No ha sido solo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien ha querido acuñar públicamente sus simpatías por la política exterior de Donald Trump, y corrió a dictar la elevación de gravámenes a los productos de México que llegan a sus mercados, luego de que el mandatario republicano elevó los aranceles a las importaciones de su vecina nación.
Incluso Noboa lo ha excedido, porque decretó un aumento del 27, sobrepasando al 25 por ciento de su paradigma. Trump dio un mes de gracia a México antes de poner la medida en vigor luego de conversaciones con la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum. Pero Noboa no tenía nada que negociar o, más bien, México no tiene nada que negociar con él.
Según respondió, breve y concisa, la mandataria mexicana, las importaciones que hace su país desde Ecuador apenas representan el 0,4 por ciento para su país. Nada que amerite.
De enero a octubre del año pasado, las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia México sumaron 273 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones del mismo tipo de productos procedentes de suelo mexicano, totalizaron 471 millones de dólares.
¿Quién se perjudica más? Todo indica que el consumidor ecuatoriano.
Con premura, el argentino Javier Milei también ha ido detrás y, como la nueva administración estadounidense, que ya ha retirado a la potencia de instancias internacionales tan relevantes como el Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud y hasta del Consejo de la ONU para los Derechos Humanos, también se va de la OMS sin que se descarte, advirtió el diario local Página 12, su retiro de otros organismos internacionales.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la medida se adopta por supuestas «profundas diferencias» con la Organización que vela por las políticas internacionales de salud, y que el Gobierno libertario de Milei ha tildado de injerencistas.
«No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud», dijo Adorni, quien alegó las profundas diferencias con respecto a la gestión sanitaria, «especialmente durante la pandemia que junto al Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad».
La explicación es una verdadera barrabasada que recuerda las posturas negacionistas del mandatario libertario, y que pagará, también, el pueblo argentino.
Lo ha advertido la Fundación Soberanía Sanitaria, que dio cuenta de las afectaciones que ello significará para el acceso del país a fondos internacionales, el desarrollo de la investigación científica y la atención sanitaria a la población, incluyendo un menor acceso a vacunas y ciertos medicamentos; el recorte de fondos para enfrentar enfermedades transmisibles y la ausencia de asistencia ante emergencias provocadas por catástrofes naturales.
A esos precios, dos aspirantes latinoamericanos a una relación carnal con Estados Unidos —como la que presumía el expresidente argentino Carlos Ménem— imitan una política imperial absurda en ellos, y cambian unas palmaditas en sus hombros por el bienestar de sus pueblos.
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