Contra el espurio cobijo de Mallory

Un 6 de abril, hace 64 años, se abrió la ubre que alimenta desde entonces a los corruptos y otros de calaña semejante que medran, conspiran y traicionan. Y de exponer el nido de serpientes se trata.

Sin modificación alguna —como no sea para aumentar la presión y el avasallamiento con leyes y órdenes—, y con plena vigencia, aunque no ha demostrado efectividad en su propósito irracional, el Memorando de Lester Mallory sigue dictando la política contra Cuba del Gobierno de Estados Unidos, una puesta en práctica de la inhumana y cruel imposición de una guerra económica unilateral, que después adquirió también efectos extraterritoriales.

Mallory, entonces vice secretario de Estado Asistente para los Asuntos Interamericanos, en el memorando secreto destinado al presidente Dwight Eisenhower —cuyos consejos fueron puestos en práctica por su sucesor John F. Kennedy cuando firmó el bloqueo a Cuba—, escribió desde la prepotencia habitual con que los inquilinos de la Casa Blanca miran al «traspatio» del sur:

«La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno».

El más reciente zarpazo

El 14 de marzo de este 2024, el diario estadounidense que tiene como foco la economía y los negocios, The Wall Street Journal, reportaba que el banco suizo EFG International, había acordado pagar 3,7 millones de dólares para librarse de la acusación de que había violado el ucase de EE. UU. al supuestamente procesar 868 transacciones de valores para clientes en Cuba, entre 2014 y 2018.

Un castigo múltiple, porque la medida de la OFAC también incluía en su lista a otros casos ajenos al Caribe, como un ciudadano chino y actividades «antidemocráticas» de Rusia. En total hablaban de transacciones económicas por 30,4 millones de dólares, supuestamente ilegales.

El pago de la multa por parte del banco privado suizo EFG, en cuyo estado financiero parece que no tuvo mucho impacto material, fue del agrado de la OFAC como «importante acción correctiva».

Publicaba el diario de los negocios y las finanzas que «EFG también restringió las cuentas de clientes incluidos en la lista negra bajo las sanciones de Estados Unidos, y ahora requiere la aprobación de su departamento de cumplimiento para cualquier actividad de cuenta de otros clientes que, aunque no están en la lista negra, presentan un mayor riesgo de sanciones, según el acuerdo».

Esta no ha sido la única presión, solo la más reciente. Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el Gobierno de Joseph Biden aplicó con severidad extrema el bloqueo, prorrogó leyes y disposiciones, en especial las que afectan a empresas estadounidenses y de terceros países que han realizado o realizan negocios con Cuba. El informe de Cuba a la ONU de 2023 recoge que hasta el 31 de marzo de ese año, amparándose en el Título III de la Ley Helms-Burton, se habían presentado un total de 42 demandas de supuestos dueños de propiedades en la Cuba de antes de la Revolución, y la persecución financiera también llevó a que más de 50 misiones diplomáticas cubanas enfrentaron dificultades con las entidades bancarias que habitualmente les prestaban servicios, por lo que se vieron afectados el funcionamiento y sustento de las Embajadas y sus consulados; también dificultó el pago de las obligaciones financieras de Cuba con varios organismos internacionales y regionales.

Por supuesto, ninguna de esas presiones hace ceder al apoyo presente desde hace 31 años, prácticamente unánime, a la Resolución que en la Asamblea General de la ONU condena esa agresión. En la última ocasión, en 2023, esa abrumadora mayoría se tradujo en que de los 193 miembros de la organización, 187 votaron a favor, dos en contra y no es una sorpresa que fueran Estados Unidos e Israel los detractores de la razón y la justicia, y que Ucrania se abstuviera. (Dos Estados no tienen derecho a votar por estar en moratoria respecto a la cuota de contribución al organismo internacional).

Pero a Washington le importa un comino el termómetro moral que representa ese mar de votos que rechaza su proceder contra la soberanía cubana y la libertad de escoger de su pueblo.

Una guerra prolongada

El bloqueo, que es pilar de la estrategia geopolítica estadounidense, también agrede al Derecho Internacional respecto al comercio y la navegación, amparado en un extenso, enmarañado e integral —que no íntegro, por el contrario indecente y deshonesto—, régimen de medidas que Cuba muy bien califica de «coercitivas y unilaterales».

Estamos ante una poderosa arma de guerra empleada contra la nación caribeña solo porque se rebeló contra la dependencia económica y soltó las amarras de las relaciones neocoloniales.

Un apriete del dogal destaca, la maniobra de última hora en su administración de Donald Trump de incluir a Cuba en la lista ilegítima de países supuestamente comprometidos con el terrorismo, decisión contrahecha que el presidente Joseph Biden no ha sido capaz de anular, dejando claro que no importa sean republicanos o demócratas, ultraconservadores de extrema derecha o exponentes de la derecha liberal, quienes se sientan en el Despacho Oval de la Casa Blanca, simplemente son representantes imperiales y de sus abyectos intereses.

Su contenido y función en el caso Cuba es impedir que un pequeño pueblo desarrolle su infraestructura, acceda a la tecnología de avanzada y a la inversión extranjera directa y al comercio internacional en condiciones de igualdad que le permitan crecer y vivir.

Todo ha sido por lo mismo, desde aquel primer paso de Eisenhower de eliminar la cuota azucarera, hasta las 243 medidas de Trump, incorregiblemente mantenidas por Biden, pasando por la firma de Kennedy en 1962 que prohibió «la importación a los Estados Unidos de todos los bienes de origen cubano y los bienes importados desde o a través de Cuba»; siguiendo por la Ley Torricelli de 1992 promulgada por George Bush, el padre, para ganarse el electorado cautivo del estado de la Florida; y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996 o Ley Helms-Burton rubricada por Bill Clinton, con su acabada línea de agresividad dispuesta en el infamante Título III, el cual fue puesto en vigor en 2019 por Trump. El propósito es el señalado por el Memorando Mallory.

Con saña determinada Estados Unidos apunta en los últimos tiempos a los sectores más dinámicos de la economía cubana, la ciencia y la transformación tecnológica, fundamentalmente la biotecnología; la cooperación internacional en el sector de la salud; el incremento del turismo, las inversiones extranjeras y cooperadas que diversifiquen las capacidades productivas del país. Ha conspirado de tal forma para deteriorar la economía, para detener y rebajar el nivel de bienestar alcanzado por la población que se hace perjudicial en extremo la migración de las capacidades bien preparadas del segmento más joven, burdo robo de cerebros.

Todas las disposiciones han sido para aumentar la agresividad estadounidense contra Cuba y evitar que trabaje, produzca, funcione, crezca, se desarrolle y se abra al mundo en igualdad de condiciones. Estados Unidos tiene un obcecado objetivo primordial: «un cambio de régimen» en Cuba que la devuelva a su espurio cobijo.

Sin embargo, ni nos vendemos, ni nos rendimos. Los males tienen antídoto: resistencia, trabajo, creatividad y unidad, que también es medicamento efectivo para sacar los males internos, propios y de nuestra total ineficiencia, hechura y responsabilidad.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana