hace más de tres años no tienen la Constitución a disposición de los lectores: «Se reciben pocos libros de Derecho, la Gaceta se puede encontrar en los estanquillos, pero aquí hace tiempo que no entra ese tipo de texto, a pesar de que son muy buscados».

Ante semejante situación, las personas interesadas en consultar la Constitución en Pinar del Río deben acudir a las bibliotecas del territorio, pero según apunta Milayda Hernández Acosta, trabajadora de la biblioteca provincial Ramón González Coro, en este centro se presta solo para consulta interna, en una edición que no es la más reciente.

Adalberto Hernández, director del Centro Cultural Librería Alma Máter en la capital, relata cómo a la institución llegan muchas personas en busca de libros sobre materia jurídica. Son de los más vendidos, confirma.

El tema es debatido una y otra vez. Evidentemente su solución no llegará en un período cercano de tiempo. El estudio de cuerpos legales básicos, por otra parte, no puede ser impuesto, debe surgir como una necesidad de la ciudadanía.

Para ello tiene que existir una infraestructura que lo respalde. Está pendiente colocar nuestra Constitución al alcance de todos y desarrollar otras estrategias para propiciar un acercamiento real al resto de las leyes y una verdadera conciencia ciudadana de la necesidad de la cultura jurídica, entendida no solo como el conocimiento de las leyes, sino como el respeto y la responsabilidad ante ellas de autoridades y ciudadanos.

En tal sentido, el Ministerio de Justicia desarrolla el Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Cuba, en coordinación con la Unicef, con el propósito de elevar los niveles de conciencia jurídica. Se persigue también fortalecer una cultura de derechos, diseñar una estrategia de medios de capacitación y divulgación diferenciadas, y lograr mayor participación de los niños, niñas y adolescentes.

Para ello, posee centros de referencia en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Además de contar con la sede nacional, ubicada en el propio Ministerio, el proyecto trabaja con equipos técnicos compuestos por órganos y organismos del Estado, organizaciones, centros de investigación y otros invitados, y cuentan con publicaciones que divulgan nociones del conocimiento necesario para estas edades. Junto a los concursos que promueven, la Unicef ha realizado donativos a bibliotecas públicas del país de textos de materia jurídica.

«Es importante que desde la escuela, la familia y la sociedad, se sienta la urgencia de conocer, indagar y debatir en torno a estos temas. La educación desempeña un rol esencial siempre y cuando se empleen métodos dialécticos y no reproductivos», insiste Orestes Rodríguez Musa, profesor de Derecho de la Universidad pinareña.

En las calles de La Habana pueden encontrarse varios puntos en los que se vende, junto a otras leyes de uso frecuente, la Constitución en el práctico formato de minilibro.

«El Derecho no es solo la norma escrita; la ley es, primero que todo, valores; por tanto el Derecho, cuando se enseña y promueve, se debe impartir, más que desde su contenido dogmático, desde el axiológico (que promueve la elección por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales). No se puede inculcar solamente la ley escrita, sino los valores que promulga, como la justicia, equidad y libertad. Además, la norma se respeta, pero se estudia con un sentido crítico. Nos hemos acostumbrado a garantizar nuestros derechos a través de vías como las garantías políticas, aunque primero se deberían explotar y agotar las garantías jurídicas.

«Todo lo que se haga en función de que el Derecho y la Constitución desempeñen su papel de ofrecer seguridad jurídica a la ciudadanía, es tanto como hacer en función de la democracia y del funcionamiento del sistema político cubano, y es también requisito indispensable para seguir disfrutando las garantías y derechos fruto de las conquistas de la Revolución Socialista Cubana», arguye.