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BUENOS AIRES, enero 5.— A las medidas reaccionarias y neoliberales tomadas por el actual presidente argentino, Mauricio Macri, desde que asumió el poder el pasado 10 de diciembre, se suman desde este martes otros despidos de trabajadores legislativos, del Centro Cultural Kirchner y de la disuelta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), informan fuentes sindicales y delegados de los propios empleados.
Los trabajadores del Estado también están siendo cesanteados junto a los de Vialidad Nacional, según denunciaron delegados gremiales de ese sector, dijo PL.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la capital, Daniel Catalano, se quejó de que «hay una persecución que sufre el empleado público que no tiene sentido».
Desde la ATE, que se encuentra en estado de alerta y movilización tras la asunción de Macri, denunciaron que hubo nueve delegados del sindicato dejados de lado en la Afsca que pasó a la égida del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Un total de 2 035 trabajadores del Senado recibieron el año nuevo sin empleo y el Gobierno afirmó que la medida fue tomada porque sospechan que esta cifra de empleados pertenezca a la lista de los llamados empleados fantasmas, dijo Telesur.
La acción fue ejecutada por la vicepresidenta de ese país, Gabriela Michetti. La situación se repite en otras dependencias del Estado con trabajadores que incluso exceden en su antigüedad los mandatos del Gobierno de Cristina Fernández.
Afirmó que durante el anterior gobierno hubo trabajadores de otros signos políticos en las plantillas fijas y contratados que no fueron sacados de sus empleos por pensar diferente, denunciaron algunos empleados.
El periódico Tiempo Argentino revela que un instructivo denominado Hoja de Ruta Empleo Público, enviado a los ministerios por la nueva cartera de Modernización, detalla un plan para relevar a la totalidad de cargos estatales, como paso previo a la concreción de despidos, rescisión de contratos temporarios e impugnación de concursos.
El dato confirma que, solo en el arranque, la administración nacional se prepara para suspender, rescindir o impugnar más de 13 000 empleos públicos. Un escenario que anticipa conflictos en casi todo el Estado nacional, advierte el diario.
A cargo del flamante Ministerio de Modernización está Andrés Ibarra, quien rediseñó todo el organigrama del poder ejecutivo para que su jefe pueda designar ministros sin que tenga que mandar una ley al Congreso para reformular su estructura, señala Tiempo Argentino.
En tanto, el decreto presidencial modificando la Ley argentina de Medios —que estaba destinada a lograr un balance equitativo y democrático en la información y ahora se busca su anulación—, será impugnado ante la Corte Interamericana, adelantó la abogada Graciana Peñafort.
En declaraciones a Radio América, la letrada sostuvo que la ordenanza de necesidad y urgencia utilizada por el presidente Mauricio Macri «viola todos los estándares de libertad de expresión», por lo que llevarán el tema al Tribunal Interamericano.
Peñafort remarcó que los cambios impuestos «permiten la concentración de medios y anulan la participación ciudadana». Este decreto se enmarca en que han incumplido una orden judicial. Esto es vergonzoso, agregó.
