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Colombia: más aire para la paz

La firma en La Habana de importantes acuerdos con el ELN apura el fin de la guerra, y acompaña los esfuerzos del Gobierno por la justicia social para que la violencia no siga empañando la vida colombiana

Autor:

Marina Menéndez Quintero

En tanto las campañas de la derecha colombiana intentan infligir al Gobierno del Pacto Histórico lo que el propio presidente Gustavo Petro ha denunciado como un golpe suave, la firma en La Habana de dos importantes acuerdos con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) demuestra la certeza y demás, la viabilidad de la política de paz total que guía su mandato. Colombia necesitaba un Jefe de Estado con su voluntad y comprensión acerca de la paz con justicia social, que es la única manera de detener la violencia de forma total y duradera. El cese de la guerra, pues, está en uno de sus flancos.

Usando el lenguaje periodístico habitual, los acontecimientos registrados en La Habana, el viernes, en el cierre del tercer ciclo de diálogo entre las partes, invitarían a afirmar que constituyen «un espaldarazo» al gobernante. Pero la frase tiene sabor a oportunismo político y esconde el propósito firme no solo de Petro, sino también de la guerrilla, de darle a Colombia una segunda oportunidad, como parafraseó el Presidente en su discurso, al citar Cien años de soledad de su compatriota García Márquez.

Los acuerdos destacan porque nunca, contando otros intentos frustrados de solución pacífica al conflicto desde que se levantó en armas el ELN —y son 60 años ya, como recordó en el acto de la firma el comandante Pablo Beltrán— se había suscrito un alto el fuego de tan larga duración como el que ahora se ha acordado: 180 días correrán a partir de su implementación total el 3 de agosto —aunque el cese de operaciones empezará el 6 de julio—, mientras se ponen en marcha los mecanismos de verificación y la necesaria «pedagogía» para concretar los pasos acordados. Y ello se asume con tanta fe en el proceso que, en su intervención, el Presidente afirmó, rotundo, que el cese al fuego «sigue con una promesa: el 25 de mayo cierra
definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia».

Claro que ello requerirá poner por delante y «proteger» el corazón —que el deseo de paz vaya dentro de los corazones para que prevalezca el amor, algo de lo que también habló Petro—; afinar los detalles que faltasen para que la desmovilización se realice tomando en cuenta que el ELN no son unos cuantos, sino una parte del pueblo —verdad también mencionada por los comandantes guerrilleros—, y no permitir que provocaciones u otras maniobras de quienes intentasen interrumpir el camino hacia la paz, lo obstruyan. De hecho, la presencia del Jefe de Estado en la ceremonia, así como de los principales jefes del ELN, fue una muestra de compromiso y añadió solemnidad a la trascendencia histórica del momento.

Pero, aunque el cese de hostilidades es lo más sonado y ocupa la mayoría de los titulares de los medios, el otro acuerdo firmado en La Habana también destaca por su relevancia y singularidad: la instauración de un Comité nacional de participación que debe estar
conformado el 25 de julio, algo que otorga a la opinión y al sentir de la ciudadanía una importancia nunca reconocida, como ahora, mediante la institucionalización de un mecanismo para que ella participe, y que debe «dar rienda», dijo Petro, al pueblo. «Que el pueblo, vuelto poderoso, pueda ayudarnos a construir esa nación que queremos».

Precisamente, en ese punto estriba la cristalización de la política de paz total, que excede con creces el silencio de los fusiles y es el concepto que singulariza y hace prometedora la gestión de este Gobierno colombiano. Fin de la guerra y, al propio tiempo, materialización de los anhelos de la Colombia profunda para que la injusticia no vuelva a hacer estallar la guerra, ni sobrevivan las bandas delincuenciales y paramilitares dedicadas al narcotráfico, que han asolado las zonas rurales; ni se mantengan vivos los reclamos que hicieron levantarse en armas a quienes después conformaron movimientos insurgentes como las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) —firmantes de la paz en La Habana en 2016, durante el mandato de Juan Manuel Santos—, o el propio ELN.

La militancia de Gustavo Petro en el también insurgente M-19 durante sus años de juventud, algo que también recordó en su alocución, seguro le han provisto de esta capacidad para mirar a fondo el problema de la violencia en su patria.

Para asegurar esa paz social imprescindible, están ante el Congreso las leyes que la derecha en el legislativo quiere detener, y contra las cuales han tomado cuerpo ya las componendas que pretenden enrolar al Presidente en presuntas tramas ilegales, de modo de impedir que se materialicen sus esfuerzos.

De ahí, también, la relevancia de las multitudinarias manifestaciones pacíficas que en Colombia, dos días antes de la ceremonia de La Habana, expresaron su respaldo a las leyes entrampadas y, de hecho, al mandatario.

Ese pueblo es el hacedor de los cambios y el primer destinatario de un silencio de las armas que se concibe acompañado de justicia para las grandes masas.

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