De ciertos problemas, en este o aquel pueblo o municipio, se enteran a veces los órganos del gobierno local cuando uno de los afectados escribe a un periódico. Pero los medios, aunque integran también el sistema del control popular —otra definición equivaldría, en mi opinión, a falsear el papel de la prensa en el socialismo— no tienen por qué marcar la regla; más bien la intervención excepcional.
A ello aludía implícitamente cuando el viernes 20 de agosto departíamos sobre el papel de control que también han de desempeñar las asambleas municipales del Poder Popular. Alguien, sin embargo, me rectificaba asegurando que el delegado de circunscripción, en la práctica, carece de poder. Y resulta verdad en el aspecto material, pero no en el político. Porque si como individuo solitario no puede resolver las necesidades de sus electores, como miembro de la asamblea municipal tiene el poder de hablar, de informar, de promover el debate acerca de las insuficiencias, errores o distorsiones que afectan la aplicación de las leyes o resoluciones.
Escribo, por supuesto, desde la experiencia. Y al leer ciertas cartas, me inquieta que digan que la respuesta local cierra, por momentos, la posibilidad de cualquier solución. Y lo que es más preocupante: la explicación no resulta convincente: suele faltar el enfoque político, o la argumentación económica.
En estos días, me han llegado quejas sobre la necesaria supresión de las pensiones de seguridad social a quienes pueden aún trabajar o cuentan con apoyo familiar. Es sabido, y ojalá sea comprendido, que el país requiere atravesar las tembladeras del rigor. Oficialmente se ha dicho que cada día la dádiva y la gratuidad responderán, dentro de la actualización y racionalización de la economía, a una tendencia más estricta; más en consonancia con la justicia que con la «bondad derrochona», aunque toda justicia para que en efecto lo sea plenamente necesita una cucharada del jarabe generoso que la humanice.
Quiero decir, por tanto, que nunca he visto, ni oído, orientación del Gobierno que recomiende severidad sin tener en cuenta lo particular de cada expediente. Pero los lectores que me han entregado sus quejas, presentan razones al menos atendibles para que se les levante la tabla rasa del igualitarismo, que parece, en algún ejemplo, haber ahora cambiado de dirección, porque si antes servía para dar, ahora puede estar siendo empleado para no seguir dando.
No voy a exponer las historias. Desde mi sensibilidad y mi experiencia comprendo que se aprecian razones para encaminar estas cartas hacia las oficinas donde habrán de ser justamente reevaluadas. Me detengo, sin embargo, en algunas respuestas de las dependencias municipales implicadas. En síntesis, el argumento básico consiste en levantar el dedo pulgar hacia el techo y decir a la vez al reclamante: «Así lo han dispuesto desde arriba». ¿Solidaridad, orientación, esperanzas? Cuando más, dígale a su hijo que lo mantenga. ¿Y si el hijo es el enfermo, el incapacitado para trabajar, y el padre solo dispone de 260 pesos luego de satisfechos los gastos domésticos, y la madre ha vivido 20 años sirviendo al enfermo de un mal congénito que lo limita en el movimiento y el intelecto y que necesita ropas y calzado con frecuencia, pues los rompe, y medicinas, y viajes a La Habana?
No recomiendo qué hacer. Pero hago recordar que parece inadmisible esa distancia tan sorda entre el que en este ejemplo aplica la legislación y el afectado por ella, aunque sea justa en su formulación general. ¿Olvidamos acaso que vivimos en una sociedad eminentemente política, fundamentada en el consenso? Por ello, la política ha de servir para resolver, atenuar problemas o, ante la imposibilidad de solucionarlos, explicar racional y convincentemente las causas del «no procede».
Dicho esto, me empalmo con el principio. ¿Llegan a saber siempre las asambleas municipales del Poder Popular la distorsión con que en su ámbito, en algún momento, puede aplicarse una ley, una decisión central? Si no fuera así, se enterarían de algunos de estos casos por las páginas de un periódico o por la carta remitida a un ministerio y rebotada luego hacia «abajo», y entonces el papel de control popular de las asambleas municipales quedaría en el entredicho. El país no solo protege su justicia «arriba», donde se legisla y decide, sino «abajo», donde se aplica lo decidido. ¿De qué, pues, nos sorprenderíamos?
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