México se aboca a otro momento histórico que debe allanar el camino en una lucha de la que poco se habla pero es necesario salvar, y resulta difícil.
El enfrentamiento a la violencia y el crimen pasa por la juramentación de jueces probos, desvinculados de compromisos de cualquier índole que coarten el ejercicio de la justicia.
Pudiera decirse que esa nueva etapa del sistema judicial mexicano inició desde junio, cuando por primera vez en ese país, las urnas se abrieron a la ciudadanía para que el electorado escogiera a casi 3 000 funcionarios de la justicia incluyendo a jueces, magistrados e integrantes de la Corte Suprema.
Ello dio lugar también a que sea un letrado de ascendencia indígena, y con 30 años de lucha por defender los derechos de los habitantes autóctonos, quien fuera escogido para presidir el poder judicial.
En declaraciones recientes a la televisión, Hugo Aguilar, un oaxaqueño de origen mixteco que lleva décadas luchando por que las comunidades y pueblos indígenas fueran incorporados al diseño jurídico y administrativo del Estado, consideró que su llegada a la Corte consolida en gran medida toda su lucha.
La existencia de un noventa por ciento de procesos judiciales sin sentencia, así como la imposibilidad de las personas de las comunidades de
acceder a abogados que los representasen, fueron citados por Aguilar entre las causas de la poca credibilidad de que ha gozado el poder judicial hasta hoy entre la ciudadanía.
El nuevo diseño jurídico ha ido incorporando principios constitucionales que nos permiten tener una visión social de la justicia, una ley para garantizar un equilibrio a los sectores hasta ahora excluidos.
Ese acontecimiento se materializará el próximo 1ro. de septiembre, y es considerado como uno de los más importantes cambios gestados por la IV Transformación, que inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum prosigue.
La emoción por las expectativas depositadas en el suceso ha sido expresada por la propia Presidenta, una mandataria concisa y clara que no habla de más, pero lo hace con transparencia.
En declaraciones este domingo, la Jefa de Estado consideró: «Estamos viviendo una nueva era en la justicia de nuestro país».
No fueron pocas las presiones de los integrantes del viejo poder judicial, conformado en muchos casos por magistrados que ocuparon cargos relevantes como resultado del nepotismo, según ha reconocido Sheinbaum, así como antes lo hiciera Obrador.
En las posiciones de quienes manipularon la verdad y afirmaban que la elección de los nuevos jueces daría al poder judicial un matiz político, se atrincheraron también representantes de la oposición, empeñados en tergiversar la verdad.
No obstante, la elección se realizó limpiamente con la participación de 13 millones de votantes que quedaron lejos del padrón, pero cuyo sufragio fue suficiente para que el ejercicio se considerase exitoso.
En unos días, esos resultados se materializan.
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