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México quiere explotar su litio. Autor: www.xataka.com Publicado: 16/04/2022 | 06:12 pm
Ochenta y cuatro años después de la nacionalización del petróleo, México, el primer país latinoamericano que proclamó como patrimonio su principal recurso natural, se apresta a un paso equivalente al que dio el presidente Lázaro Cárdenas.
Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en 1938. Foto: Tomada de mexicodesconocido
Entonces, 16 compañías extranjeras que tenían el control de la explotación del crudo y no acataron las condiciones del Gobierno, fueron legalmente despojadas de sus prebendas mediante el decreto de Expropiación Petrolera.
El crudo nacional hace rato es mexicano. Pero sucesivas medidas implementadas desde los años de 1990 y legalizadas mediante la reforma energética de 2013 han cedido espacio al capital privado, nacional y extranjero, en detrimento del Estado. Tanto, que los opositores a esa medida, visionarios, dijeron entonces que el crudo había vuelto a ser privatizado.
Con un carácter de marcada soberanía, la reforma energética que propone ahora el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador circula desde el año pasado por los vericuetos de presentaciones y vistos bueno que estipula la ley, y posiblemente se vote este domingo.
Su derrotero es devolver las cosas a su sitio. No se trata de anular los contratos existentes, justificados en su momento bajo el argumento tan usado por los mandatarios neoliberales cuando quieren abrir la puerta a los inversionistas privados, de que hacía falta participación de ese capital para «modernizar» la industria.
Sencillamente, se trata de retornarle al Estado la capacidad de ejercer como real celador de los intereses del pueblo, recuperando algunas de las potestades que poco a poco le fueron quitadas.
Así lo hizo Evo Morales en 2006, en Bolivia, muchos años después de la nacionalización del petróleo en México, con la renegociación de los convenios de explotación de los hidrocarburos, pasos que siguió después Rafael Correa al tomar la presidencia de Ecuador… Las mismas acciones que emprendería cualquier jefe de Estado con deseos de salvar la soberanía económica de su nación.
La fórmula que se propone en México para la generación y el servicio eléctrico, entre otros acápites contenidos en la nueva ley, parece justa e, incluso, todavía demasiado condescendiente: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sería el enclave estatal con derecho de generar el 54 por ciento de la energía del país mientras los privados, ya sean nacionales o extranjeros, producirían el 46 por ciento.
Ello, explicó en octubre pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuando se presentó la legislación, rescataría y fortalecería la CFE para garantizar por medio de ella la seguridad energética, «y que sea posible que haya electricidad a mejor costo para los mexicanos».
«Ya no estaremos sujetos, como hasta hoy, a que los intereses privados sean los que despachen la energía y los que utilicen, sin ningún costo para ellos, toda la red eléctrica nacional», advirtió.
La nueva ley estipula la eliminación de subsidios a la electricidad que consumen los privados, quienes, según denuncia Obrador, pagan menos por el servicio que los propios ciudadanos.
Pero hay propósitos más estratégicos, como el deseo de hacer pasar al país de su actual e increíble condición de importador, a exportador de gasolina y de otros combustibles, mediante el fortalecimiento de su industria bandera, Petróleos Mexicanos (Pemex), y el total procesamiento de su crudo en la nación.
Los acápites más trascendentes, sin embargo, no son precisamente estos que necesitarán cambios en varios artículos de la Carta Magna, por lo que tendrán carácter constitucional y necesitarán mayoría de dos tercios de los asientos del Congreso, para que la legislación sea aprobada.
Lo localización de litio en varios estados mexicanos, ha ubicado a ese mineral en el centro de la reforma energética, y se ha llevado el protagonismo de las discordias.
El oro blanco
Se le llama oro blanco por la trascendencia que tendrá para los necesarios cambios de matriz hacia energías limpias, lo que convierte al litio en un elemento codiciado.
Tan a la caza se anda tras él y otros recursos naturales indispensables para el mundo que sobreviene, que funcionarios del Banco Europeo de Inversiones y de firmas inversionistas han recomendado al Viejo Continente poner sus ojos en Latinoamérica, sobre todo, en los países con reservas de materias primas, energía o metales que diversifiquen las carteras con respecto a los activos tradicionales. Ellos recomiendan invertir «de forma activa y con miras amplias».
Los expertos pronostican que la demanda de minerales como litio, cobre y aluminio se multiplicará por siete en los próximos años a causa de la transición energética, y por la demanda que las nuevas tecnologías traerán aparejadas.
Resultaría un despropósito que México pasase estas realidades por alto y deje que esos inversionistas privados, extranjeros o nacionales, se lleven lo que puede ser el bien más preciado para el país.
En febrero pasado, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) consideró que existen yacimientos de litio en al menos 18 estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Su explotación por el Estado supondría una entrada de ingresos considerable, y proveería de fuentes de empleo a amplias zonas de terreno árido y semidesértico donde los hombres se han ido a Estados Unidos para mantener a sus familias mediante remesas.
Con razón, el presidente López Obrador ha considerado el litio un recurso estratégico y aspira a que sea una empresa estatal la que rija su extracción y procesamiento. Ni el litio, insiste AMLO, ni ningún mineral considerado estratégico, será privatizado.
Pero para asegurarlo se deberá legislar. De ahí que lo concerniente a ese recurso esté incluido en la reforma que la oposición dice no aprobará, bajo argumentos de poca convicción, tales como que no hay seguridad de la existencia proclamada del litio en el país; o que el Presidente intenta hacer valer, con la ley, el uso de energía proveniente de combustible fósiles por encima de la limpia, una aseveración mendaz porque la letra de la ley no está basada en ese razonamiento, sino en la prevalencia que deben tener las inversiones estatales sobre las privadas.
Por demás, existen intereses foráneos que podrían estar influyendo, como los de sectores estadounidenses que ven en riesgo sus intereses y aducen que la ley no se adecua a lo firmado en el TLC renovado por México, EE. UU. y Canadá.
Para tranquilizar, el ejecutivo mexicano ha advertido que se respetarán las concesiones otorgadas antes de este Gobierno, relacionadas con la explotación de yacimientos de plata, oro y cobre.
Incluso, también se respetarán las concesiones otorgadas para la posible explotación de litio —ya suman ocho—, pero siempre y cuando se acredite que estas ya iniciaron el proceso de exploración y están listas para la explotación.
No obstante, la campaña opositora se mantiene. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha declarado en alerta permanente en el Congreso para otorgar su voto en contra.
En contrapartida, el Jefe de Estado ha anunciado que ya firmó un proyecto de Ley minera que no tiene carácter constitucional y no necesita, por tanto, los dos tercios de los votos que hacen falta para la reforma energética.
Con dicha legislación también se salvaguardaría la explotación del litio para el pueblo mexicano.
En un entramado como el de hoy, una acción de esa naturaleza honraría el decreto nacionalizador de Lázaro Cárdenas, pionero en la defensa de los recursos naturales de Latinoamérica.
