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WASHINGTON, diciembre 23.— Una nueva acusación contra la oficina del alguacil estadounidense Joe Arpaio aumentó las denuncias sobre violaciones de los derechos civiles cometidas por esa institución de la localidad de Maricopa, en el estado de Arizona.
La demanda por discriminación racial fue interpuesta por un grupo de personas, quienes argumentaron que los agentes del orden detuvieron a conductores hispanos solo para investigar su situación migratoria, reportó PL.
La queja se suma a otras violaciones y prácticas discriminatorias imputadas a Arpaio por parte del Departamento de Justicia, luego de una pesquisa realizada desde 2008.
En su informe las autoridades señalaron que bajo el mando de ese funcionario, considerado el más severo de este país norteño, se realizaron inspecciones, requisas y detenciones inconstitucionales.
También se comprobó la imposición de una política de uso exclusivo del inglés en las cárceles, lo cual afecta a las personas con limitado dominio de ese idioma.
Los problemas en esa localidad aumentaron desde que, recientemente, una mujer alegó indiferencia deliberada hacia sus necesidades médicas y violación de sus derechos cuando varios efectivos la esposaron a su cama de hospital antes y después de un parto por cesárea en 2009.
Por otra parte, diarios locales divulgaron el miércoles último que una familia podría abrir un proceso contra Arpaio tras el deceso, esta semana, de un preso hallado inconciente en su celda con marcas de una pistola eléctrica, a quien le diagnosticaron muerte cerebral.
Ante las numerosas demandas, el juez federal Murray Snow deberá determinar si procede iniciar un juicio o desecha el caso y declara que el alguacil aplica la ley de inmigración basado en criterios raciales.
Desde hace unos días el sheriff de Maricopa y varios de los funcionarios que trabajan con él perdieron las credenciales para chequear la condición migratoria de los reclusos.
