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La deuda con el FMI es uno de los temas medulares para la sociedad argentina. Autor: La izquierda diario Publicado: 07/10/2023 | 08:30 pm
Si alguien en cualquier lugar del planeta necesitara explicarse por qué ha cobrado tanta fuerza la añeja demanda de una nueva arquitectura financiera internacional, podría quedar convencido con la advertencia de un informe reciente que pone el énfasis más allá de lo meramente económico o, incluso, político: los condicionamientos de los préstamos que concede el Fondo Monetario Internacional (FMI) «corren el riesgo de socavar» los derechos humanos.
Claro que eso se sabía. Los socavan ya. Pero ahora lo señala una investigación de The Human Rigths Watch que quizá por vez primera examina —y confirma— desde esa delicada arista, con detalles, los efectos nocivos que tienen sobre las ciudadanías, las políticas de las instituciones sobre las cuales se erige ese andamiaje financiero mundial.
Las movilizaciones y el clamor de «que se vayan todos» que acabaron con el Gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina, en 2001, fueron una muestra palpable y temprana en nuestro hemisferio de hasta dónde puede conducir el escarnio de los requisitos impuestos por el Fondo a cambio de los créditos que concede, acompañados en aquel caso de las secuelas de programas neoliberales como la reducción del Estado y las privatizaciones, que desembocaron en una verdadera explosión popular.
El Banco Mundial y el FMI, bases de la criticada arquitectura, nacieron de los Acuerdos adoptados en 1944 en Bretton Woods, y el reclamo por su reforma acaba de ser reiterado a voces en la Cumbre del Grupo de los 77 y China celebrada en La Habana y después, con renovado énfasis, durante el segmento de alto nivel del actual período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, incluido el foro paralelo especialmente dedicado al tema, donde se propusieron variantes para que los países «en asfixia» tengan, en verdad, socorro.
Esa necesidad hace rato se proclama desde el mundo subdesarrollado, y su desatención ha contribuido a que los males se agudicen en medio de las secuelas que dejó la crisis de la COVID-19 y las otras que se ciernen sobre el planeta: alimentaria, climática, económica… Una crisis global y multidimensional agravada por la creciente deuda externa que, a su vez, es el motivo por el cual las naciones endeudadas «acuden» al FMI. Y salen peor paradas. Vuelta a la noria.
Por eso resulta vívido palpar cómo esas políticas siguen dañando la vida de las personas, y las de sociedades y naciones enteras, como resultado de las mismas recetas nuevamente acuñadas por el Fondo Monetario, incluso, contando con que se aplicaron bajo el impacto de la pandemia —el período escogido para el análisis va de allí a la fecha—, y a pesar de que la actuación del FMI pretenda mostrarse más indulgente desde que lo dirige la actual titular, Kristalina Georgieva. Pero los programas implementados con el alegado enfoque de mitigar daños, no están funcionando. Lo dice The Human Right Watch.
«El FMI está impulsando políticas que tienen un largo historial de exacerbar la pobreza y la desigualdad y socavar los derechos», señala.
Como ejemplo de fatales consecuencias, el informe cita el caso de Pakistán, donde se habla de «escalada de protestas (…) contra el aumento de los costos vinculados a las demandas del FMI, que siguen a protestas similares en otros países, [y] debería servir como una llamada de atención al Fondo Monetario Internacional antes de sus próximas reuniones anuales en octubre». Así lo enunció Sarah Saadoun, investigadora principal del estudio.
Y también se examina a Jordania, donde aquellos planes supuestamente encaminados a compensar los daños causados por la austeridad «y las transferencias de efectivo sujetas a recursos económicos, no han resultado», asevera el texto.
La pobreza, que aumentó en ese país del 15 al 24 por ciento entre 2018 y 2022, no logró ser sofocada por los programas de auxilio, que solo ayudaron «al cinco por ciento o alrededor del 20 por ciento» de los ciudadanos en esa condición, afirma la investigación.
Pero hay una aseveración general del estudio que resulta más conclusiva. «Las condiciones (los requisitos del FMI) están agravando los problemas relacionados con la creciente desigualdad». Y tampoco se reducen las deudas, que presuntamente, era el objetivo de esquemas que dicen buscar la estabilización económica y financiera de los países que tocan a las puertas del Fondo.
Es lógico que así ocurra. Según el análisis, en la inmensa mayoría de los programas asumidos en los últimos tres años el recetario incluyó medidas para contener o reducir los gastos salariales públicos, aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA, equivalente a incremento de precios directo a los bolsillos de la población), y/o eliminación o reducción de los subsidios al consumo de combustible o electricidad (o planes para hacerlo) «sin invertir adecuadamente en seguridad social u otras medidas compensatorias o en fuentes limpias de energía».
Para llegar hasta allí se examinaron los préstamos aprobados desde marzo de 2020 —al inicio de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2— hasta marzo pasado. Los adoptaron 38 países bajo las condiciones de austeridad descritas.
Y resultó que 32 de los acuerdos incluían al menos una medida del Fondo «que amenazaba con socavar los derechos», en tanto solo uno de esos programas buscaba explícitamente evaluar el impacto en los ingresos efectivos de las personas, dice la versión del informe que publica el sitio web de Human Rights Watch.
Las recomendaciones del estudio llaman la atención porque reivindican los derechos sociales, culturales y económicos, algo poco usual en organizaciones de defensa de los derechos humanos que, generalmente, reparan solo en los llamados derechos civiles. Aquí se reconoce, tácitamente, que el disfrute de los segundos, depende de los primeros. ¿Acaso los ciudadanos condenados a la pobreza pueden acceder a todos sus derechos?
«Se necesita un nuevo enfoque que haga del cumplimiento de los derechos económicos y sociales, el punto de partida», afirmó Saadoun.
¡Finalmente…!
Es lo mismo que el Tercer Mundo denuncia hace décadas. Esperemos que ahora la demanda sea más audible.
