De violencia en violencia

Las acusaciones que señalan al presidente Daniel Noboa por desarrollar su campaña sin pedir licencia y, por tanto, usando fondos estatales —según esas denuncias—, no constituyen lo más oscuro del período que precede las elecciones generales del 9 de febrero en Ecuador.

Noboa ha vuelto a exhibir las diferencias que lo separan de su vicemandataria, María Verónica Abad, a quien quiere sacar del escenario desde su misma toma de posesión, y por eso ha evitado dejarla en su puesto y nombró por decreto a una presidenta interina, incluso con la desaprobación del Congreso, para sustituirlo mientras él hace proselitismo.

Tales diferencias no solo anuncian la posibilidad de que los sectores de la derecha radical y conservadora representados por Abad no voten a Noboa, líder de políticos igualmente derechistas, pero considerados liberales.

Se trata de un resquebrajamiento institucional que, según las leyes, pudiera tener consecuencias más graves para el joven mandatario como, incluso, un juicio político.

Sin embargo, por encima de esa suerte de violencia institucional ostensible en el pugilato en las altas esferas del poder, panea lo que resulta más duro para el pueblo ecuatoriano: otra violencia que ataca el disfrute de los derechos humanos y cuya erradicación fue el motivo principal por el cual Daniel Noboa resultó electo en noviembre de 2023.

Se suponía que estos escasos casi 15 meses en que se le escogió para culminar el período presidencial que dejó inconcluso Guillermo Lasso —quien adelantó los comicios para evitar otro juicio político—, significarían un período de «precampaña» que serviría al ocupante del Palacio de Carondelet para llegar en buenas condiciones a febrero y resultar «reelecto».

Sin embargo, hay escasos indicios de que la gestión de Noboa a favor de mayor seguridad, resultara exitosa.

El reciente asesinato de cuatro niños, cuyos cuerpos fueron hallados veintitantos días después de su desaparición con muestras de tortura pese a estar calcinados, levantó una ola de pavor y luto que traspasó los confines de su provincia, Guayaquil, y de la propia nación ecuatoriana.

Aunque los hechos no han sido del todo aclarados, existe una responsabilidad del ejecutivo. Dieciséis uniformados están en prisión preventiva luego de comprobarse que los muchachos, quienes se dirigían a sus casas luego de un partido de fútbol en su localidad de Las Malvinas, fueron secuestrados por los guardias y trasladados, sin motivos, hasta un lugar distante 50 kilómetros, en una zona altamente peligrosa donde fueron abandonados, desnudos luego de ser golpeados.

Los detalles los dio a conocer Billy Navarrete, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Ecuador, en entrevista concedida a DW luego de las indagaciones forenses y periciales correspondientes, que incluyeron el uso de los registros de cámaras de vigilancia policiales.

Según declaró Navarrete, el suceso es otra evidencia de lo que llamó «abusos frecuentes» de los militares como resultado de su libre accionar, gracias a las sucesivas declaraciones de estado de emergencia formuladas por Noboa en distintas provincias, para enfrentar las bandas delincuenciales que asolan a Ecuador desde antes de su llegada al Gobierno.

Si bien la impunidad con que actuaban los grupos armados ilegales, muchos de ellos vinculados con el narcotráfico, ameritaba decisiones importantes, lo cierto es que la violencia ya habitual en las calles no ha disminuido luego de sus decretos y, por el contrario, han desembocado en actos deleznables como el de Las Malvinas.

Las cifras dadas a conocer a lo largo de 2024 evidencian que en la nación sigue campeando el peligro.

Hasta noviembre del año pasado se reportaron más de una decena de hechos violentos en las cárceles pese a su militarización, que dejaron unos 27 muertos, de los cuales al menos siete eran directores de prisiones, guías o guardias, sin contar motines, secuestros de personal carcelario y fugas masivas de reos con el uso de drones.

