Por asociación, el dinosaurio «monstruoso», me remitió de inmediato a la noticia del día en Washington: George W. Bush —a puertas cerradas y sin la presencia de los periodistas— ha vetado un proyecto de ley para extender un programa de cobertura de salud dirigido fundamentalmente a los niños pobres.
Carritos llenos de peticiones contra el veto fueron arrastrados por niñas y niños frente a la Casa Blanca. Foto: Reuters De un plumazo, el mandatario de la Casa Blanca despedaza la propuesta que extendería el SCHIP (Programa para la cobertura de salud de los niños), creado en 1997 para dar solución al creciente número de menores sin seguro médico en el país, porque sus familias de bajos ingresos, sin embargo ganan lo suficiente como para no permitírseles entrar en el Medicare (cuidados médicos para los más pobres), pero no les alcanza ni por asomo para pagar un seguro privado. De esta forma, entre ocho y diez millones de niños verán pisoteada la posibilidad de acceder a un derecho humano básico: la salud.
La extensión del SCHIP —un programa de por sí insuficiente porque obvia a los hijos de los inmigrantes, quienes también pagan impuestos para cubrir los servicios sociales vitales, pero se les niega totalmente su disfrute—, fue aprobado en el Senado por todos los demócratas y un número no despreciable de republicanos. Un incremento de 0,61 centavos a un dólar en el impuesto a los cigarrillos debiera financiar los 35 000 millones de dólares que costaría el programa en cinco años; pero Bush, el hijo, rechaza otra vez de plano el criterio y las aspiraciones de su pueblo.
Una reciente encuesta auspiciada por el diario Washington Post y la cadena televisiva ABC, mostró que el 72 por ciento de los estadounidenses aprueba ese proyecto de ley, y como elemento demostrativo, el lunes pasado, hubo una manifestación de niños frente a la Casa Blanca, en la que arrastraban coches de bebés llenos de peticiones contra el veto, reportaron algunas agencias noticiosas.
Bush apuesta al seguro privado, porque refrenda uno de los principios que enarboló desde su primera campaña electoral: los gastos estatales deben reducirse y cada vez el Estado debe intervenir menos en la vida de sus ciudadanos.
La falacia de esos postulados bushianos es claramente visible en el malgasto multimillonario que provocan las guerras de Iraq y Afganistán —más de 450 000 millones de dólares hasta el momento y un presupuesto adicional para el 2008 de 150 000 millones de dólares recién aprobado por el Congreso, aunque el clan pedía 190 000 millones—, y en el fisgoneo en la privacidad de los estadounidenses que logran las entidades de espionaje a través de la Ley Patriótica, por solo citar dos decisiones del mandatario.
Una vez más, el «veto cruel» —como lo calificó Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado—, distancia al señor imperial de las prioridades de su pueblo y hasta de sus correligionarios republicanos, toda vez que la desastrosa decisión puede costarle tantos votos en las elecciones generales de noviembre de 2008 como la prolongación de una guerra en la que Bushusaurius monstruensis no puede cantar victoria.
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