Terminal de ómnibus Astro de Pinar del Río. Tres de la tarde. Había que «sudarla» para llevarse un fallo en la lista de espera hacia La Habana. «Ómnibus de Mantua con destino a la capital, completo», dijo el expedidor detrás de su taquilla. Replicó la misma expresión para el de Sandino.
La única esperanza estaba entonces en el carro Pinar-Habana, que salía del propio sitio a las cinco de la tarde. Sin embargo, solo se pidió un pasajero, y quienes aguardábamos para regresar «temprano» a La Habana tuvimos que dirigirnos al transporte privado.
Una sorpresa recibí cuando entregué al conductor los 20 pesos que imaginaba costaba el pasaje, como meses atrás. «Son 40 pesos», me replicó. «¿Por qué?», indagué enseguida. Como de costumbre, me dieron la clásica respuesta: «Esto es oferta y demanda, ¿lo tomas o lo dejas? Aparte de eso, los tributos subieron y el precio del combustible, ya tú sabes...».
Las decenas de personas que estaban allí, como yo, ante las imposibles oportunidades de la Yutong, abordamos el llamado carro de pasaje. Era inconcebible cómo se había disparado el precio hasta la capital, y también el de las distancias intermedias, pues en un tramo pequeño de 20 kilómetros, cobran lo mismo que si hicieras todo el trayecto, y si rebajan es menos de la mitad del costo oficial del pasaje.
La cuestión de los precios no fue el único tropiezo que enfrentamos los que viajamos en aquel vehículo, aunque sí el más traumático. También sufrimos la estrechez del pasillo para ocupar los asientos de tablas que no rebasaban los cinco centímetros. Por si fuera poco, en aquel espacio limitado iban decenas de pasajeros de pie en el área delantera de los asientos.
Este último aumento de precios tuvo su causa, a primera vista refieren los conductores, en que recientemente las autoridades elevaron las exigencias de las normas establecidas para los mencionados transportes masivos, limitando la cantidad de pasajeros a partir de que no deben llevarse personas de pie, lo cual eleva la demanda de transporte.
Vale recordar que estos carros comenzaron cobrando cinco pesos en 2010. Luego como «regalo» de fin de año subieron a diez; más tarde, un Día de las Madres, a 20; y luego a 25 y 30 pesos… La historia parece continuar, pese, incluso, a la discreta reducción en los precios del combustible.
Los propietarios de estos transportes masivos siguen tomándose la potestad de poner los importes que estiman, basados en que es «oferta y demanda», mientras son mayoría los pasajeros que opinan que en realidad lo que pretenden es subir las ganancias, a costa de los problemas serios que padece el transporte público del país.
Otros expresan que el disparo de precios está asociado a problemas de combustible, que para algunos porteadores tienen, al parecer, su solución en subirle el importe a un servicio que nada ha cambiado. Pero la gran interrogante es si verdaderamente semejantes precios de los transportistas por cuenta propia se ajustan a los precios del combustible y a otros gastos en los que deben incurrir —tampoco bajos para ser honestos—; o se aprovechan de vacíos legales en relación con los topes a las ganancias para, como insensibles «pescadores», hacer sus buenas cosechas en medio del revuelto río de las transportaciones públicas nacionales. Frente a todo esto no pocos se cuestionan por qué no regular los precios, o hacerlos compatibles con lo que alguien que conozco llama la verdad verdadera. ¿Quién protege al cliente?
No fue casual que la situación del precio del transporte, uno de los servicios más sensibles y necesarios, fuera un tema abordado ampliamente en la última sesión de la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esa instancia centró sus debates en las nuevas formas organizativas estatales y no estatales en el sector del transporte.
En el análisis se llamó a «buscar una fórmula que ponga coto a esos incrementos en las tarifas, para no afectar a la población».
Para los porteadores privados no existe la opción de subir uno o dos pesos. Piensan que esas cifras no tienen valor alguno. Quizás haga falta una medida que controle las tarifas límites en esa «oferta y demanda», que ha traído consigo la desprotección legal del consumidor.
Según el diccionario, proteger es igual a defender, valer, abrigar... Pero, ¿quién defiende al consumidor en las circunstancias que rodean hechos como los descritos anteriormente?
No solo es reclamar esa protección en las actividades de comercio minorista.
Se trata de que esa llamada protección al consumidor, lacerada también en no escasos espacios bajo administración estatal, no permita que la llamada ley de oferta y demanda se trastoque en la ley de la selva.
La cultura de protección del consumidor tiene que asumirse como parte de la actualización de nuestro modelo económico, cuyas raíces y esencias de sensibilidad, solidaridad colectiva y humanismo tienen que estar presentes también a la hora de garantizar un buen servicio.
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