En la calle, la violencia no fue menor y provocó más de 6 800 muertes contabilizadas al cierre del año, según medios de prensa locales que citaron a expertos. El promedio fue de un
homicidio cada una hora y 17 minutos, lo que reflejó la fuerza latente del crimen organizado mediante la expansión de redes delictivas, la corrupción y «la falta de estrategias integrales (que) han llevado al país a ser uno de los más violentos de la región», dijo la publicación Extra.

Una buena parte de esa ola continuada volvió a ser usada como arma política. Más de 30 alcaldes o representantes de partidos han sido asesinados desde 2023, incluyendo el acribillamiento del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en vísperas de las pasadas elecciones.

Socio menor

Tampoco las simpatías del Gobierno de Noboa hacia Estados Unidos le han permitido contar hasta hoy con su deseado «apoyo» militar en la lucha contra el narcotráfico, aunque está presto a conseguirlo.

Para ello, el mandatario presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permita la existencia de bases militares extranjeras en Ecuador, posibilidad prohibida por la Carta Magna aprobada en septiembre de 2008 al calor de los atropellos que concitó la presencia de soldados estadounidenses en la base que existió en Manta, y el clamor popular por su cierre.

Pero Washington hizo saber el interés de instaurar otra base en las islas Galápagos y el mandatario accedió, «cubierto» legalmente por los tratados de cooperación militar entre su país y Estados Unidos, que Noboa suscribió el 15 de febrero de 2024 con la administración de Joseph Biden.

Ello permitirá que la soldadesca yanqui y su parafernalia se instalen en un archipiélago declarado por la Unesco en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad... si es que no lo han hecho ya.

Para dar cuenta del respaldo mantenido al Presidente ecuatoriano, los organizadores de la toma de posesión de Donald Trump le han cursado invitación a Noboa para que asista a la ceremonia, lo que lo convertirá en uno de los pocos jefes de Estado latinoamericanos convidados, junto al salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Si Noboa repite, la cercanía entre Washington y Quito será mayor y, desde luego, peligrosa para la región.

¿Otra vez segunda vuelta?

Pese a todo ello, la mayoría de los sondeos que tantean el sentimiento electoral muestran a Daniel Noboa como uno de los dos aspirantes con más intenciones de voto.

Se trata de porcentajes que una vez más quedan distantes de la mayoría absoluta necesaria para declararse vencedor en la primera ronda, razón por la cual podría colegirse que de nuevo habrá balotaje, si algún suceso no cambia la situación de aquí a que abran las urnas.

En tal caso, las fuerzas se polarizarán, y serán determinantes las alianzas.

Hay mucho de atomización en los resultados que se auscultan. Como en los dos torneos electorales anteriores más recientes, el panorama muestra un abanico de contendientes que llega a los 16 candidatos.

Con 36 por ciento de las intenciones de voto, Noboa va a la cabeza en muchos estudios, seguido de cerca por la aspirante de la correísta Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, con 33 puntos porcentuales. Pero sondeos realizados en Guayaquil y Quito la ponen a ella delante, con 40 por ciento.

Muy lejos, al líder indígena Leónidas Iza, que representa a Pashakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), se le adjudica apenas un cuatro por ciento, pese a lo cual sigue siendo lamentable que el ensayo unitario realizado en septiembre pasado por ese bloque y RC junto a otros movimientos progresistas, no rindiera frutos.

No se trata solo de la necesidad de una posición unida de cara a la obtención de sufragios, sino de la necesaria consolidación del espectro antineoliberal ecuatoriano, pues la Conaie es una organización que históricamente ha demostrado su beligerancia y su fuerza.

Para los otros contendientes se registran aún menos posibilidades, excluyendo a los votos blancos o nulos, sector que representa el 12 por ciento, y a los indecisos, casi en el 14 por ciento. Esos índices pudieran ser definitorios si inclinan la balanza, en caso de que sus portadores toman la decisión de por quién votar o, apenas, de hacerlo.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana