Por un lado, los representantes de la derecha en el Congreso recortan el dinero para el gasto social que iba a proveer de mínimos beneficios a más de 60 000 familias paraguayas y, por el otro, políticos y empresarios de esa misma clase que por más de 60 años detentó el poder, han amenazado a Fernando Lugo con un juicio político.
Como una pinza, atenazando por arriba y por abajo, esas que el propio Presidente identifica como fuerzas retardatarias, tratan de frenar el más leve cambio, cualquier avance del programa que hace un año intenta que sea menos bochornosa la pobreza en Paraguay.
No debe sorprender que el país con el 20 por ciento de sus seis millones de ciudadanos malviviendo en la miseria sea el mismo donde los manipuladores de la reacción digan que el Presidente estimula la «lucha de clases» solo porque en un discurso recriminó el egoísmo de los ricos; ni que ese deseo achacado a Lugo infunda tanto pavor que hasta hablen de enjuiciarlo. Como en todos lados ellos se aferran al poder, y hasta juegan a «las cortes» explotando un enunciado que, lamentablemente, todavía tiene la capacidad de revivir los fantasmas del anticomunismo entronizado por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Es, sin embargo, la intransigencia de esos ricos, la misma que plantea la disyuntiva clasista.
Pero el ardid ilustra también lo difícil que resulta al gobierno paraguayo mover una hoja. El recorte casi a la mitad del presupuesto que serviría a la Secretaría de Acción Social para completar en 2010 los proyectos ya iniciados en las capas más humildes y la «amenaza» del juicio, constituyen apenas algunos de los hechos recientes que han dejado ver a los sin nada los ribetes de un complot político; aunque el mandatario haya explicado el martes que no hay peligro de un golpe de Estado militar.
Fue una aclaración que más bien pareció destinada a frustrar las maniobras de los mismos que se beneficiarían, además, sembrando zozobra e inestabilidad. Para las fuerzas políticas y sociales que apuestan a la inclusión social ratificada por Fernando Lugo, el caso Honduras significa un alerta latente de la vuelta de tuerca que quisiera imponer la derecha en Latinoamérica. Por eso se han convocado este sábado: para hacer más sólida la unidad en torno al otrora obispo de San Pedro, forjada en la Alianza Patriótica para el Cambio que le sirve de plataforma.
Mucho tendrán que bregar para llevar a término el ABC de un programa mínimo, pero complejo en el entorno paraguayo. La agenda de la cita sabatina recoge algunos de sus puntos: soberanía energética, reforma agraria y el entrampado presupuesto.
La distribución de la tierra es, precisamente, uno de los pilares de ese plan de gobierno que las bases campesinas reclaman a Lugo: 300 000 familias podrían beneficiarse, pero el reparto está varado, entre otras artimañas, por la falta de fondos presupuestarios que esconde el miedo de los grandes latifundistas, y quizá no comience a ejecutarse hasta 2011. No debe extrañar que la oposición quiera sacar jugo al avance lento del que ella misma es causante, y alguno de sus representantes hasta se llene la boca diciendo que en Paraguay no hay cambio alguno...
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