Una nación es finalmente la suma de todos los individuos particulares, y según estos sienten, piensan, obran, así siente, piensa, obra la nación, nos dice el prominente jurista alemán Rudolf von Ihering, un venerable a quien la ciencia del Derecho debe importantes contribuciones.
A Ihering debemos la concepción de que el Derecho que no luchase contra la injusticia se negaría a sí mismo. Desde su percepción, todo derecho subjetivo es el resultado de un particular pulso, una fricción social. «Todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha», afirmó.
Su discernimiento de «lucha» alcanzó profundas significaciones con relación a la posición activa del individuo en la construcción del Derecho, y se contrapuso a las tesis que lo concebían definitivamente ajeno a la intervención activa del hombre, o a la actitud combativa del individuo.
En su dimensión del Derecho como constante lucha del individuo es que esta última comienza a verse como un deber ético personal. De esta forma enlazó magistralmente el campo normativo jurídico con el moral: que el origen último del Derecho tiene una motivación ética.
Si me remito a estas ideas del jurista alemán es para reafirmar que comparto su concepción de que nunca podría asumirse la justicia y el Derecho al margen de los individuos, como presumió un lector de un comentario en esta columna bajo el título Ser ciudadano (26 de junio de 2011).
Claro que sería imposible incentivar o construir a un ciudadano, con las implicaciones cívicas y sociales profundas que ello implica, obviando la existencia del individuo. Ello sin desconocer la trascendencia de la vida en sociedad para los seres humanos.
Una sociedad solo es el resultado de la comunidad de objetivos de los individuos. Así que aquella que pretendiera negarlo estaría privándose de la más esencial de sus partes, sufriría de una lamentable amputación.
Por ello es importante enaltecer aquella idea bolivariana de que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible. Y la felicidad, como es lógico suponer, solo alcanza una medida subjetiva en el sentir de cada individuo.
El Libertador agregó también a su idea del Gobierno perfecto: la mayor suma de seguridad posible, y la mayor suma de estabilidad política.
Su discípulo entusiasta, José Martí, advertiría más tarde que en los pueblos libres el Derecho ha de ser claro: «En los pueblos dueños de sí mismos, el Derecho ha de ser popular».
Heredero de semejantes dimensiones, el ideal socialista, más allá de las experiencias políticas concretas en su búsqueda, no puede identificarse con la pretensión de anular al individuo. Es preciso acudir nuevamente a la carta del Che a Carlos Quijano, editor del semanario uruguayo Marcha.
En la misiva el Che señala que es común escuchar en boca de los voceros capitalistas, como un argumento en la lucha ideológica contra el socialismo, la afirmación de que este sistema social o el período de construcción del socialismo al que estamos nosotros abocados, se caracteriza por la abolición del individuo en aras del Estado.
En su texto Guevara reconoce, sin embargo, que «el freno mayor que hemos tenido ha sido el miedo a que cualquier aspecto formal nos separe de las masas y del individuo, nos haga perder de vista la última y más importante ambición revolucionaria que es ver al hombre liberado de su enajenación».
A la Cuba que reconfigura los alcances de su socialismo no se le puede negar el propósito manifiesto de conciliar cada vez más los intereses de la sociedad con los del individuo, que por las circunstancias políticas e históricas en que se ha levantado la Revolución, sufrió reconocidos déficits.
Están ahí para afirmarlo, entre otras señales, la actitud proclamada al más alto nivel de que el Estado no debe interferir en las relaciones entre los ciudadanos, la apertura al trabajo por cuenta propia y la cruzada que le acompaña contra aquello que pudiera frenarla, la reciente firma del Decreto 292 para la compra venta de vehículos entre personas naturales y extranjeras, los pronunciamientos rotundos contra los prejuicios religiosos o de otra índole, y contra la incapacidad de aceptar las opiniones divergentes, así como los anunciados cambios en la política migratoria.
Todo ello comienza a alcanzar su forma legal en la labor del Grupo Jurídico de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, cuya función denota una voluntad conciliatoria entre las instituciones de la sociedad, y los ciudadanos-individuos.
Para que en definitiva la patria martiana a la que aspiramos llegue a ser «dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie…».
22
