Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Ilustración: Zina Saunders Fue una mezcolanza nada apropiada. Una negación a Hipócrates y a su juramento. Galenos al servicio de la CIA presenciaron las sesiones de tortura o interrogatorios abusivos, como lo llaman en documentos gubernamentales y medios de comunicación.

La confirmación del tenebroso contubernio, paradójicamente, llegó el Día Internacional de la Medicina en un informe secreto de 40 páginas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

También se conoció por un pronunciamiento del juez federal Emmet Sullivan, quien encontró que el Departamento de Justicia de George W. Bush, inapropiadamente, «congeló» registros psiquiátricos de un detenido en la ilegal Base Naval de Guantánamo, al que utilizaron como testigo contra otros cautivos.

Entre los perjudicados, Aymen Sabed Batarfi, un doctor yemenita en prisión desde el año 2001, quien recientemente fue «blanqueado» y pudiera hasta ser liberado, si no consiguen enviarlo detenido a otro país.

El testimoniante, por el contrario, había recibido tratamiento semanal por serios problemas psicológicos, podría tener hasta pensamientos suicidas, y según su expediente clínico era considerado como impredecible, errático, y no confiable, impedimentos para citarlo a corte.

El estudio del CICR, comprobado en el terreno por la única agencia internacional a la que se ha permitido el acceso a detenidos, revela la presencia de personal médico monitoreando a prisioneros que estaban siendo sometidos al infame waterboarding, similar al «submarino» de las dictaduras cono sureñas, para que no fuera a ahogarse; también durante el confinamiento de prisioneros en pequeñas cajas, o cuando les aplicaban otros métodos abusivos.

Su tarea era prevenir que no murieran durante los interrogatorios, o sufrieran lesiones permanentes. No se trataba de cuidar a los cautivos, sino de proteger a sus verdugos de cualquier responsabilidad o acusación.

De acuerdo con el relato de los torturados, los trabajadores médicos «daban instrucciones a los interrogadores de continuar, ajustar, o parar los métodos particulares».

Khalid Sheikh Mohammed, que se autodescribe como uno de los que planearon los atentados del 11 de septiembre de 2001, le dijo a los investigadores del CICR que mientras era sometido al waterboarding, su pulso y nivel de oxígeno lo monitoreaba un clínico, que en varias ocasiones detuvo el procedimiento.

No son los únicos casos reflejados en el informe que, de alguna manera, fue puesto en las manos del periodista Mark Danner, quien lo publicó en el volumen 56, número 6 del 9 de abril de 2009 del The New York Review of Books.

Un exordio acompaña al trabajo que recoge la pesquisa en la que se detallan las narraciones de 14 prisioneros, que mencionan la actuación antiética y antihumana de médicos, psicólogos, asistentes o paramédicos: «Necesitamos obtener el fondo de lo que sucedió —y por qué— de manera que estemos seguros de que no va a suceder nunca más», dijo el senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado.

Pero es evidente que durante un largo período no solo se practicó la tortura, sino que se hizo todo lo posible para evitar que fueran revelados los infames procedimientos, ni que se acusaran y procesaran sus autores. Aún ahora, hay fuerzas que intentan evitar su condena.

En verdad, las historias de estos hombres, considerados parte de la dirigencia de la red terrorista Al-Qaeda, los convirtieron en protagonistas de otra historia, tan sórdida o más, ordenada directamente por el entonces mandatario de Estados Unidos, George W. Bush, mediante el memorando de entendimiento firmado el 17 de septiembre de 2001, a una semana de las Torres Gemelas.

El entonces jefe de la Casa Blanca dijo después a los estadounidenses que los «interrogatorios duros», eran «un grupo de procedimientos alternativos» para obtener información que salvaría vidas y bienes. Solo cuando se cumplían cinco años de aquel fatídico 11 de septiembre, desde el Salón Este de la mansión ejecutiva, confirmó por primera vez que su gobierno había creado para los «terroristas» «un entorno donde ellos podían ser mantenidos en secreto (e) interrogados por expertos».

Para poder comprobar el cumplimiento de lo establecido en las Convenciones de Ginebra y supervisar el trato a prisioneros de guerra —status que categóricamente Bush, el hijo, le negó a quienes eran capturados en su particular y selectiva guerra contra el terrorismo, y a quienes llamaron desde entonces «combatientes enemigos»—, del 6 al 11 de octubre y del 4 al 14 de diciembre de 2006, el CICR viajó a la Base Naval de Guantánamo, el territorio cubano ilegalmente usurpado por Estados Unidos, y entrevistó «en privado» a cada una de esas personas para poder describir el trato y las condiciones materiales a que eran sometidos en la instalación de alta seguridad.

La indagatoria del CICR se entregó el 14 de febrero de 2007; sin embargo, hasta ahora no se conocieron sus términos. Según Mark Danner, las 14 historias de estas personas, «en continuo confinamiento en solitario e incomunicados», son muy similares hasta en detalles, y considera prácticamente imposible que hayan sido «fabricadas» para el documento que estaba etiquetado como «confidencial», y en el cual se presentan los principales elementos del programa de detención de la CIA:

Arrestos y transferencia a cárceles secretas, la incomunicación y el confinamiento continuo en solitaria, los métodos de tratamiento insano (sofocación con agua, stress por paradas prolongadas; golpeaduras con collar o cadenas; pateaduras; confinamiento en una caja; desnudez prolongada; privación del sueño y la utilización de música en volumen muy alto; exposición a temperaturas muy frías y a agua congelada; prolongado uso de esposas y grilletes; amenazas; afeitar forzosamente a quienes por creencias religiosas usan barba; privación o restricción de alimentos sólidos).

