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Venezuela defiende su soberanía diplomática

El Gobierno bolivariano anunción el cierre de fronteras con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao y denunció el ingreso ilegal a su embajada en Costa Rica en horas de la madrugada de este miércoles

 

 

Autor:

Juventud Rebelde

CARACAS, febrero 20.— Venezuela condenó este miércoles el asalto a su Embajada en Costa Rica, al tiempo que anunció el cierre de sus fronteras con Aruba, Bonaire y Curazao, así como la revisión de las relaciones diplomáticas con esos países, informaron medios de prensa.

Durante una conferencia, detalló AVN, la vicepresidenta bolivariana, Delcy Rodríguez, comunicó la suspensión de todo tipo de vuelos privados y comerciales, y del tráfico de embarcaciones entre la nación venezolana y las tres islas, cuyas autoridades decidieron «prestarse para el show de la ayuda humanitaria, motivo para justificar una intervención de Estados Unidos».

Rodríguez argumentó que la disposición del cierre fronterizo del estado de Falcón se mantendrá de manera indefinida hasta que esos Gobiernos acaten las leyes internacionales. En tal sentido, amplió PL, indicó que Venezuela busca el camino de la legalidad y está presta al diálogo, a mecanismos diplomáticos, siempre bajo el respeto absoluto a la soberanía nacional del país, a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho a la autodeterminación de su pueblo.

La titular se refirió al operativo Centinela, activado desde hace cuatro meses con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el resguardo de la nación ante posibles incursiones no autorizadas, y que ahora está desplegado en toda la costa falconiana a nivel de puertos y muelles, así como en los aeropuertos con monitoreo permanente y en alerta, detalló.

En tanto, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció el ingreso ilegal a la Embajada de Venezuela en Costa Rica en horas de la madrugada de este miércoles, con la pretensión de usurpar funciones diplomáticas.

«Cual ladrones, esta madrugada un grupo de desconocidos ingresó a la sede», informó el Canciller en  Twitter, citó AVN.

En la misma red social, la ciudadana venezolana María Alejandrina Faría alegó haber ingresado en la legación de San José en cumplimento de supuestas «funciones diplomáticas» asignadas por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato y autotitulado presidente, Juan Guaidó.

Arreaza exigió al Gobierno de Costa Rica «hacer cumplir la Convención de Relaciones Diplomáticas y garantizar el funcionamiento y seguridad de nuestro personal e instalaciones».

En enero pasado, el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, exhortó al Ministerio Público determinar las responsabilidades de los integrantes de la AN en cuanto a la usurpación de competencias del Ejecutivo, y ratificó la inconstitucionalidad de los actos de la Asamblea, que continúa en desacato, afirmó el juez.

Mendoza señaló que la Asamblea Nacional «violenta expresamente el artículo 236, numerales 4 y 15, al pretender usurpar la competencia del Presidente de la República en cuanto a dirigir las relaciones exteriores del Estado», en referencia a celebrar y ratificar tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como la atribución exclusiva del Poder Ejecutivo de designar a los jefes y las jefas de las misiones diplomáticas.

La Constitución bolivariana solo permite al mandatario electo democráticamente celebrar y ratificar tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como la atribución exclusiva del Poder Ejecutivo de designar a los jefes de las misiones diplomáticas.

En tanto, desde San José, la Cancillería de Costa Rica deploró lo que calificó como un «inaceptable» ingreso a la sede de la Embajada. Un comunicado de prensa del Ministerio tico de Relaciones Exteriores fustigó el procedimiento de quienes ocuparon por la fuerza la sede de la legación diplomática en esa capital, aunque reconoció a esas personas como representantes del autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó.

La canciller interina Lorena Aguilar leyó el pronunciamiento, en el cual se afirma que para el Gobierno tico esa acción «es inaceptable pues lesiona elementales normas diplomáticas de respeto y confianza de las relaciones en la comunidad internacional y, sobre todo, del Derecho Internacional».

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