Aunque la administración Obama solicitó un abundante presupuesto para mantener sus transmisiones, la mal llamada TV Martí está puesta en el colimador de varios políticos, expertos y analistas norteamericanos.
«Parece que TV Martí no tiene quien la vea (...) ¿cuál es el caso de seguir manteniéndola?», se preguntó el pasado miércoles en una audiencia congresional el representante demócrata William Delahunt, quien también señaló que la televisora tiene «una programación cuestionable, manipulación y permanente corrupción».
La vista legislativa fue convocada para difundir un informe de la Oficina sobre la Responsabilidad Gubernamental (GAO), el cual sostiene que han fracasado los propósitos de la TV y la radio anticubanas, que le han costado de conjunto unos 500 millones de dólares al contribuyente norteamericano.
«No se han podido superar los esfuerzos del gobierno de La Habana de bloquear las transmisiones, y los múltiples métodos empleados hasta ahora, incluidos el satélite y el empleo de un avión, apenas han resultado en una audiencia pequeña», dijo Jess T. Ford, de la división de asuntos internacionales de la GAO, al presentar el informe.
El estudio, que no cuestiona la existencia de la televisora sino su eficacia, afirma que el ente anticubano sufre de baja moral de los empleados, hay denuncias de fraude y abusos, tiene un nivel deficiente de estándares periodísticos, falta de objetividad e incumple leyes internas de Estados Unidos (ya que se ve dentro del país a pesar de que no debería), e internacionales (porque interfiere señales cubanas).
«¿Alguna vez escucharon de una estación de televisión que haya estado en el aire por 19 años y sobre la que todavía hay un debate acerca de si su señal llega a un público?», se preguntó el especialista Philip Peters, del Instituto Lexington, ante los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el profesor de Comunicación, John Nichols, de la Universidad de Pennsylvania, afirmó: «TV Martí virtualmente no tiene audiencia en Cuba (...) El Congreso y el nuevo gobierno deberían cerrarla en la primera oportunidad».
Pese a tantos cuestionamientos, la Casa Blanca no se ha atrevido a enterrar un proyecto que defienden solo cavernícolas como Connie Mack y la mafia terrorista de Miami. ¿Para qué derrochar dinero en un proyecto fracasado e ilegal, cuando millones de norteamericanos lo que necesitan es un gobierno que use eficientemente sus impuestos en una época de crisis?
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