Los más fervientes conocedores de la Constitución venezolana lo han reafirmado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta un mes desde el pasado 28 de julio para la publicación en Gaceta de los resultados de las elecciones presidenciales, como exhortó el pasado jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al declarar con lugar el recurso contencioso interpuesto por el mandatario Nicolás Maduro y convalidar así los resultados de la elección presidencial ofrecidos por el CNE.
Uno de los abogados venezolanos de mayor prestigio, el constitucionalista Hermann Escarrá, ha explicado fehacientemente la legitimidad del poder electoral en la hermana nación, el cual tiene sus raíces en la visión de Simón Bolívar y en la estructura y organización que le impregnara Hugo Chávez en la Constitución de 1999.
Escarrá argumentó recientemente que el proyecto presentado por Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente de ese año no solo estableció los cinco poderes del Estado, sino que también incluyó un poder electoral, diseñado para defender la democracia, los derechos humanos y la estabilidad política de Venezuela.
El Artículo 155 de la Ley orgánica de procesos electorales no habla de actas, no las menciona por ningún lugar. Y es ahí en lo que se equivocan los defensores de Edmundo González y María Corina Machado.
Precisamente, el CNE, en su primer y segundo parte, ratificó la elección de Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana. Y en su papel de ente rector facultado mostró la puntuación que cada uno de los diez candidatos en la contienda obtuvo a partir del voto popular. Como se conoce, se ralentizó el proceso por el hackeo informático al sistema de transmisión, un hecho que se encuentra bajo investigación por las autoridades venezolanas y en el cual no existen dudas del involucramiento directo del magnate Elon Musk.
Sin embargo, algunos, azuzados por criterios injerencistas y total desconocimiento de la institucionalidad venezolana, comenzaron a proclamar como ganador a Edmundo, mientras otros gritaban a todo pecho que se mostraran las actas, una petición que nunca se le ha exigido a nadie. ¿Por qué entonces la insistencia, en el caso venezolano, de que se pongan todas las boletas sobre la mesa?
A pesar del invento de una página web, como ha denunciado también Escarrá, llama la atención que los dirigentes de los distintos partidos que apoyaron al principal candidato de la oposición no presentaron evidencias electorales; más grave aún es el hecho de que reconocieron no tener actas de escrutinio ni listados. Tampoco, afirmaron, saben quiénes subieron las supuestas actas a la plataforma digital, donde quedaron claras las distorsiones, errores u omisiones, faltas e ilegalidades cometidas.
En este escenario, Maduro acudió al TSJ para entregar las actas que avalan el apoyo obtenido el día 28. Igualmente hicieron los restantes candidatos, excepto uno: Edmundo González. ¡Vaya paradoja!
No es para nada casual que quienes desconocen la legitimidad del ente electoral venezolano también cuestionen la decisión del Tribunal Supremo, cuya actuación está plenamente apegada al mandato de la Constitución.
El TSJ realizó un peritaje exhaustivo y en profundidad de los materiales sobre las elecciones, conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales. Terminada esa minuciosa labor convalidó los resultados ofrecidos por el CNE.
También resulta sospechoso que ahora, cuando la economía del país crece en el primer semestre de 2024 cerca de un ocho por ciento, uno de los más altos números de la región, aparezca esta avalancha en contra de la Revolución Bolivariana, aprovechando la contienda electoral.
Más allá de una pugna legal, la batalla que enfrenta Venezuela es eminentemente política. Lo que está en disputa es la permanencia de un proceso en transformación constante para el bien de las mayorías, frente a la apetencia imperial de apoderarse de los recursos de un país que ha decidido defender su soberanía y no entregarse a las oligarquías capitalistas.
Esa voluntad soberana no se ha ganado por capricho. Corre por la sangre del bravo pueblo de Bolívar y Chávez, que a través de su voto decidió mantener vivo el legado de sus próceres en el respaldo a uno de los continuadores más tenaces, el presidente Nicolás Maduro Moros.
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