25
LA PAZ, noviembre 16.— Este sábado, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocó para el próximo martes a las tres de la tarde a una sesión de la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el objetivo de encaminar la convocatoria a nuevas elecciones generales y pacificar el país.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, dijo en conferencia de prensa que «en ambas presidencias se ha decidido llevar adelante una Asamblea Legislativa» a la cual «convocamos a las otras dos fuerzas políticas a ser partícipes»; pero la Unidad Demócrata (UD) —partido al cual pertenece Jeanine Añez— considera que esa decisión de la mayoría es «una imposición».
El MAS quiere pacificar el país y evitar que las movilizaciones de las organizaciones sociales que exigen el regreso de Evo Morales —ahora asilado en México tras su dimisión forzosa— terminen en enfrentamientos con la policía y causen más muertes y heridos.
«Estamos mostrando y tenemos toda la predisposición de poder trabajar juntos y llevar adelante una nueva elección», señaló la senadora Eva Copa, porque son los asambleístas del MAS, de la UD y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) quienes tienen la tarea de consensuar el mecanismo legal y constitucional para la conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a elecciones lo antes posible.
«Esperamos que los que ahora son oficialistas sean responsables y que asistan este martes. Vemos una salida a este conflicto», dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, también del MAS.
En una entrevista con la cadena televisiva CNN, Evo Morales reiteró un llamado al diálogo y señaló: «Yo me siento Evo, me siento expresidente después de presentar mi renuncia», a lo que agregó: «He cumplido con mi gestión, he cumplido con mi tarea, pero la lucha sigue».
Morales, quien subrayó que no renunció «por cobarde» sino porque «no quería que siguiera la violencia ejercitada por la derecha», destacó que si la Asamblea rechaza su dimisión, Bolivia «tendría dos presidentes: uno de facto, producto del golpe de Estado, y otro legal, constitucional, que sería Evo Morales».
«Quiero que sepa el mundo entero que yo he cuidado permanentemente de que no haya muertos», recalcó.
Medios informan que al menos 16 personas murieron durante las protestas tras las elecciones en el país, nueve de ellos en Cochabamba, dos en La Paz, cuatro en Santa Cruz y una en Potosí.
Entretanto, Jeanine Añez, al frente de la etapa que se dice de transición, recibió este sábado en el Palacio de Gobierno al enviado de las Naciones Unidas, Jean Arnault, quien se incorporará a una mesa de diálogo entre los principales actores políticos de Bolivia que buscan solucionar la crisis que afecta al país, según fuentes del Palacio Quemado.
«A partir de mañana, vamos a empezar a encontrarnos con una multiplicidad de actores políticos sociales para conversar sobre los lineamientos de la no violencia, de la pacificación y de la necesidad de un diálogo urgente al respecto, y la necesidad de contribuir de la mejor forma posible al objetivo anhelado de la celebración de elecciones libres, transparentes», dijo el emisario de Naciones Unidas citado por ABI.
Por su parte, La Razón Digital informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la vigencia en Bolivia del decreto 4078, aprobado por el gobierno de Jeanine Añez, y que determina que los militares que participan en los operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se dan protestas en apoyo a Evo Morales, están exentos de responsabilidad penal.
«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH», advierte el organismo en un mensaje en su cuenta de Twitter y sobre el riesgo que conlleva este tipo de normativas. Junto al mensaje, la CIDH publicó las tres hojas del decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre con la firma de Añez y de 11 de sus ministros de Estado.
El diario digital boliviano también informa que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, entre la tarde del viernes y la madrugada de este sábado, detuvo a 63 personas por haber participado en los enfrentamientos con fuerzas del orden, y están acusados por los delitos de «instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, sedición y terrorismo».
