Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Más elocuentes que las contradictorias versiones sobre lo acontecido en la localidad peruana de Bagua, podrían resultar estas fotos publicadas por Telesur...

Soldados armados hasta los dientes, carros blindados, máscaras antigases que evidencian el uso de bombas lacrimógenas y helicópteros artillados, indudablemente podían más que las lanzas y cuchillos blandidos por los indígenas y hacen pensar, en última instancia, en una acción feroz y desproporcionada de las fuerzas militares.

Fuentes oficiales han afirmado que los indígenas atacaron primero y dejaron una veintena de soldados muertos. Pero las imágenes dicen que, en tal caso, los pobladores amazónicos víctimas de la metralla debieron resultar varias decenas más, como aseguran quienes reportaron «desaparecidos» entre ellos y, luego, el hallazgo de cuerpos flotando en las riberas de los ríos. ¿Cuántos habrán perecido en verdad?

Algunos aseguran que muchos cadáveres fueron incinerados, o envueltos en bolsas plásticas y lanzados a las aguas. Por eso los líderes indígenas hablan de «cientos de hermanos» muertos.

Pero es difícil ver desde tan lejos, y lo que está detrás parece tan importante como dirimir si lo de hace dos viernes en Bagua fue «masacre» o «enfrentamiento».

Las tensiones estaban al máximo desde abril, cuando los indígenas de las localidades amazónicas representados por la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) acordaron el cierre de rutas para exigir la derogación de un paquete de nueve leyes, que según denuncian, no solo atentan contra su ancestral presencia en la Amazonía sino, además, abren las puertas de ese pedazo peruano del pulmón verde, al capital transnacional. La medida fue acatada por 1 200 comunidades y llegó a hablarse de peligro de desabastecimiento de alimentos y petróleo en varios departamentos, como consecuencia del bloqueo de caminos.

Un amago de diálogo del Gobierno halló obstáculos en su declaración del estado de emergencia en las localidades «sublevadas», así como en la propia persistencia de esa medida de fuerza, cuya derogación fue exigida por el ejecutivo para negociar.

En el ínterin, la Comisión de Constitución del Congreso avalaba el reclamo indígena al declarar inconstitucional, al menos, una de las nueve normas impugnadas. Sin embargo, la posposición después de anunciadas discusiones en el pleno parlamentario en torno a las leyes, pareció el detonante de la violencia.

A inicios de esta semana, finalmente, una votación del Congreso suspendió una de las leyes concernidas —la 1090, conocida como Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Pero el levantamiento de la legislación fue solo temporal, y muchos lo consideraron una jugada fallida para calmar los ánimos de una opinión pública espeluznada por la sangre.

No logró acallar las demandas de renuncia formuladas al gabinete de Alan García, pedido al que se adelantó la titular de Desarrollo Social, Carmen Vildoso, cuando presentó su dimisión, inconforme por la manera en que fuentes oficiales presentaron los hechos.

Una jornada de nuevas movilizaciones en Perú y diversos puntos del planeta reivindicó el jueves último a los indígenas amazónicos, quienes declararon luto por los idos pero ratificaron el «estado de insurgencia» en que se habían declarado desde mayo, cuando advirtieron: «Esto significa que nuestras leyes ancestrales pasarán a ser leyes obligatorias en nuestros territorios, y que consideraremos una agresión externa a cualquier fuerza que pretenda ingresar en los mismos».

Organismos locales e internacionales se pronunciaron por una investigación profunda. Mientras, nuevos sacos con restos humanos seguían enturbiando la transparencia de las aguas, y muchos pedían que se esclareciera el paradero de numerosos indígenas, presuntamente bajo arresto.

El desencuentro de las posiciones, sin embargo, radica en la esencia de una política nacional que parece ir a contrapelo de la ciudadanía.

La respuesta es obvia: el gobierno desea «modernizar» a Perú siguiendo el camino trillado de la desacreditada receta neoliberal que los movimientos populares y sociales peruanos han combatido.

