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QUITO.— Cuando faltan aún unos dos meses para que concluya sus trabajos la Asamblea Constituyente, las autoridades de Ecuador denuncian una temprana campaña para influir en el referendo en que el pueblo aprobará o rechazará la nueva Carta Magna. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, informó que la consulta podría realizarse entre el 21 y 28 de septiembre, en dependencia de la fecha en que termine sus labores la Constituyente, a la que le quedan aún más de 200 artículos para su aprobación final, y cumplir con el propósito de tener el texto listo el próximo 26 de julio, tras lo cual se someterá a la consideración del pueblo.
Según Acosta, el referendo costaría unos 30 millones de dólares, en los que se incluyen los gastos de capacitación y adiestramiento de los miembros de las mesas receptoras de voto, la impresión de papeletas y la movilización de las fuerzas del ejército y la policía que salvaguardarán el orden, entre otros.
Pero el máximo representante del TSE rechazó la actitud de funcionarios políticos y públicos que, dijo, comenzaron ya a incluir en sus discursos ante la ciudadanía pedidos de votos a favor y en contra de la nueva Ley de Leyes, reportó PL.
La campaña por el referendo aún no ha comenzado, recordó Acosta, quien advirtió que será sancionado quien realice proselitismo por el Sí o por el No. De acuerdo con el titular, la Unidad de Gastos del TSE realiza un control de los sujetos políticos que de manera inexplicable e ilegal iniciaron una actividad proselitista.
Mientras, el presidente Rafael Correa denuncia la puesta en vigor de una campaña que pretende desestabilizar a su gobierno y frenar la aprobación de la nueva Constitución en el referendo ratificatorio.
«Nos quieren crear problemas por todos lados para desgastarnos y que gane el No en el referendo», advirtió Correa días atrás en Guano, provincia de Chimborazo, donde denunció «el plan de la derecha para desestabilizar», y cuestionó «la doble moral» de la prensa ecuatoriana, reportó TELAM.
También lamentó que se intente utilizar a sectores financieros y productivos «para crear situaciones incómodas y desgastar» al Ejecutivo, y reveló que «se busca aparentar inciertas divisiones dentro del movimiento Acuerdo País», que lo llevó a la presidencia.
Según alertó Correa, se trata de una estrategia de la CIA para comprar conciencias y, desde la izquierda, dividir a la izquierda.
Manipulaciones de representantes de la derecha que «andan diciendo» que la nueva Carta Magna prohibirá la propiedad privada, con el apoyo de anuncios publicitarios en canales de televisión, también forman parte del plan denunciado por el Presidente, reseñó PL.
Un último sondeo efectuado por la empresa CEDATOS, revela que un 37 por ciento de los consultados están a favor de la nueva Constitución, mientras otro 33 por ciento la rechaza. De los encuestados en las zonas de la Sierra, Costa y Amazonía, un 30 por ciento se mostró indeciso, al alegar que desconocen los textos de la futura legislación, aseguró el despacho.
