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Los mecanismos de control de la violencia que lacera la sociedad .ecuatoriana, será uno de los temas medulares del plesbicito convocado por Noboa. Autor: RTVE Publicado: 20/04/2024 | 08:19 pm
Casi cualquier análisis que se haga hoy sobre el quehacer del Gobierno ecuatoriano debe tomar en cuenta su carácter, digamos que transitorio.
El presidente Daniel Noboa fue electo en noviembre pasado para completar el mandato que dejó inconcluso su antecesor Guillermo Lasso, y es obvio que esta gestión no resulta llegada para él sino, sobre todo, un camino con vista a la reelección en 2025. Por eso este es también, de algún modo, un período de «campaña».
Apenas en 18 meses el mandatario debe mostrar resultados que le permitan mantener o aumentar el caudal del 52 por ciento de votantes que en octubre le dieron el triunfo en una segunda ronda, obligadamente polarizada, frente a los 49 puntos porcentuales de Luisa González, de Revolución Ciudadana.
Obviamente, la búsqueda de la reelección también implica desacreditar al movimiento que ella representa: lo que en Ecuador se ha dado en llamar el correísmo, en honor —porque debe considerarse así— del expresidente Rafael Correa.
Quizá ello pueda explicar la saña con que el ejecutivo mantiene la persecución contra sus líderes, entre quienes se incluye Jorge Glas, fiel compañero de filas de Correa y uno de sus bastiones desde la vicepresidencia en su segundo mandato.
Siguiendo la línea de Lenín Moreno, traidor al proceso que Correa dejó en sus manos cuando lo propuso a la presidencia como su supuesto continuador, Noboa sigue montado en la estrategia de sepultar al movimiento.
No solo es menester mantener los buenos puntajes que, por cierto, algunos afirman que han bajado. También es necesario evitar que en las elecciones de febrero de 2025, Revolución Ciudadana vuelva a significar competencia.
Esa agrupación, que apenas para las elecciones regionales de 2023 logró inscribirse ante el Consejo Electoral y logró entonces resultados que la ubicaron como primera fuerza política, ha mostrado un caudal de seguidores estable en el entorno del 45 por ciento del electorado, luego de reponerse de los primeros encontronazos con la justicia manipulada, y del procesamiento y condena de sus principales cuadros, en tanto otros, viendo las bardas de su colegas arder, se han exiliado, sin que haya algo que reprocharles: confiando en que la justicia era real y sabedor de su inocencia, Glas compareció ante los tribunales con entereza en 2018, cuando fue «empapelado» por primera vez.
Luego terminó condenado por dos procesos; siempre, como otros dirigentes progresistas latinoamericanos, acusado de supuesta corrupción. En diciembre se le abrió una tercera causa.
Así estaban las cosas cuando la policía lo persiguió hasta dentro de la sede diplomática de México pasándole por encima a todos los convenios internacionales, al asilo político otorgado y, literalmente, al mismísimo Embajador en funciones.
Después de la afrenta a la nación mexicana, al Derecho Internacional y, mirándolo con luz más larga, a la integración regional, un análisis menos inmediato invita a pensar también en la demostración de fuerza. No ya, o no solo, por el interés declarado por las autoridades de perseguir el delito y combatir la impunidad, sino de demostrar que el Gobierno es «fuerte» y está dispuesto hasta a violentar la soberanía ajena para enfrentar, presuntamente, la corrupción. De paso, se le ha pintado otra raya negra al correísmo; se insiste en
sembrar la matriz de opinión de que sus líderes son corruptos.
Aunque muchos analistas vinculan el agravio con el interés de subir puntajes con vista al referendo que el ejecutivo pone al criterio de los electores hoy, todo invita mejor a pensar que, en última instancia, incluso la misma consulta se realiza con la vista puesta en los comicios de febrero de 2025.
Dándose la mano con eso está la realidad de la violencia heredada por este Gobierno que asumió, precisamente, con el enfrentamiento a los crímenes y al narcotráfico como primera tarea, toda vez que era la principal preocupación de los votantes cuando, mayoritariamente, le dieron su confianza.
