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El ministerio Público venezolano investiga hoy la utilización de estudiantes como punta de lanza para generar disturbios, práctica promovida por sectores radicales de la oposición, informa Prensa Latina.
La pesquisa comienza a partir de una denuncia presentada por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) ante la Fiscalía, luego de hechos violentos que dejaron dos educandos muertos en el estado de Mérida, además de incidentes en otros puntos del país.
En respuesta a la solicitud, fue designado para encabezar las indagaciones el fiscal del área metropolitana de Caracas, Harvey Gutiérrez.
Según una nota del Ministerio Público, la autoridad ordenará las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Jóvenes socialistas entregaron la víspera un comunicado en el cual demandaron la investigación y el fin de la manipulación mediática que acompaña a quienes incitan a la violencia.
Exigimos públicamente la pesquisa para que los autores materiales e intelectuales paguen con todo el peso de la ley, señalaron.
De acuerdo con el dirigente de la JPSUV Carlos Sierra, detrás de las violentas protestas estudiantiles están los políticos tradicionales, rectores de universidades privadas y medios de comunicación de marcada postura antigubernamental.
Están utilizando a universitarios y liceístas (alumnos menores de edad) como carne de cañón, aseguró a Prensa Latina.
Para Sierra, el propósito es buscar muertos y calentar las calles.
Ellos saben que no tienen votos, saben que en las urnas no pueden con Hugo Chávez y por eso acuden a las guarimbas (disturbios), apuntó.
Además de Mérida; los estados de Lara, Anzoátegui, Zulia, Trujillo y el Distrito Capital sufrieron en los últimos días cierre de autopistas, ataques a instalaciones, quema de neumáticos y vehículos, enfrentamientos callejeros y agresiones a efectivos de los cuerpos de seguridad desplegados para garantizar el orden.
Los opositores esgrimen como consigna el supuesto ataque a la libertad de expresión por la salida del aire de RCTV, un canal privado excluido del servicio por cable luego de reiteradas violaciones de la normativa vigente en materia de telecomunicaciones.
También acusan al ejecutivo de fracasar en la lucha contra la inseguridad ciudadana y de ser responsable de la crisis existente en el sector de la energía eléctrica.
