Los sindicatos o uniones en Estados Unidos son escasos e insuficientes para representar a la clase trabajadora de la nación con más poder económico del mundo y, para colmo, los multimillonarios arremeten contra ellos y quieren ilegalizarlos.
Realmente es sórdido, sucio, escandaloso e indecente. Los adjetivos pudieran ser muchos más, pero le dejo a su criterio personal otras variantes de nuestro enjundioso idioma y vayamos al grano. Los abogados de SpaceX, cuyo dueño es Elon Musk, y de Amazon, posesión de Jeff Bezos —ambos más que podridos en dinero—, dicen que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se equivocó en 1937 al permitir que los trabajadores tuvieran derechos en el trabajo.
Hace poco más de 17 lustros —exactamente 87 años—, bajo la administración de Franklyn Delano Roosevelt y su política de New Deal, los magistrados aprobaron la NLRA, es decir la Ley de Seguridad y Relaciones Laborales Nacionales, que no solo les permitió a los trabajadores formar sindicatos, también les dio la garantía a los jubilados de no caer en la miseria, y fue el fomento de la llamada clase media estadounidense, los ciudadanos que creyeron estar a solo unos peldaños de la mayor prosperidad y riqueza, basamento de la cultura social y anzuelo también para millones de migrantes de todo el mundo que aspiran alcanzar el «sueño americano».
La historia pudiera hacerse en detalle, pero no hay tiempo que perder —el tiempo es oro, ¿o no?—, y de todo sueño se despierta para verlo realizado o
comprobar que la vida sigue igual… y apenas fue una farsa, donde las vueltas diarias de la noria llevan una y otra vez a una situación económica nada comparable con la vida de Musk o de Bezos, quienes ocupan los lugares uno y dos en la corta lista de las personas más ricas del mundo; y son estos dos quienes quieren hacer trizas a la NLRA, porque es el organismo ante el cual los trabajadores despedidos ilegalmente por luchar a favor de la sindicalización presentan sus casos y dictamina.
El problema para los poderosos es que los sindicatos, que han ido diezmando durante décadas ante los tribunales procorporativos, parecen dar esperanzas a los trabajadores más jóvenes en un país cuya composición demográfica se ha ido moviendo de tal manera que las minorías (afroestadounidenses, latinos, migrantes de cualquier etnia) están aumentando en número y potencial. Téngase en cuenta que durante 2023 las cifras de huelgas en EE. UU. son las más altas desde el año 2000, según datos del Departamento de Trabajo, que dieron a conocer 33 huelgas laborales importantes con 458 900 trabajadores en paro por reivindicaciones salariales o mejores condiciones de trabajo, con el resultado que hace temblar a los autócratas corporativos, pues significan 16,7 millones de días de trabajo perdidos, muy superior a los 127 000 trabajadores en huelga en 2022, con 2,2 millones de días de trabajo perdidos.
Ese enfrentamiento de clases, porque lo es aunque se quiera borrar el término de la sociología actual, nos lleva a estas valoraciones. Bloomberg dio a conocer su lista de los multimillonarios del planeta y Jeff Bezos ha recuperado el título con 200 000 millones de dólares de capital y relegó al segundo escalón a Musk, que «solo» tiene 198 000 millones, porque el «pobrecito» centibillonario «perdió» 31 000 millones de dólares en 2023.
Según Oxfam en su informe sobre la desigualdad, desde 2020 los cinco hombres más ricos del mundo duplicaron sus capitales, mientras en ese lapso, casi 5 000 millones de personas en todo el planeta se han empobrecido; y en su análisis la organización estima que se necesitarán 230 años para terminar con la pobreza, algo que deja mal parada a la ONU y sus objetivos 2030.
Sin embargo, también Oxfam señala que siete de cada diez de las corporaciones más grandes del mundo tienen un director ejecutivo multimillonario o un multimillonario como principal accionista; y reitero que son estos dos, Musk y Bezos, representantes natos del poder y la concentración corporativa de las fortunas, quienes están pidiendo a los magistrados de la actual Corte —cuesta mucho trabajo darle el apellido de «Justicia»— que declare ilegales a los sindicatos o uniones en EE. UU., aprovechando la circunstancia de que seis de los nueve de sus magistrados están claramente clasificados en el bando del conservadurismo, garantía de que en los predios imperiales los poderes de su «democracia» responden a un lema: un mundo más igualitario no es posible.
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