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MADRID, febrero 16.— La ministra española de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ratificó hoy aquí la decisión del gobierno de endurecer la ley antitabaco en 2010, con la prohibición de fumar en bares y locales cerrados, informó PL.
Sobre el futuro endurecimiento de esa norma, Jiménez vaticinó que la misma será aprobada antes de que finalice el año, una vez se someta a discusión en el Consejo Interterritorial de Salud (donde están representadas todas las comunidades autónomas) durante el actual semestre.
Durante un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press, admitió, sin embargo, haber renunciado a establecer plazos para no condicionar el deseado y anunciado consenso.
Trato de medir mis iniciativas con gran mesura y conciliar los intereses de todos, aseguró.
Respecto a los temores del sector de la hostelería, que auguró el cierre de 70 mil locales y 200 mil parados a causa de esta medida, la jefa de la cartera sanitaria sentenció que es una opinión respetable.
No obstante aclaró que la experiencia revela que el efecto sobre la economía es nulo, ni positivo ni negativo.
Ilustró que en Italia, la Federación de Hostelería hizo previsiones similares y se produjo un efecto cero desde el punto de vista económico, que finalmente fue reconocido.
Mencionó, además, otras naciones donde se aplicó con éxito dicha prohibición como Irlanda, Gran Bretaña, México, Chile, Argentina y Estados Unidos.
Especial énfasis hizo en ese último país, en el cual, lejos de causar pérdidas económicas, la regulación antitabaco tuvo un efecto positivo, porque allí, destacó, la mayoría de la población es no fumadora y ahora acude más gente a los locales.
Como ministra, sería una irresponsable si, conociendo los efectos graves y perjudiciales que tiene en la salud el tabaquismo, no tomara medidas para proteger a la población, subrayó.
Tras recordar que esa adicción es la primera causa de muerte en el mundo y provoca una treintena de enfermedades graves, Jiménez apostó por defender a los menores del humo en los espacios públicos cerrados y proteger a los trabajadores del sector.