El hecho de que algunos de estos métodos fueran empleados en la mayoría de los casos, y a veces combinados, constituye tortura, definió el documento del CICR, o cuando menos «un trato cruel, inhumano o degradante» que se aviene a la definición que condena el derecho internacional.

En ellos participaron los émulos en chiquito del doctor Joseph Rudolf Menguele, el Beppo o Ángel de la Muerte del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, salvando por supuesto la distancia con quien ocasionó la muerte de miles con sus experimentos en seres humanos durante el régimen nazi.

¿Pero acaso puede ser menor la culpa o la violación ética por el número de víctimas involucradas?

En las descripciones del informe del CICR hay más de un ejemplo del empleo de la tortura y de la presencia de los médicos en los «duros» interrogatorios.

Salid bin Attash, quien llegó a la prisión con una pierna ya amputada, dijo que fue forzado durante días a permanecer de pie, con sus brazos esposados tras la cabeza, y periódicamente un «trabajador de la salud» medía la inflamación de su pierna intacta para eventualmente ordenar que se permitiera sentarse... pero se le siguió interrogando.

Abu Zubaydah, quien se considera es un asociado de confianza de Osama bin Laden, capturado al ser herido en un combate el 28 de marzo de 2002 en Faisalabad, Paquistán, pasó a un mundo clandestino diferente, cuando se convirtió desde entonces en uno de los «desaparecidos» en las cárceles secretas de la CIA. Estuvo en una base militar en Tailandia, en otra en Afganistán —al menos eso cree— y luego enviado prácticamente a las antípodas, en el campo de concentración de la Base Naval de Guantánamo.

Al parecer él no pasó, aunque otros sí, por aeropuertos europeos utilizados como estadía de los vuelos secretos, ni en las prisiones conocidas como los «huecos negros» del sistema de la CIA en Marruecos, Polonia, Rumania, pero sí le aplicaron todos los procedimientos y junto al interrogador estaba el médico.

El proceso de interrogatorio de Mohammed al-Qahtani apareció en la revista Time y en el diario The Washington Post, donde se dijo que fue intenso y prolongado durante 50 días consecutivos de finales del otoño de 2002, y lo llevó dos veces a ser hospitalizado. Puesto de alta por los médicos, volvían a utilizar en él las técnicas de posturas obligadas permanentes, exposición a temperaturas frías, a música alta, a ruidos y a impedirle dormir. Y así una y otra, y otra vez.

Khaled Shaik Mohammed, de quien se dice fue otro de los planificadores de los ataques del 11 de septiembre, describe casi idéntico programa de torturas, entre sus interrogadores —que usaban máscaras y en un momento llegaron a ser una multitud de 13 individuos— fueron incluidas dos mujeres. También le hicieron el largo viaje, el waterboarding y la introducción de agua por el ano para provocarle diarreas pero impidiéndole ir al baño. Un interrogador le dijo que en su pequeña celda que estima podía estar en el subsuelo porque tenía que bajar unos escalones para llegar a ella —ojos vendados y encapuchado como es de suponer—, era monitoreado las 24 horas por un doctor, un psicólogo y un interrogador luego del procedimiento que, en su caso, había recibido «la luz verde de Washington» para darle «un tiempo duro», pues como subraya jamás ellos utilizaron la palabra «tortura» para referirse a las presiones físicas y psíquicas, pero nunca le producirían la muerte, pues cuando estuviera a punto de morir «lo traerían de vuelta».

En declaraciones a IPS, publicadas en un extenso artículo que titularon El juramento hipócrita, Frank Donaghue, jefe ejecutivo de Médicos por los Derechos Humanos (PHR por sus siglas en inglés), aseveró que estos «profesionales de la salud violaron sus deberes éticos al participar en la tortura y abuso de detenidos bajo la custodia de EE.UU.»; añadió que «PHR demandaba una investigación completa del papel que los profesionales de la salud jugaron en el tratamiento a los detenidos», y advirtió que la Asociación Médica de Estados Unidos y la Asociación de Psicólogos, debían sancionarlos.

Duras fueron también las expresiones de John Bradshaw, director de la filial en Washington de PHR, quien aseguró que «el gobierno de Bush convirtió a la medicina en un arma, al usar a profesionales de la salud para destrozar cuerpos y mentes de los detenidos».

En verdad, ese personal actuó como lo hicieran los lagerarzt o médicos de los campos de concentración del régimen nazi.

El 6 de abril, de este año, James Bovard firmaba una información en el sitio Antiwar.com: senadores republicanos, decía, están amenazando la confirmación de figuras claves nominadas por Barack Obama si hacen públicos los memorandos del Departamento de Justicia de la era Bush en los que explícitamente se autorizaba la tortura y otros procedimientos bárbaros, y alertaba que a pesar de que mucha gente creía que Washington no podría ser tan sórdido luego que Bush y Cheney dejaran las oficinas de la Casa Blanca si se plegaban ahora a esos republicanos, «sería un símbolo de la complicidad bipartidista en el peor de los abusos en los años más recientes».

Hay una contradicción evidente, el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, se pronunció hace apenas unas semanas absolviendo prácticamente a los involucrados, cuando dijo que «nadie que actúe en base a la orientación legal del Departamento de Justicia en el momento debería ser investigado, y mucho menos castigado».

Inmunidad e impunidad parecen ser todavía dos palabras claves en el diccionario de las administraciones del imperio de Estados Unidos.