Acuse de recibo
EL pasado 25 de julio, y desde Sagua la Grande, el lector Jorge Machín Véliz denunciaba aquí indisciplinas e ilegalidades que los vecinos cometen impunemente en el reparto Hospital Viejo de esa ciudad villaclareña.
Contaba que hay cuatro edificios que tienen tanques colectivos de agua desde que se construyeron, y ciertos vecinos los perforaron; al tiempo que anexaron tanques auxiliares de su propiedad, para ser los primeros en acceder al líquido y acaparar la mayor cantidad.
«Ocurre que los que no tienen ilegalidades se demoran en coger agua, o en muchas ocasiones no la alcanzan. Es la ley del más fuerte: los que tienen más recursos ponen soportes con tanques a la vista de todos; y como nada los detiene, otros vecinos se han sumado», refería Jorge.
La acción egoísta, de beneficiarse unos en detrimento de los otros, provocó discusiones entre los vecinos, sin que los inspectores tomaran cartas en el asunto, conociendo el problema.
Y el pasado 31 de octubre, más de tres meses después de la publicación del caso, fue que llegó a esta redacción la respuesta de Yaslen Ojeda González, vicepresidenta para las Construcciones e Inversiones del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Sagua la Grande.
Precisa la funcionaria que se creó una comisión, presidida por ella misma, la cual visitó la dirección citada por el remitente de la carta, y pudo constatar que el mismo no reside allí, ni coinciden las entrecalles con la localización brindada.
No obstante, se comprobó la existencia de diez tanques ilegales y particulares en los cuatro edificios. Y en entrevista con el encargado de la turbina, se supo de varios «ladrones» de agua e instalaciones ilegales, con perforación en el tanque parcial y original de los edificios.
Afirma la vicepresidenta que se apercibieron a todos los infractores, y se les dio un plazo de 30 días para la eliminación total de las ilegalidades.
Aunque bastante tardías la visita al escenario de los hechos y la respuesta, agradezco esta última, aún cuando no esclarece por qué, si los inspectores conocían de tales indisciplinas y arbitrariedades, no actuaban.
A todas luces, el denunciante escondió sus señas, pero tenía razón. ¿Qué sucede, al extremo de que el CAM de Sagua la Grande no conocía de tales desafueros, y reacciona a partir de la revelación en esta columna?
Rogamos al CAM de Sagua la Grande nos dé información de lo sucedido, pues ya se cumplió el plazo para la erradicación del problema.
Desde que el huracán Irma dañó seriamente la cuartería donde ha vivido Lidia Álvarez Izquierdo, en Maceo 13, poblado de Falla, en el municipio avileño de Chambas, esta señora se lamenta de las acciones precipitadas sin previsión ni garantía de cumplimiento.
Cuenta la remitente que tras el paso del huracán, del Gobierno municipal fueron varias veces a orientarles a esos vecinos que buscaran para dónde albergarse, pues iban a demoler esas viviendas para construirlas nuevas.
Les dijeron que las nuevas casas estarían pronto, pues una cooperativa era la encargada de las obras. Pero hace poco los ejecutores se fueron, con sus instrumentos de trabajo. Y retornaron representantes del Gobierno municipal, para informarles que las casas demorarían quizá para 2019 o 2020.
Lidia comprende las graves afectaciones que aún subsisten en el fondo habitacional de ese municipio, pero lanza unas cuantas preguntas, como para meditar:
«¿Por qué derrumbar nuestras casas, si la construcción demoraría (al menos teníamos un sitio donde estar sin molestar a nadie)? ¿Por qué decirnos que el proyecto y presupuesto para los materiales ya estaban si no es así? ¿Quién es el responsable? ¿Quién nos dará una respuesta que nos satisfaga?».
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