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Bolsonaro, ex presidente de Brasil. Autor: Reuters Publicado: 10/08/2019 | 07:35 pm
BRASILIA, febrero 19.— La Fiscalía de Brasil confía en que abrirá proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro este año, pero el Tribunal Supremo Federal será el que diga la última palabra, y ya existen amagos de una campaña mediática en Estados Unidos para desacreditar al juez que lleva el caso, Alexander de Moraes.
El Ministerio Público delineó sus pasos contra Bolsonaro al certificar la noche del martes los cargos de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y liderazgo de una organización criminal armada contra el exmandatario, acusaciones emergidas de una jugosa investigación concluida por la Policía Federal en diciembre pasado, y de la que ya se habían dado adelantos.
Sin embargo, será el alto tribunal el que decida si atiende el reclamo fiscal, lo que resultará determinante, no solo porque el líder ultraderechista de Brasil pudiera ser condenado hasta a 40 años de prisión en un eventual juicio, sino porque de ello depende que logre el que es hoy su propósito esencial: postularse para las elecciones del año próximo.
Bolsonaro ha dicho que no está preocupado, y su hijo Flavio aduce que no hay pruebas, pero el copioso archivo recopilado en la investigación señala que el exjefe de Estado y 33 de sus colaboradores intentaron impedir que Luiz Inacio Lula da Silva asumiera el poder luego de las elecciones de octubre de 2022, incluso, mediante su asesinato y el de su vice, Geraldo Alkhim, y que conspiraron para liderar un golpe de Estado. También se pretendía la muerte del entonces titular del Consejo Nacional Electoral, el juez Alexandre de Moraes.
Si bien los planes no cristalizaron en el propósito de frustrar el mandato de Lula, las secuelas de esas acciones se materializaron en el asalto a la sede de los tres poderes del Estado en enero de 2023, que protagonizaron multitudes enardecidas por el discurso de odio previo de Bolsonaro, y por sus insistentes acusaciones de que habría fraude en los comicios, así como por su aliento a las acampadas de cientos de sus seguidores ante los cuarteles, pidiendo una asonada militar.
Entre los imputados están el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente con Bolsonaro, Walter Braga Netto; el exdirector de inteligencia, Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina, Almir Santos; el exministro de Justicia, Anderson Torres; y Mauro Cid, ex mano derecha del exmandatario, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada mediante el cual se le rebajarían eventuales penas a cambio de sus declaraciones.
Mimetizando el discurso de la izquierda, Bolsonaro y sus seguidores aducen que las acusaciones constituyen «persecución política», y ya dan los primeros pasos para asegurarse la posibilidad de que el exmandatario, quien ya fue condenado a ocho años sin ocupar cargos públicos por abuso de poder durante su mandato de 2019 a 2022, vuelva a aspirar a la presidencia.
Según ha trascendido, los bolsonaristas buscan apoyo en el Congreso para un proyecto de ley introducido hace meses, que propone amnistiar a los participantes de la intentona golpista —decenas de los asaltantes a los tres poderes ya han sido procesados—, al tiempo que esperan modificar la legislación según la cual, los candidatos electorales no pueden tener antecedentes penales.
De forma paralela y sospechosa, y pocas horas después de que la Fiscalía formalizara la acusación, se reportó desde territorio estadounidense que el grupo Trump Media-Technology y Rumble denunció al prestigioso juez Alexandre de Moraes, quien comanda la causa contra Bolsonaro, «por censurar discursos políticos legítimos en Estados Unidos».
La denuncia fue presentada ante un juez de Tampa, y ha sido interpretada como un temprano intento de descrédito al jurista brasileño.
