Washington pensaba equivocadamente que los cubanos iban a ocasionar una insurrección aprovechando la enfermedad del presidente Fidel Castro y decidieron reforzar su dispositivo de injerencia para lograr un golpe de Estado y controlar a Cuba.
Por tal razón, nuevos créditos son enviados para remunerar a los «disidentes», marionetas cuya única finalidad es servir las ambiciones estadounidenses.
La oposición cubana disfruta de un estatus particular. Primero, la prensa occidental la aprecia sumamente. En efecto, ningún grupo de opositores en América Latina, salvo tal vez la oposición venezolana, se beneficia de semejante privilegio. Luego, recibe un financiamiento colosal de Estados Unidos, del cual los medios no dicen ni una palabra, y goza de una libertad de acción que escandalizaría a los fiscales del mundo entero.
El 21 de junio de 2007 la Cámara de Representantes estadounidense decidió votar favorablemente el presupuesto de 45,7 millones de dólares para el período 2007-2008 que presentó el presidente Bush con destino a los disidentes cubanos. Así, 254 congresistas, entre ellos 66 demócratas, aprobaron la estrategia de la Casa Blanca destinada a derrocar al gobierno cubano. El legislador de Florida, Lincoln Díaz-Balart, descendiente directo del antiguo dictador Fulgencio Batista, se alegró de la ayuda. «Esta victoria constituye un apoyo para la oposición política interna cubana», subrayó. También publicó una carta de algunos eminentes disidentes cubanos que afirman que la ayuda estadounidense «es un elemento vital para la supervivencia de los militantes».
Para el período 2007-2008, la Cámara también dedicó una suma de 33,5 millones de dólares (6 millones más que en 2006) para Radio y TV Martí.
Ese mismo día en que ello fue aprobado, el jefe de la diplomacia estadounidense en La Habana, Michael Parmly, recibió con gran pompa a varios disidentes en su suntuosa residencia personal, que fueron a darle las gracias al brillante mecenas por su generosidad.
Los medios occidentales, normalmente tan prolijos con respecto a Cuba, han permanecido extrañamente silenciosos sobre esos dos eventos. Las razones son relativamente sencillas.
Los personajes que se esfuerzan por presentar desde años como valerosos militantes de los derechos humanos no son más que vulgares mercenarios que se venden al mejor postor. Mercenario no es un término fuera de lugar o exagerado. Según el Petit Larousse, se trata de toda persona «que solo trabaja por un salario, que únicamente le mueve la ganancia».
Aquí no hay nada nuevo. Desde hace decenios Estados Unidos intenta fabricar y dirigir una oposición interna en Cuba con el fin de poner término al proceso revolucionario cubano. Numerosos documentos estadounidenses, oficiales y públicos, atestiguan esta realidad que ningún periodista o analista político digno de su nombre puede ignorar.
La ley Torricelli de 1992, y más particularmente la sección 1705, estipula que «Estados Unidos proporcionará una asistencia, a organizaciones no gubernamentales adecuadas, para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba». La ley Helms-Burton de 1996 prevé, en la sección 109, que «El presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar una asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para apoyar esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba». Ningún país del mundo acepta este tipo de injerencia.
El primer informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba libre, adoptado el 6 de mayo de 2004, considera la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana». Entre las medidas preconizadas, un financiamiento de 36 millones de dólares se destina al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente». El segundo informe de la misma Comisión, publicado el 10 de julio de 2006, prevé también un presupuesto de 31 millones de dólares para financiar todavía más a la oposición interna.
Si Irán o China financiaran a los opositores en Estados Unidos, Reino Unido o Francia, la prensa los calificaría, inmediatamente y con razón, de traidores a su patria. Si los medios occidentales fueran intelectualmente libres, usarían un único término para referirse a los que se presentan como opositores al gobierno cubano: mercenarios. (Fragmentos. Tomado de Argos Is-Contrainformación en la Red)
*Salim Lamrani: escritor y periodista francés
26