Buena parte de las causas, incluso, anteceden al mandato del líder del gubernamental APRA. No olvidemos que fue el gobierno de su antecesor Alejandro Toledo quien firmó el Tratado de Libre Comercio con el ya finiquitado Bush; y que los congresistas sentados entonces en el hemiciclo en Lima dieron la imprescindible ratificación al convenio después de enconadas discusiones, con alevosía y nocturnidad, para burlar el masivo rechazo al acuerdo expresado por beligerantes sectores sindicales y sociales. Incluso, aprovechando que había parlamentarios opositores ausentes.

No debe entenderse como un delirium tremen recordar esos sucesos ahora. Es que el propio ejecutivo de García ha explicado que la «necesidad» de dictar los decretos rechazados fue dictaminada por el TLC, cuya puesta en vigor dependía de la aprobación de tales cláusulas. Así ha ocurrido en otras naciones que establecieron el tratado: han debido supeditar y acomodar sus leyes a la letra del convenio.

No obstante, algunos consideran que el acuerdo con Estados Unidos vino como anillo al dedo a quienes, desde hacía tiempo, jugaban a una política aperturista que ya estaba en práctica.

Ahora los pobladores autóctonos reclaman que el paquete de leyes no se les hubiere consultado como dictan las normas de la Organización Internacional del Trabajo, ya que atañe a las tierras donde vivieron sus ancestros. Y en segundo término cuestionan que las legislaciones están fuera de la Constitución porque han sido instauradas mediante decreto, y en la Carta Magna reza que solo podían haberse hecho vigentes mediante ley orgánica.

Pero más allá de lo estrictamente jurídico, el grueso de sus preocupaciones podrían ser las de cualquier ciudadano de Perú o, incluso, del mundo. No es solo que penda sobre ellos la amenaza de seguir siendo expulsados de sus tierras por las empresas extranjeras. Peligra la integridad de una Amazonía que ya está siendo agredida por la tala indiscriminada y la contaminación, justo cuando más perentoria es la necesidad de salvar a la «madre tierra».

La primera barrera de contención derribada fue el enunciado de la propia Constitución que derogó el carácter «inembargable» de esos territorios, con lo que abrió las puertas a las transnacionales convertidas en nuevos buscadores de oro, madera, petróleo y especímenes que solo pueden encontrarse en la rica biodiversidad de la Amazonía; sin contar que es un surtidor natural de agua. «Nuestras tierras (ahora) son negociables en función de la economía del mercado», denunciaron los indígenas.

Una de las zonas de más rica biodiversidad del planeta. Aunque el ejecutivo asegure que los nuevos decretos no tienen espíritu privatizador y se trata solo de hacer producir tierras «baldías», estudiosos denuncian que mediante concesionarias, el Estado se está deshaciendo del control sobre unos 45 millones de hectáreas boscosas que está entregando a los emporios.

Se afirma que solo el decreto 1090 —que ha derogado la denominación de patrimonio forestal a los bosques y los ubicó bajo el régimen agrario— ha puesto en peligro al 60 por ciento de esos territorios.

Los antecedentes bastan como alerta. Expertos aseguran que la apertura de considerables extensiones selváticas a la explotación comercial mediante la minería, ya deja ver su impacto negativo, con la contaminación y la falta de recursos de los pobladores.

Un estudio reciente develó que solo en la cuenca del río Corrientes, la explotación petrolera de tres décadas ha provocado en sus habitantes exceso de cadmio y plomo en la sangre.

Pero quizá lo más estridente sea observar a un Perú contracorriente: mientras la mayoría de los países latinoamericanos vienen de regreso de la loca política aperturista de mercados y se esfuerzan en recuperar los recursos que puso en su suelo la Naturaleza, los descendientes de Túpac Amaru sufren las consecuencias de un gobierno que, a estas alturas, entrega.