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Presidente de México advierte que su país no aceptará personas deportadas bajo la polémica nueva ley de inmigración de Texas

La ley SB4 de Texas es una estricta norma que convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio y permite a las autoridades locales arrestar y deportar migrantes

Autor:

Juventud Rebelde

CIUDAD MÉXICO, marzo 21.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su país no aceptará a personas que sean deportadas desde Texas bajo la polémica ley de inmigración SB4.

Tal normativa permite a las autoridades estatales arrestar y detener a quienes considere sospechosos de haber ingresado de manera ilegal a Estados Unidos.

Nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del Gobierno de Texas, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria de este miércoles. La batalla por la controvertida ley de inmigración de Texas continúa con audiencias en la corte federal de apelaciones.

El mandatario afirmó que el Gobierno estatal de Texas no tiene facultades para aplicar leyes que impactan al Gobierno federal de México.

Además es violatorio del derecho internacional; no puede un estado tener una legislación que corresponde al fuero federal. Es como si el gobernador de Tamaulipas aplicara una ley en contra de los texanos que visitaran México, dijo.

El presidente mexicano calificó de hipócritas a las autoridades que impulsaron la ley, ya que quienes aplican estas medidas injustas e inhumanas van a la iglesia, comentó citado por la CNN.  

Un tribunal federal de apelaciones escuchó este miércoles los argumentos relativos a la ley propuesta, después de que el martes por la noche el tribunal suspendiera temporalmente la medida.

La polémica ley SB4 de Texas es una estricta norma que convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio y permite a las autoridades locales arrestar y deportar migrantes.

Fue promulgada en diciembre pasado por el gobernador del estado, Greg Abbott, en medio de condenas por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes. Estaba previsto que la ley entrara en vigor a principios de marzo, pero una serie de impugnaciones legales la han dejado en pausa.

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