23
La FARC siempre ha denunciado la detención de Jesús Santrich Autor: AFP Publicado: 22/05/2019 | 09:40 pm
Como muchos preveían, pronto empieza a verse el costo que el ilegal y artero reapresamiento de Jesús Santrich causa al proceso de paz en Colombia: el hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) acordó que los excombatientes citados por la Jurisdicción Especial (JEP) no concurrirán por ahora ante ese tribunal, pues sienten «absoluto temor y desconfianza».
La medida del otrora poderoso movimiento guerrillero fue dada a conocer el fin de semana y revalidada este martes por los dos excomandantes que debieron presentarse el lunes ante la JEP.
No se trata de un desacato absoluto. En carta dirigida a la fiscal que lleva su caso, por secuestro, Jesús Mario Rojas Arenas (Marcos Urbano en la vida guerrillera) y Luis Oscar Restrepo (Isaías Trujillo), ambos antiguos miembros de la Dirección Nacional de las FARC-EP, dijeron que la decisión del partido ha sido no asistir a rendir versión voluntaria «en las fechas que se habían establecido (…) hasta que no se establezca con claridad cómo se van a blindar las decisiones de las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues es evidente que las decisiones de la JEP no se respetan ni se acatan ni se cumplen por parte de las demás autoridades del Estado».
Si bien esa reacción resultaría conveniente a quienes quieren destruir lo acordado y firmado en la mesa de negociaciones en La Habana, también resulta comprensible. No se le podría pedir a nadie que se encamine, por sus pies, a un inmerecido matadero después de haber cumplido con su parte en los compromisos.
La postura ratificada por quien fuera jefe de la misión negociadora de las FARC-EP, el excomandante Iván Márquez, reflejó más crudamente el desaliento. En una carta enviada a los excombatientes que permanecen en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Márquez tildó de «ingenuidad» y «grave error» «haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiando en la buena fe de la contraparte».
Resulta difícil que los exguerrilleros puedan confiar en un ente irrespetado por la propia Fiscalía General y por el Gobierno (que debiera salvaguardar lo pactado), si la misma Procuraduría burla, en la puerta de la cárcel, el dictamen de la JEP que ordenó la libertad inmediata de Santrich al alegar falta de pruebas para su extradición a Estados Unidos, que era el motivo por el cual el excomandante estaba preso.
La justicia especial de paz, de la cual la Jurisdicción es pieza clave, debe juzgar los crímenes cometidos durante la guerra, es decir, antes de la firma de los acuerdos suscritos en La Habana en 2016. Por tanto, su labor constituye también un paso angular para reponer y resarcir a las víctimas del conflicto. Pero unos y otros podrían quedar esperando. Resulta poco creíble que alguien pueda someterse a esa instancia judicial cuando no se le respeta.
A ello se suma el asesinato de los exguerrilleros que entregaron sus armas, y los cuales suman 115 según las cuentas oficiales, así como se sigue exterminando a los líderes sociales.
Por si fuera poco, el presidente Iván Duque mantiene el empeño de cambiar la Ley Estatuaria que rige el funcionamiento de la JEP. Y en un diálogo sostenido por él, hace tres días, con las direcciones de los partidos políticos, fue excluida la oposición (entre ellos la FARC), a pesar de que se conversó sobre temas relevantes para la vida nacional: narcotráfico y extradición.
No obstante, asiste a la otrora insurgencia el deseo de avanzar. En mensajes publicados este miércoles en Twitter, el máximo jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, dio fe de ello: «“Sin rencores” ...la paz es el camino...”, escribió. “Frente a toda adversidad seguimos comprometidos, remando por la paz».
Ojalá la contraparte no vire el bote.
Para más detalles lea este excelente trabajo: Santrich: otra espina en el camino de la paz en Colombia
