Acuse de recibo
Un S.O.S. desde el municipio villaclareño de Ranchuelo lanzó Ramón Hidalgo León (Ramiro Lavandero No. 9, entre Camilo Cienfuegos y Máximo Gómez) en el Acuse del pasado 19 de agosto, en función de ser mejor atendido para afrontar la situación crítica de su hijo.
Epiléptico y con retraso mental desde que tenía dos años, ya el joven cuenta con 21 y constantemente requiere de cuidados especiales, como que lo lleven de la mano a los lugares.
Agradecía el padre que su muchacho estuviese incluido entre los asistenciados sociales del territorio —incluso con prestación económica para ambos de 158.00 pesos—, pero se quejaba de otras carencias, como un necesario sillón de ruedas. Tampoco sentía Ramón que su vástago se hubiese beneficiado adecuadamente con las donaciones que para casos sociales entraban al municipio.
Al caso dan respuesta Yanira Jauriga Pedraza, técnico de Atención a la Población en la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), en Ranchuelo, y Juan Carlos Pérez Díaz, presidente de este Órgano hasta el pasado mes de diciembre.
Exponen ambos que el papá, de 64 años de edad, padece de gastroduodenitis crónica, hipertensión arterial, glaucoma y trastorno siquiátrico, y su hijo, Reinier Hidalgo Ruíz, presenta un diagnóstico de retraso mental moderado, epilepsia y lesión estática del Sistema Nervioso Central.
Acotan que además de ellos dos, reside en el hogar «Miriam López Díaz, esposa del promovente desde hace varios años, aunque él mismo refiere que ya están divorciados y que ella se encuentra en la casa porque está reuniendo para comprarse una vivienda». Asimismo apuntan los representantes de la AMPP que actualmente Miriam trabaja en Servicios Comunales y se desempeña como operaria de limpieza de calles, «devengando un salario básico de $285.00, pero esta actividad está vinculada y cobra un salario mayor, el cual tiene una cuantía de $1 085.00 mensuales; (...) en el mes de julio la trabajadora cobró $1 122.04».
El núcleo familiar, señalan, está identificado como caso crítico y ha sido beneficiado, por la Resolución 29, «con la entrega del módulo de cocción, una cama personal con colchón y dos pijamas; también se debe mencionar que la circunscripción donde reside el promovente ha presentado problemas referentes a estabilidad de trabajadores sociales, por lo que se le realizará levantamiento de necesidades para próximas entregas de recursos».
El estado físico de la vivienda es regular y al respecto se precisa que en noviembre de 2012 le fue otorgado un apartamento en buen estado a la familia, el cual lo permutaron por esta en que residen actualmente.
En cuanto al sillón de ruedas, aclaran desde la AMPP en Ranchuelo que ni a la Aclifim ni a la Dirección Municipal de Salud (DMS) —vía trabajadora social del área— ha hecho Ramón solicitud formal de este dispositivo. En el caso de la Asociación, su presidente en Ranchuelo, Raúl Molina Castellanos, explicó que «Renier Hidalgo Ruíz ingresó (...) el 10 de febrero del año en curso (2017) y con relación a la silla de ruedas, refiere que la sede no tiene en existencia la misma, que reciben anualmente aproximadamente de cinco a seis (...), las que distribuyen a los casos más necesitados, siendo insuficientes en relación a las necesidades del municipio».
No obstante, le fue explicado al papá que cuando se disponga por alguna vía del implemento, podría evaluarse que su costo, de ser necesario, será asumido por la Asistencia Social y no aportado por la familia.
De la DMS argumentan asimismo que el hijo de Ramón se halla «incluido en el registro único de personas encamadas, postradas e incontinentes, y recibe cada tres meses el módulo correspondiente».
Yanira Jauriga y Juan Carlos Pérez califican la queja como sin razón, pues valoran que «la familia sí es atendida con prioridad en el municipio». Y anexan una copia digital del acta de notificación al promovente.
Agradezco la esclarecedora misiva. El panorama de salud de padre e hijo es aún más severo que como lo narraba la carta inicial; pero también han sido más las atenciones que las que el papá reconocía. Nada se especifica en la respuesta sobre los donativos para casos sociales de los que Ramón manifestaba no sentirse beneficiado.
Y a tenor de lo admitido por los funcionarios, destella el foco rojo de la estabilidad de los trabajadores sociales, compleja asignatura pendiente no solo en Ranchuelo, a juzgar por las cartas que recibimos.
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