Moreno primero y Lasso después dejaron un país presa del tráfico ilícito y de bandas armadas que al cerrar 2023 habían provocado más de 7 000 mil muertes violentas, equivalentes a 40 asesinados por cada 100 000 habitantes.
No han trascendido encuestas que sopesen el impacto que la acción sobre la Embajada mexicana ha tenido en las simpatías populares con que cuente el Presidente, pero desde algunas semanas antes algunos estudios mostraban un descenso.
El transcurso de sus primeros meses de mandato no lo han ayudado totalmente.
La toma, al aire, de un canal de televisión en enero, apenas tomó el poder, fue el acto delincuencial más visible de las pandillas, junto al asalto de comisarías, penales y dependencias gubernamentales, lo que fue respondido por el Gobierno con el decreto del estado de emergencia para poderlas enfrentar, y de conflicto armado interno.
Luego, reportes dieron cuenta de una disminución de los crímenes; pero abril se inauguró con un repunte que dejó 80 muertos en tres días, en tanto se habla de un aumento de la extorsión y el secuestro.
El asesinato de políticos, mayormente del progresismo, va in crescendo. El más reciente le costó la vida a la alcaldesa más joven del país, una muchacha de Revolución Ciudadana, Brigitte García, del cantón de San Vicente, en Manabí.
Para el ejecutivo ecuatoriano es menester mostrar mejores resultados si quiere mantenerse en el cargo después de mayo de 2025.
Mano dura a consulta
Usando recursos que lo ubican como un mandatario que busca el necesario consenso de la población, Noboa ha acudido al referendo para oficializar las vías que le permitan emplear mano más dura frente a la delincuencia.
Cambios constitucionales y otros que no requieren tocar la Carta Magna van juntos en las papeletas, contenidos en 11 preguntas. Por eso la votación tiene doble carácter: de referendo para las reformas constitucionales, y de consulta para las otras.
Son varios los temas sobre los que la población se deberá pronunciar, y algunos trascendentes, como la posibilidad de dar vía libre mantenida a las Fuerzas Armadas para que participen con la Policía en el enfrentamiento a la delincuencia, más allá del decreto de emergencia que el mes pasado fue prorrogado por otros 30 días.
Control de armas, municiones y explosivos en las calles y vías además de entrada a las cárceles, son roles que podrán asumir los militares si se aprueba.
No falta quien considere que lo que se avecina es una militarización del país.
Hay propuestas atractivas como la legalización del contrato a plazo fijo y por horas, lo que podría contribuir a paliar el desempleo, otra promesa de Noboa al asumir que no se ha cumplido, pues se afirma que los sin trabajo aumentaron desde enero en 130 000 parados para sumar más de 335 000, aunque el Gobierno dice lo contrario.
Pero vuelven a hallarse asuntos delicados en materia judicial, no porque se proponga elevar las penas por delitos vinculados con el terrorismo —denominación donde se tipifica a los narcotraficantes—, el tráfico de drogas propiamente, el secuestro o la delincuencia organizada.
Además, está a consulta la posibilidad de que ciudadanos ecuatorianos que hayan cometido determinados delitos sean extraditados, lo que abrirá paso a su enjuiciamiento en otro país y bajo otras leyes, así como la creación de judicaturas especializadas, y evitar lo que llaman el abuso de recursos como el habeas corpus en procesos judiciales: ello podría constituir una amenaza cuando se trata de un sistema judicial evidentemente politizado.
Debe examinarse a fondo la expresión del Presidente de que el referendo será «el golpe más duro» contra «terroristas» y… «políticos corruptos».
El resultado de este domingo lo puede empujar en la carrera por la reelección si le favorece, o mostrarle que aún debe hacer más. Por eso, también, la votación de este domingo tiene un carácter plebiscitario en medio del conflicto interno con la delincuencia, y las tensiones diplomáticas que ha provocado su mal proceder hacia México.
